Por Lorenzo Parra Ramírez

La primera de dos acciones judiciales es la que presentó durante la jornada de ayer el municipio de Coronel por el eventual daño ambiental que estaría siendo causado en el humedal Boca Maule que actualmente tiene una protección a través de la Ley 21.202 de Humedales Urbanos.

Producto de una serie de denuncias referidas a relleno del espacio natural, movimiento de tierra o edificaciones irregulares, el alcalde de Coronel, Boris Chamorro, acompañado de su equipo jurídico, organizaciones ambientales, dirigentes sociales y concejales, concurrió a la Fiscalía Regional para que la entidad persecutora investigue penalmente el daño ambiental que se estaría produciendo en el humedal y que afectaría a 1,96 hectáreas. Esta denuncia se suma a la acción administrativa que se ingresó en abril pasado a la Superintendencia de Medio Ambiente y a las más de 60 fiscalizaciones que han realizado como municipio a las personas que han intervenido el humedal.

"Esta es la primera de un sinnúmero de acciones que estamos desarrollando. Hubo una paralización de obras por parte de la Dirección de Obras Municipales, hay denuncias ingresadas a la Superintendencia de Medio Ambiente que esperamos se puedan responder (…) También vamos a ingresar una acción la próxima semana en el Tercer Tribunal Ambiental de Valdivia", contó el alcalde Chamorro, quien agregó que esta intervención que se hace en el espacio natural "viene a afectar una de las cuencas hídricas más importantes que tenemos en Coronel".

Sobre el daño que se ha provocado al humedal, el presidente de la Junta de Vecinos N°13 Boca Maule, Arturo Aguilera, expuso que las autoridades tienen todo el respaldo de la comunidad para detener la afectación al entorno ambiental.

"Nos sentimos muy pasados a llevar por unas personas que están haciendo uso y abuso de un terreno que es comunitario, que pertenece a toda la comunidad de ese sector", sostuvo el dirigente vecinal.

Persecución legal

En específico, la acción ingresada ayer apunta a que se desarrollen acciones pertinentes que permitan descubrir a los responsables del eventual delito que se estaría produciendo al humedal protegido.

"¿Qué esperamos como municipio? Dar tranquilidad a los vecinos de Buen Retiro y Boca Maule, en el sentido de que las policías, ordenadas por la acción del Ministerio Público, puedan determinar con certeza quiénes son las personas que realizan los rellenos con maquinaria pesada y, en definitiva, sacar todo lo que viene a destruir este cuerpo de agua y que se pueda restituir el ecosistema dañado producto de intervenciones de personas inescrupulosas", contó el abogado de la Dirección de Medio Ambiente del municipio de Coronel, Cristian Ruiz.

Con dicha acción se apunta a que la Brigada Investigadora de Delitos contra el Medio Ambiente y Patrimonio Cultural (Bidema) de la Policía de Investigaciones (PDI) y el Departamento del Medio Ambiente O.S.5 de Carabineros realicen las indagatorias sobre las denuncias.

El seremi de Medio Ambiente, Óscar Reicher, expuso que, si bien como cartera no tienen potestad fiscalizadora o de sanción, igual están adoptando una postura estratégica con el municipio para abordar el tema legal desde diferentes frentes. "Vamos a entregar antecedentes al Ministerio de Vivienda y Urbanismo (Minvu) para que analice la situación y explorar otras vías penales que nos permitan lograr el objetivo que estamos buscando", dijo.

Asimismo, Reicher declaró que, al existir una serie de situaciones similares en otros humedales, como el Vasco de Gama en Hualpén, es que la semana pasada se formó una mesa de fiscalización de los humedales urbanos -hay alrededor de 14 en la Región- en la que participan los organismos con competencias inspectoras.

"Hay de 10 a 13 organismos que tienen alguna competencia de fiscalización y lo que esperamos con esta instancia es que tengamos una coordinación cuando se trata de humedales urbanos, porque llegan denuncias a distintas reparticiones públicas, pero no existe esa coordinación", sostuvo la autoridad regional medioambiental.

14 son los humedales urbanos que están protegidos en la Región del Biobío a través de la Ley 21.202.

Dos de cada tres vecinos de las poblaciones Villa El Triángulo y Nueva el Triángulo de Hualpén ya han firmado el traspaso de su antigua casa y adquirido su nueva vivienda a través del proyecto de relocalización que impulsa Enap, junto al Serviu y el Gobierno Regional.

A casi siete años del inicio del plan de reubicación que se ejecutó por la cercanía de las familias a la planta de la empresa pública y por la eventual contaminación a la que se veían enfrentadas, ya son 200 familias (69%), de las 289 que deben ser relocalizadas, que han concretado el traspaso de su vivienda a Enap, que es la gestión previa para adquirir la casa nueva.

La última beneficiaria con el proyecto de relocalización es María Alarcón, quien expresó su alegría por haber concluido este proceso que esperaba hace tiempo. "Estoy feliz con mi casita (…) Yo le digo a los vecinos que están buscando o esperando cambiarse que tengan paciencia, que busquen con tranquilidad y que confíen, que si esto demora un poco es para mejor, porque así sale todo bien", declaró la vecina.

En específico, de las 200 familias que ya concretaron el traspaso de la casa a Enap, son 195 que han concretado su mudanza a su nueva propiedad, las que ellas mismas eligieron, en distintas comunas del Gran Concepción. Por lo tanto, los vecinos relocalizados superan el 67% del total.

Para la empresa estatal, este amplio número de personas que ya se han relocalizado o están en proceso es una noticia alentadora para las 89 familias que aún no encuentran una vivienda sustitutiva y realizar el cambio. Hay que recordar que las familias cuentan con un fondo de 1.400 UF (alrededor $49 millones) como subsidio aportado por Serviu (516 UF), el Gobierno Regional (284 UF) y Enap (600 UF).

"Este hito es muy significativo porque evidencia nuestro compromiso con la relocalización, en lo que esperamos sea un importante avance en beneficio de su calidad de vida en otro lugar de la comuna, de la Región o del país", declaró el jefe de Comunidades de Enap Refinería Bío Bío, Cristián Oyanedel.

Desde la firma estatal también sostuvieron que del total de viviendas traspasadas, 196 han sido demolidas. Se espera que todo este proceso de relocalización concluya a finales de 2023.

Pese a que la movilización nacional llamada por la mesa del sector público, que integra la Fenats nacional, era por solo 12 horas, la Fenats regional determinó con sus bases mantener el paro en los recintos asistenciales hasta este sábado a las 8 horas.

La medida que comenzó este martes está dada por varias demandas reclamadas por los trabajadores de la salud. La presidenta regional de la Fenats, Evelyn Betancourt, comentó que la intención es dar una señal clara al gobierno de las dificultades que hay en el sector.

La dirigente expuso que solicitan que el refuerzo covid-19 que se extiende hasta el 31 de diciembre se mantenga, ya que han sido un apoyo relevante para suplir la brecha que existe en salud. "Es necesario, porque es el personal el que se ha estado usando debido a la falta de recursos humanos que hay cada uno de los hospitales", contó Betancourt.

También reclaman el aumento de violencia al que están expuesto los funcionarios y la mejora de las condiciones laborales, las que consideran que no son las más adecuadas y que se han incrementado en el contexto de la pandemia.

Asimismo, insisten en el problema de que en la Región tres de los cuatro directores de servicio de salud sean suplentes -solo en el S.S. Biobío hay un titular-, ya que no son capaces de abordar los problemas.

"Nosotros no podemos seguir esperando que estas falencias sigan, que existan trabajadores enfermos en torno a las condiciones que tenemos en cada uno de los hospitales y que los directores no son capaces de solucionar", expuso la presidenta regional de la Fenats.