Por Karlyng Silva Leal

A principios de este mes, 26 senadores firmaron un proyecto de acuerdo en el que solicitan al Presidente de la República que presente un proyecto de ley para que los dueños de inmuebles quemados y usurpados en la Macrozona Sur no continúen pagando contribuciones. Al respecto, los dos parlamentarios firmantes de la Región del Biobío apuntan a que se trata de una iniciativa de sentido común y que, tras la visita del jefe de Estado a la zona, se abre la posibilidad de incluir este proyecto en una discusión integral del problema.

Entre los múltiples factores de la violencia rural, un tema recurrente es el siniestro de inmuebles, como en la Región del Biobío en donde zonas como Quidico y el Lago Lanalhue son recurrentemente afectadas.

Ante este escenario, los parlamentarios coincidieron en la desprotección en que quedan los propietarios de estas viviendas, donde muchas veces se declara pérdida total y, pese a ello, deben seguir pagando el tributo relacionado al avalúo fiscal de las propiedades que, si no es cancelado, el caso puede avanzar hasta el embargo de la propiedad y un posterior remate.

Avances

De la Región del Biobío, la moción fue firmada por dos senadores, uno de ellos fue Sebastián Keitel (Evópoli), quien explicó que con esta iniciativa esperan que el gobierno ingrese un proyecto de ley y modifique la actual normativa sobre impuesto territorial, permitiendo que las personas cuyos terrenos han sido usurpados o quemados por ataques, queden eximidas de pagar contribuciones.

"Esto surge de una demanda que han realizado las mismas víctimas de nuestra región, quienes nos han manifestado el dolor que significa perder su fuente trabajo y sus hogares, por culpa de violentistas que destruyen sus casas o las ocupan ilegalmente", agregó el senador.

Su par, Gastón Saavedra (PS), quien también firmó el proyecto, destacó que esta forma es una de las facultades de los parlamentarios para iniciar un eventual trámite legislativo, pero que el desarrollo es parte de la voluntad del Gobierno.

"Evidentemente la Macrozona ha estado expuesta a un conflicto histórico, de violencia rural, ahora terrorismo, el narcotráfico y por ello tenemos que tomar decisiones sobre cómo levantamos una reforma de carácter integral que tenga que ver con la superación de las condiciones que allí existen a partir del diálogo democrático", apuntó Saavedra.

Pertinencia

Respecto a la pertinencia de este proyecto, Keitel aseguró que "a nuestro juicio, resulta prácticamente de sentido común que no les sea exigible este pago por un terreno que no están utilizando y que, además, se encuentra en esta condición justamente por la inacción del Estado, que no ha sido capaz de asegurarles protección y seguridad para vivir en paz".

En tanto, Saavedra apuntó a que en la reciente visita del presidente a la Macrozona Sur "al establecer que hay dentro de la zona terrorismo, ha ordenado la construcción de una comisión de paz, aquí podría instalarse esta idea, discutirla y transformarla en un proyecto que sea visto de forma integral y fundado en la carta de las Naciones Unidas de los DD.HH. a la cual el país ha suscrito".

Además, el senador indicó que en el caso de las leyes que rigen las usurpaciones existen aún falencias, por ejemplo, que deba ser sorprendida como un delito en flagrancia y los tiempos para que los dueños presenten las respectivas denuncias. "Hay ciertas carencias al respecto que habrá que resolver y legislar para que haya una protección a la propiedad de quienes están afectados", finalizó.

En la moción, los parlamentarios apelaron a que entre los años 2020 y el primer semestre del 2022 en la Macrozona Sur se han registrado 2.408 hechos de violencia, de los cuales 481 corresponden a usurpaciones, y en el mismo periodo 627 inmuebles fueron incendiados, todo esto según cifras de Carabineros.

Apuntan a que esto es responsabilidad del Estado, ya que los propietarios figuran como víctimas, ya que son despojados de lo suyo y además se les exige pagar contribuciones por aquellos inmuebles en los que no pueden vivir ni trabajar con ellos.

Nueve personas que integraban una banda dedicada a la venta de drogas en tres comunas del Gran Concepción fueron detenidas por detectives de la Brigada Antinarcóticos y Contra el Crimen Organizado (Brianco) Concepción.

La brigada pudo establecer que el grupo ejercía el negocio ilícito en Concepción, Talcahuano y Hualpén, cumpliendo cada uno de los integrantes funciones determinadas dentro de la organización.

El subprefecto Alejandro Barraza de la Brianco Penquista, detalló que el grupo se dedicaba al tráfico de drogas y que mantenían armas en su poder generando temor entre los vecinos de las comunas afectadas. De esta forma, se constató que cinco de los nueve detenidos mantienen antecedentes policiales previos por diversos delitos.

En total se incautaron 1.366 dosis de cocaína base, 112 dosis de cannabis sativa, 2 pistolas calibre 9mm, un arma a fogueo apta para el disparo, cartuchos de diferentes calibres, dos vehículos, entre otros elementos propios del delito.

Los alcaldes de las comunas aquejadas agradecieron los resultados de la investigación, apelando a un trabajo mancomunado e instando a la comunidad a denunciar hechos de este tipo. Los detenidos, cinco mujeres y cuatro hombres fueron puestos a disposición de los Juzgados de Garantía para sus controles de detención.

Tras el sismo 6.2 que afectó a la comuna de Lebu la noche del sábado, el municipio determinó suspender las clases en todos los establecimientos municipales durante la jornada de ayer para realizar una inspección y comprobar la seguridad de los inmuebles para el retorno de los estudiantes y funcionarios.

Así, ayer se desplegaron tres equipos de infraestructura, logrando identificar las consecuencias del sismo. Tras aquello, el municipio determinó que para hoy martes 15 se retoman las clases de forma habitual, a excepción de tres inmuebles que sufrieron algunos daños y otras afectaciones.

En el caso de la comunidad de Santa Rosa, el Colegio Guillermo Rodríguez y el Jardín VTF Mi Pequeño Rincón, mantendrán sus puertas cerradas al menos hasta este miércoles. Más que daños estructurales, la decisión se fundamenta en la suspensión del servicio de agua potable que afecta a toda la zona, ya que el sismo generó daños en la copa de agua que abastece a las cerca de 470 familias que allí residen. También se suspendieron las clases en la Escuela Arnoldo Ebensperger de Los Filtros, esto por daños menores.

Balance provincial

El delegado provincial de Arauco, Humberto Toro, detalló que durante la jornada de ayer se realizaron inspecciones tanto a los establecimientos educacionales como a los hospitalarios de Lebu y Curanilahue, donde los resultados serán enviados vía informe durante el transcurso de esta semana.

Respecto a la situación del agua potable rural (APR), principalmente en el sector Santa rosa, indicó que "hemos instalado cerca de 12 contenedores de agua para la emergencia. En el transcurso de este mes trabajaremos con la Onemi para dotar de 3 contenedores de 40 mil litros, de tal manera de poder salvaguardar la situación de riego que tiene el estanque y va a tener que ser sacado del lugar, eliminándolo y reconstruir otro".

En otro tema que también generó preocupación, Toro detalló que 14 horas luego del sismo recién se pudo recuperar al 100% la energía eléctrica en la provincia de Arauco, específicamente, en la comuna de Lebu.