Por Felipe Cuevas Mora

La firma de convenio entre el Gobierno Regional y el Ministerio de Vivienda para iniciar el proceso de reconstrucción del Mercado Central de Concepción tras nueve años de su destrucción, con una inversión de $17 mil años para realizar las expropiaciones necesarias, la tramitación de un nuevo diseño ante el Consejo de Monumentos Nacionales (CMN) y la elaboración de una nueva gobernanza, ha reavivado la polémica respecto a la propiedad y administración del inmueble.

Particularmente, los representantes de la Inmobiliaria Mercado Central -que reúne a los locatarios- exigen que se respete el acuerdo judicial ante la Corte Suprema que obliga a restituir la propiedad del inmueble, lo que no tendría costo alguno para el Ejecutivo, y advierten que, de no haber una conversación con el Gore, Minvu y el municipio penquista, podrían llevarse adelante acciones legales para paralizar la compra de terrenos en la manzana de las calles Caupolicán, Rengo, Freire y Maipú.

El gobernador Rodrigo Díaz y el alcalde de Concepción Álvaro Ortiz defendieron la inversión ya aprobada por el Consejo Regional, y recordaron que entre los montos se destinan dineros para la creación de un nuevo modelo de gobernanza que considere a todos los actores, el cual será obligatorio implementar antes de iniciar las futuras obras.

Condiciones

En la ficha del proyecto ingresada al sistema integrado de proyectos de Desarrollo Social, donde se otorgó la resolución satisfactoria en febrero, se detalla que del total de montos disponibles ($17 mil millones), cerca de $16 mil se dispondrán solo para las expropiaciones, necesarias para construir el nuevo mercado que tendrá 312 locales comerciales.

Del restante, $749 millones están considerados para consultorías para abordar el diseño ante la CMN y el nuevo modelo de gobernanza.

Sobre este último, el análisis de la cartera indica que "el establecimiento será administrado por una entidad de derecho privado y sin fines de lucro, quien será responsable del resultado operacional y de que el proyecto sea viable financieramente".

Además, establece como condición que "al momento de postular la iniciativa a etapa de ejecución, esta entidad administradora deberá estar constituida jurídicamente en derecho, y el documento que acreditará esta situación debe dar garantías del buen uso de los recursos fiscales", y se sugiere que el documento sea aprobado por el Consejo Regional. Para ello, se contempla un plazo de tres años en que esté funcionando la entidad.

Incluso, se señala que el Mercado Provisorio deberá dejar de funcionar al momento que se presente el proyecto de ejecución de obras.

Inversión necesaria

En estas páginas, la directora de la Inmobiliaria Mercado Central Jimena Meneses expuso que "no sé qué busca el Gobierno Regional al hacer gastar al Ejecutivo tantos recursos que se podrían destinar a la reconstrucción en sí, y dejándonos fuera de un proyecto del que también somos dueños. No estamos pidiendo que se nos entregue algo que no nos corresponde".

"Nosotros no nos negamos a ninguna posibilidad, pero con locales en propiedad, como se estableció en la Corte Suprema", añadió, junto con detallar que se evalúan diversas acciones legales si avanza la expropiación.

El gobernador Díaz recordó que desde 2017 se comenzó a trabajar en el proceso de expropiación junto al alcalde Ortiz y al Consejo Regional, pero que desde su salida de la intendencia no hubo mayores avances.

"En el consejo aprobamos un monto mayor de recursos para llegar a cerca de $17 mil millones, que nos permiten expropiar la manzana, navegar las tortuosas aguas del Consejo de Monumentos Nacionales para tener un diseño e implementar un sistema de gobernanza que nos permita prevenir cualquier riesgo de repetir la historia de las últimas décadas", expuso.

Consultado sobre las acciones legales que podrían adoptar los locatarios, Díaz indicó que se deben explorar todas las alternativas, pero "tengo claro que lo que se ha hecho hasta ahora no sirve, no tiene solución y los intereses de los involucrados terminan perjudicando a quienes viven en el centro de Concepción, porque hay riesgo de derrumbe, problema de seguridad pública y afeamiento de la capital regional. Hay que innovar, pensar fuera de la caja ya que la institucionalidad no ha dado el ancho con las soluciones. Prefiero hacer que ser espectador".

Junto con reconocer una cuota de molestia por su ausencia en el anuncio la semana pasada, el alcalde Álvaro Ortiz recordó el acuerdo judicial donde "todos los actores debían traspasar sus locales al municipio para que se pudiera generar el proyecto del nuevo mercado. Eso no ocurrió, no se cumplió lo que señaló el ministro Sergio Muñoz y se optó por llevar a cabo una expropiación, que es una medida radical, pero permite agilizar un proceso de construcción de un nuevo mercado y que cada uno de los actores involucrados que quieran reclamar referente a la propiedad, lo hagan en una instancia diferente".

Respecto a las acciones legales y la situación del pago de las expropiaciones, afirmó que "en su momento se tendrá que ver, por ello he dicho que el municipio tiene algo que decir y me hubiese gustado que se nos considerara en las acciones que se han adoptado".

749 millones de pesos están dispuestos para tramitar diseño ante la CNM y elaborar la nueva gobernanza del Mercado

La Corporación Privada de la Región del Bío Bío (Corbiobío), inició el trabajo de la Red Nacional de Políticas Públicas, instancia que convocó a universidades de Arica a Punta Arenas junto a organizaciones regionalistas, con la misión de sentar las bases de una plataforma que aporte a un modelo de desarrollo descentralizado, en el contexto del nuevo proceso constituyente.

La iniciativa presentada en el "Primer Encuentro Internacional: Regiones y Nuevo Modelo de Desarrollo", en el Club Concepción el pasado jueves, busca entre otros objetivos una mayor transparencia en la destinación de los recursos públicos y por criterios de medición de impactos, a través de una participación eficaz.

El director de Corbiobío, Aquiles Sepúlveda, indicó que entre los acuerdos, "se estableció que la Mesa ProRegión, que lidera Corbiobío, elaborará las conclusiones en un documento consolidado y prospectivo, que levantará metas y desafíos económico-sociales, y que se canalizará ante el Gobierno y el Congreso Nacional, para avanzar en un Estado descentralizado".

Durante la jornada de trabajo se contó con la asesoría técnica de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, (OCDE), y de la Cepal, expertos que expusieron los últimos estudios de impacto en el desarrollo regional post pandemia, ante un panel representativo de sectores productivos y de las universidades de la Región del Bío Bío, quienes plantearon las complejidades del centralismo chileno.

Además, se detalló que la ministra Secretaria General de la Presidencia, Ana Lya Uriarte, estableció contacto con Corbiobío, para conocer las conclusiones del encuentro y junto con ello, la instancia solicitó al Gobierno cumplir con el compromiso de la descentralización fiscal y financiera de los gobiernos regionales, para enfrentar el magro escenario económico, al igual que incorporar la propuesta de "Reforma Tributaria para Regiones" en la tramitación legislativa.

Durante la jornada,

participaron expertos de la OCDE y la Cepal que presentaron estudios

sobre desarrollo regional.

"He planteado mis aprensiones respecto al proceso constituyente y también por las negociaciones por la mesa de la Cámara. Frente a ello, decidí congelar mi participación hasta que veamos cómo se da toda esta situación y si no hubiese cambio, llegaría a ser independiente".

Con estas palabras, la diputada de Renovación Nacional por el distrito 20 Francesca Muñoz indicaba en una entrevista publicada por este medio el pasado domingo las razones que podrían fundamentar su renuncia a la colectividad, la cual finalmente se materializó este martes y fue anunciada por la legisladora en sus redes sociales.

"Tranzaron todo, le dieron la espalda a la ciudadanía y al mundo cristiano. Aún confío en los milagros", comentó en sus redes sociales junto a una publicación periodística que da cuenta de que la renuncia se concretará cuando el presidente del partido Francisco Chahuán regrese al país.

A la renuncia de Muñoz se suma también la de su marido, el exseremi de Salud Héctor Muñoz, quien también manifestó en sus redes sociales que "ya fue mucho. Vamos por más sin darle la espalda a los chilenos".

De esta forma, Renovación Nacional sufre una crisis a nivel regional, considerando que perdió toda representación parlamentaria, pese a tener hasta la legislatura anterior a tres diputados: Leonidas Romero (hoy independiente en la bancada de Republicanos), Cristóbal Urruticoechea (Republicanos) y la renunciada Muñoz.