Gobierno detalla plan para apoyar compra de viviendas y reactivar sector construcción
Del programa de cuatro puntos destaca, la entrega de una garantía estatal por el 10% del valor de un inmueble de 2.600 a 4.500 UF. Ministro Marcel espera una baja de un punto porcentual en las tasas hipotecarias.
El Gobierno dio a conocer ayer el plan Invirtamos en Chile, compuesto por una serie de medidas económicas que tienen como objetivo ayudar a las familias a acceder a una vivienda y junto con ello dar la posibilidad a las empresas de la construcción para reducir los impactos de la crisis económica que vive el rubro, en medio del severo impacto que ha tenido el encarecimiento de los insumos, la escasez de suelos y la menor demanda ante el aumento en las tasas de interés y la alta inflación.
El programa de cuatro puntos fue presentado por los ministros de Vivienda, Carlos Montes, y de Hacienda, Mario Marcel y "va a generar condiciones para que las empresas y las familias puedan enfrentar de mejor manera la coyuntura que se está viviendo", dijo Montes.
El titular de Vivienda agregó que "todos sabemos que hay una situación difícil para el sector de la construcción, por el aumento de los insumos, por la escasez de maestros, por el aumento durante mucho tiempo (del precio) del suelo, y hay algunas empresas en distintos ámbitos que están con problemas".
"Nos hemos ocupado de apoyar a las empresas y cubrir la situación que están viviendo, buscar reajustar los ingresos de tal manera de acoger la inflación y evitar crisis", enfatizó.
La primera acción consiste en el impulso de donaciones de terrenos de parte de empresas para que se puedan construir viviendas para sus empleados con sus ahorros. Para ello se establecerá un mecanismo que permita que las empresas puedan donar terrenos a sus trabajadores con fines habitacionales. La donación quedará exenta del impuesto a la donación. Además, será considerado un gasto aceptado para el empleador.
Esta medida será incorporada en el proyecto de reforma tributaria que está en el Congreso.
Al respecto, Marcel enfatizó que "hay ejemplos históricos en que hubo periodos importantes en los cuales las empresas tuvieron políticas de esta naturaleza y creemos que con estos incentivos de carácter tributario puede reactivarse de manera significativa el sector de vivienda".
En el segundo punto se contempla la entrega de una garantía estatal por el 10% del valor de la vivienda para precios de inmuebles de entre 2.600 y 4.500 UF (entre $89,8 millones y $155,5 millones al precio de ayer).
El efecto práctico de este apoyo, según el Ejecutivo, sería el que la autoridad regulatoria calcularía ahora las provisiones considerando el saldo adeudado como proporción del valor de la garantía del inmueble más el 10% de garantía estatal, lo que beneficiaría a una proporción alta de familias que sufren el impacto de mayores precios en UF de las viviendas, menores salarios en UF, mayor costo del crédito y dificultades para juntar un ahorro previo mayor o igual a 20% para costear el pie. Además, reduciría los costos de los créditos hipotecarios.
Como tercer punto se aumenta la cobertura del seguro de remate a un 100% de la diferencia entre el monto de los recursos obtenidos en el remate y el saldo de la deuda, para los tramos de viviendas entre las 1.600 y las 2.800 UF (entre 55,3 millones de pesos y 96,7 millones de pesos), ya que la cobertura decrece actualmente hasta solo 40% en ese tramo. Esta sería una medida administrativa del Ministerio de Vivienda.
Marcel afirmó que "esta medida, sumada al efecto de la garantía estatal del 10% del valor del inmueble, estimamos que implicaría una reducción de la tasa de interés de los hipotecarios del orden de los 100 puntos base o un punto porcentual".
La cuarta acción busca extender la vigencia del Crédito Especial Impuesto al Valor Agregado (IVA), que beneficia a las empresas constructoras y que tras diversas legislaciones fue reduciéndose en el tiempo tanto en tramo como en plazos.
Se preveía que el beneficio tributario que les permite descontar IVA desapareciera en 2025, pero la medida anunciada extendería el período de transición del beneficio de modo que se mantendrá en 25% por dos años -2025 y 2026- y terminará definitivamente en 2027.