Por Karlyng Silva Leal

Fraude a las subvenciones del Servicio Nacional de Salud (Fonasa) por más de $5 mil millones y lavado de activos son los delitos por los que la cirujana Paulina Carrasco Godoy se encuentra enfrentando un juicio que inició ayer y que se espera se extienda por cerca de 45 días. La investigación se extendió por más de dos años, desde el 2020 que la imputada se encuentra en prisión preventiva.

La fiscal regional Marcela Cartagena expuso los alegatos de apertura del Ministerio Público, asegurando que este "será o deberá ser el fraude más grande cometido respecto de Fonasa, esta investigación permitió desbaratar otras similares que se intentaron con posterioridad por otros imputados". Así también reiteró que los hermanos de la mujer, David y Daniel Carrasco fueron condenados por fraude al fisco a 5 años de libertad vigilada en un juicio abreviado.

Respecto al transcurso del juicio, la persecutora aseguró que se presentarán como evidencias diferentes testimonios de trabajadores de Fonasa, escuchas telefónicas de la imputada y sus contactos, además de pericias documentales.

El juicio continuará el lunes a las 9 horas, ya que según explicó el magistrado del tribunal penquista, Waldemar Koch, indicó que la acusada se encuentra en cuarentena preventiva por caso positivo de covid en el módulo en que cumple la prisión preventiva, terminando este periodo el día sábado.

Millonario fraude

Respecto al delito como tal, la parte querellante de Fonasa detalló cómo opera el copago del servicio y de qué forma en este caso la prestadora fue capaz de realizar la defraudación a través del sistema Front Prestador, logrando obtener montos correspondientes al fisco destinados a la cobertura en materia de salud de los usuarios entre el 29 de diciembre de 2019 y el 8 de julio de 2020.

De esta forma, se realizaron 171 pagos a diferentes cuentas de la imputada sobre 6.482 bonos por concepto de más de 1.500 atenciones médicas que nunca se efectuaron, esto respecto a 66 diferentes beneficiarios, incluida ella como prestadora y beneficiaria.

Tanto la fiscal como la querellante, apuntaron al lavado de activos en cuanto a que Carrasco habría realizado diferentes movimientos con el dinero y adquirido diferentes propiedades para utilizar los montos de forma legal. Entre estos movimientos apuntaron a transferencias a distintas cuentas, uso de vales vista a diferentes personas, incluida su familia y fundaciones.

De esta forma el monto defraudad asciende a $5.105 millones y fracción; y entre los movimientos que se pudieron acreditar se encuentran el depósito de $1.600 millones a cuentas bancarias que la imputada abrió para sus dos hijos menores de edad; la compra de 10 vehículos avaluados en $200 millones, 2 parcelas avaluadas en $167 millones, una casa en Concepción avaluada en $415 millones; y la firma de tres promesas de compraventa de departamentos por $16 millones; todo ello en efectivo; sumado a múltiples compras de bienes muebles, como relojes de alta gama y artículos tecnológicos.

Defensa

El defensor penal público, Cristian Sleman detalló que su representada no se encuentra positiva a covid-19, sin embargo, está siendo monitoreada y en cuarentena preventiva. De esta forma comentó que "como ha determinado el tribunal, no se iniciará el juicio a lo menos en la fase donde se requiera si desea declarar o no hasta que ella se encuentre de manera presencial, velando por su derecho a defensa".

Por otra parte, respecto al juicio sostuvo que como defensa plantearán "una absolución por el delito de lavado de activos y vamos a pedir una rebaja de la pena respecto al fraude de subvenciones, creemos que la pena del Ministerio Público no se ajusta a los hechos que configura la propia acusación".

Además, en la audiencia se indicó que del monto defraudado se ha recuperado más del 80%, siendo $3.500 millones en dinero y el resto en bienes de distinto tipo y puntualizaron que existió una alerta de actividad inusual según el informe de una auditoría realizada por Fonasa, la cual, de haber sido atendida, los montos defraudados no habrían ascendido al total final.

2 años aproximadamente lleva detenida en el marco de la prisión preventiva durante la investigación

3.500 millones de pesos ya fueron recuperados, además de otros elementos incautados según la defensa de la acusada.

Con la detención de 13 personas por diversos delitos autoridades realizaron un positivo balance del partido amistoso que tuvo lugar la tarde del miércoles en el Estadio Ester Roa Rebolledo que acogió al club español Real Betis y a Colo Colo.

El coronel Juan Ulloa agradeció a los más de 500 carabineros en servicio que permitieron que 30 mil personas disfrutaran el espectáculo deportivo. De esta forma, detalló que algunas de ellos portaban carnet de identidad de otras personas y fueron detenidos por usurpación y otros por órdenes pendientes.

En particular, el coronel destacó la detención de un sujeto "que tenía una mochila con un minimarket de droga. Andaba con anfetamina, tusi, marihuana y había vendido ya gran cantidad producto de la cantidad de dinero y la balanza que tenía".

En tanto, el alcalde Álvaro Ortiz destacó que desde la Copa América en 2015 este es el evento deportivo más importante en la comuna y aseguró que "esto también da paso para que la experiencia que vamos ganando poco a poco en este tipo de actividades masivas nos abre las puertas para traer otro tipo de espectáculos".

Por su parte, la delegada regional, Daniela Dresdner apuntó en la misma línea a que este tipo de despliegue y sus resultados "nos está diciendo que podemos tener eventos de carácter nacional e internacional también en la región y que tenemos una policía eficiente en actuar en estos eventos".

12 personas fueron detenidas por carabineros en el marco del despliegue operativo realizado de forma preventiva

El Juzgado de Garantía revisó ayer las medidas cautelares para tres de los cuatro imputados por los delitos de incendio y homicidio frustrado en un ataque registrado en septiembre del año pasado en las cercanías de Saltos del Laja, comuna de Los Ángeles.

Tras la instancia, el tribunal acogió el planteamiento de la defensa y decretó el arresto domiciliario total para Ernesto Llaitul -hijo del líder de la CAM, Héctor Llaitul- y arresto parcial para Esteban Henríquez y Ricardo Delgado, todos ellos representados por el mismo abogado.

Al finalizar la misma audiencia, el fiscal Michelangelo Bianchi apeló a la Corte de Concepción para que se analice nuevamente la pertinencia de la cautelar más gravosa para los tres imputados, mientras aquella situación se resuelve, todos ellos continuarán privados de libertad hasta el fallo de la Corte en los próximos días.

La delegada regional Daniela Dresdner, indicó que el Gobierno como querellante en la causa también apelará, manteniéndose a la espera del resultado.

Cabe recordar, que los tres fueron formalizados hace dos meses, instancia en que la Fiscalía expuso una serie de antecedentes y pericias realizadas por la Policía de Investigaciones que ubicaban a los imputados en las cercanías del ataque que dejó dos camiones afectados en una faena forestal, donde también los conductores sufrieron agresiones.