Fiscalización de las licencias médicas
Cada cierto tiempo irrumpen las noticias sobre fraudes vinculados a la emisión de licencias médicas y sorprenden las cuantiosas sumas de dinero involucradas. Esta parece ser una mala práctica socialmente tolerada. En ocasiones, se señala que unos pocos profesionales extienden miles de licencias y por lo mismo cada vez aumenta el número de permisos médicos y los millonarios recursos que significan su pago.
En el Congreso Nacional se encuentra el proyecto que modifica la ley sobre el otorgamiento y uso de licencias médicas, para fortalecer las facultades de los organismos reguladores y fiscalizadores, y aumentar las multas y períodos de suspensión de los emisores. La propuesta comenzó a ser revisada por la Comisión de Salud, que acordó realizar sesiones para escuchar a los actores necesarios.
La Comisión hizo ver la pertinencia de profundizar en cómo el proyecto corrige problemas prácticos que enfrentan los pacientes, como el rechazo del pago de licencias médicas de manera injustificada, la dependencia de la Comisión de Medicina Preventiva e Invalidez (Compin) y los cuestionamientos que tienen esas comisiones que evalúan las apelaciones de los afectados. Una de las quejas más recurrentes de los pacientes que forman parte de la población activa, es la complicación que muchas veces deben enfrentar para percibir su sueldo cuando se encuentran haciendo uso del subsidio de incapacidad laboral o licencia médica, por lo que se pretende generar una legislación que logre un justo equilibrio, es decir que permita facilitar la entrega de este instrumento a los pacientes que lo necesitan y a la vez, terminar con las prácticas abusivas de algunos profesionales de la salud.
El proyecto viene a actualizar la ley N° 20.585 publicada hace nueve años y se apunta a aumentar las multas y períodos de suspensión de médicos cirujanos, cirujano dentistas y matronas que emiten licencias médicas, muchas veces de manera sistemática, beneficiando a personas que no están enfermas. Hoy la emisión de éstas con evidente ausencia de fundamento médico, implica multas que van desde 7,5 a 60 UTM y se propone aumentarlas de 30 a las 250 UTM. A la vez, se extiende el periodo de suspensión de la facultad de emisión de licencias médicas para los profesionales de la salud que incurran en conductas abusivas, pasando de un año a dos años de duración.
Se recuerda que el decreto número 46 del Ministerio de Salud dispuso que desde enero de 2021 las licencias médicas extendidas por los médicos, matronas y cirujanos dentistas deben ser emitidas solo en formato electrónico. Ese sistema pretende dar mayores facilidades a los afiliados y empleadores, a la vez que representa una reducción importante en los costos, respecto del documento en papel, y simultáneamente permite un mejor control. Esto significa que los afiliados al sistema de salud no tienen que llevar personalmente su permiso por enfermedad al empleador, mientras que éste tampoco tiene que incurrir en mayores gastos de traslado de los formularios.
La licencia médica utiliza un sistema de información que permite emitir el documento a través del computador del consultorio u hospital, la que luego será recibida por el empleador adscrito al sistema.
Cabe estacar que la emisión de licencias médicas electrónicas se inició en el año 2007 para cotizantes de Isapres y años más tarde se fue ampliando en forma progresiva para los trabajadores afiliados a Fonasa, hasta entrar en plena vigencia desde enero del año pasado.
Es de esperar que la licencia electrónica dé finalmente los resultados y que se sumen las fiscalizaciones más efectivas consignadas en el proyecto en estudio, para que el sistema se consolide y permita un mejor control de los permisos por enfermedad, evitando el abuso del mecanismo, en el que, finalmente, pagan justos por pecadores.
El proyecto actualiza la ley N° 20.585 y aumenta las multas y períodos de suspensión de médicos cirujanos, cirujano dentistas y matronas que emitan licencias médicas sin fundamento.