"Lo que ocurrió con el Plan Regulador nos dejó en el peor escenario; es una normativa con serios problemas"
El abogado analizó el escenario actual del Consejo, el revés a la modificación al PRMC y las posibilidades del Laboratorio de Ciudades.
A diferencia de ciclos políticos anteriores, la discusión entre partidos y colectividades en el Biobío se ha instalado con fuerza en el Consejo Regional, a diferencia de otros espacios como los municipios o desde el Parlamento.
Pese a las buenas relaciones en la interna entre los 28 representantes, lo que se refleja -por ejemplo- en las votaciones a favor del totalidad de las iniciativas llevadas a tabla por el gobernador Rodrigo Díaz, las diferencias respecto a los temas región como la violencia en Arauco, conectividad vial o crecimiento económico han tomado varios minutos en las sesiones que quincenalmente tienen los representantes.
Al abordar el escenario interno del Consejo, el representante de las comunas de Concepción, Chiguayante y Florida James Argo (UDI) plantea que "hemos logrado llegar a buenos consensos dentro del Consejo y con el equipo del gobernador. Hemos aprobado significativas iniciativas en múltiples materias, y es evidente que en los cuerpos colegiados haya roces. A veces, la diferencia política deviene en la persona, pero en general hay muy buen ambiente, lo que incluso se refleja por ejemplo en la ejecución presupuestaria".
Sobre las razones tras el buen ambiente, el jefe de bancada de la UDI -una de las más numerosas del órgano-, y presidente de las comisiones de Ciencia y Tecnología, Relaciones Internacionales y vicepresidente de la comisión de Desarrollo Territorial apunta al trabajo coordinado entre las bancadas, pero también a "los tiempos políticos que vivimos, con un gobernador electo democráticamente por primera vez, un consejo con mayores facultades y representación de los territorios, lo que nos lleva a que como Región nos la podemos".
"Hay un aumento en el número de consejeros, más bancadas y visiones, pero hemos trabajado de muy buena forma", suma.
Laboratorio de ciudades
Entre las labores que le ha tocado asumir en las últimas semanas, James Argo es el representante del Consejo Regional en el proyecto que trabaja el Gobierno Regional, Corporación Ciudades y la Cámara Chilena de la Construcción para traer a Concepción el Laboratorio de Ciudades del Instituto Tecnológico de Massachussets (MIT), por un periodo de cuatro años gracias a una inversión de $4.210 millones.
Respecto al proyecto, indica que el desafío estará "en alinear las distintas instituciones público-privadas, para que estas sugerencias y estudios comprobados empíricamente que se sustentan en el trabajo de otros laboratorios en el mundo finalmente vean la luz".
"Lo que sería muy lamentable sería que el City Lab haga un trabajo con sugerencias para construir mejores ciudades, y que finalmente el Gobierno de turno o quien deba tomar las decisiones deseche esta posibilidad, pensando en otro tipo de intereses", suma.
-El jueves tuvieron su primera reunión de directorio. ¿Con qué ánimo se inició el trabajo y cuáles son los pasos inmediatos que vienen respecto al proyecto?
-Pudimos conocer las expectativas de cada uno frente al proyecto y acordamos que teníamos que darnos un orden por medio de un reglamento o estatuto y la conformación de la directiva. Además, tenemos un proceso andando que es la búsqueda del director del proyecto, que debería estar con la postulación cerrada el lunes y luego de revisar los currículum, elegir a la persona más apta para este desafío. Y también haciendo una búsqueda de las dependencias donde el laboratorio se va a instalar.
Plan regulador
James Argo fue uno de los seis secretarios ministeriales de Vivienda que vio ante sus ojos pasar los nueve años de tramitación de la onceava modificación al Plan Regulador Metropolitano de Concepción (PRMC), que se inició en 2013 y hace una semana sufrió un duro revés de la Corte Suprema al solicitar que se realice una consulta indígena.
"La Corte Suprema dijo algo bastante novedoso, que no es la opinión de los servicios públicos en este caso el gobierno de Michelle Bachelet ni tampoco la opinión de la Contraloría Nacional sobre la consulta indígena, y nos plantea finalmente un cambio de criterio que hace que los instrumentos de planificación tengan que contar con este trámite", analiza junto con mostrarse abierto a la tramitación de un nuevo PRMC, para luego señalar que "lo que ocurrió nos deja en el peor escenario que es mantener la reglamentación que está vigente que tiene serios problemas del punto de vista ambiental y planificación urbana".
-¿De quién es la responsabilidad de que completemos nueve años sin una modificación ratificada, sin una consulta indígena y un plan vigente de 2003? Los consejeros del periodo anterior, entre ellos usted, aprobaron la modificación al instrumento.
-Creo que no hay una responsabilidad en particular. Aquí tenemos un cambio de criterio respecto al cual se venía trabajando desde hace mucho tiempo, no es algo nuevo, una omisión o que la Contraloría detecta algo que todo el mundo sabía.
Esta ha sido una discusión más técnica, y los equipos técnicos de Vivienda y del Gobierno Regional hacían ver observaciones, pero en ningún caso relacionadas con la realización de esta consulta indígena. Es un cambio de criterio, como ha pasado jurídicamente en muchas ocasiones en el transcurso del tiempo; hay que adaptarse y avanzar.
-¿Usted está a favor de avanzar en un nuevo plan regulador que recoja la experiencia adquirida o perseverar en la modificación, incluyendo la consulta indígena? El Gobierno Regional y Vivienda coinciden en un nuevo instrumento.
-Lo que corresponde ahora es una conversación entre los servicios públicos de manera de ponerle a esa tramitación un cronograma, y determinar si vale la pena persistir en la modificación que se podría demorar un año o irnos por solamente un nuevo plan regulador y con una imagen objetivo nueva.
Viendo lo que ha sido este proceso, lo que uno espera es que el nuevo plan aborde aquellos temas no considerados en su momento, por un tema de tiempo. Pero también, del punto de vista procedimental tener claridad de los criterios de la Contraloría, órgano clave en este proceso, con el fallo de la Corte Suprema en la mesa y sobre eso avanzar.
En su análisis, Argo pone especial atención en el anuncio que realizó a este medio el seremi de Obras Públicas, Hugo Cautivo, respecto a la postergación en tres años de la licitación del diseño de la Ruta Pie de Monte producto del revés de la modificación del PRMC.
"Sería cuidadoso de decir que este es un camino sin salida y que hay que postergarlo por tres años. Entiendo que hay otras alternativas que se pueden evaluar y que conversaremos en el Gobierno Regional, como cambios legislativos, o algunos a nivel de decretos, que nos permitirían mantener este proyecto independiente de lo que pase con el Plan Regulador", dice.
-¿Considera usted que hay un error político en la postergación por tres años de la licitación del proyecto de diseño de la Ruta Pie de Monte?
-Creo que hay un error político del Gobierno. Lo veo poco convencido con la ejecución de la Ruta Pie de Monte desde un principio, a propósito de algunas consideraciones ambientales y la opinión de los alcaldes y las comunidades. Lo que sí creo es que deberíamos dar la pelea como Región, porque es parte de una infraestructura clave de conectividad que nos podría ayudar a resolver uno de los problemas más sentidos de la ciudadanía que es la congestión.
No desecharía tan rápido la Ruta Pie de Monte porque alguien dijo técnicamente, y menos por tres años, para tratar de buscar alternativas para acortar esos plazos.
-Una conversación clave se dará en el Consejo Regional, considerando que está vigente un convenio de programación con Vivienda y Transportes, aprobados por ustedes que cuenta con fondos para estudios de la ruta Costanera Mar, que se indicó tendrá prioridad. Los alcaldes también han mostrado algunos reparos.
-Respecto a la Ruta Costera, esta no es una alternativa a la Pie de Monte. Es parte de un sistema, y si uno elimina alguna de las dos, queda un sistema cojo. Cada alcalde tendrá su opinión, los vecinos también, pero desde el punto de vista de la infraestructura pública, la ruta Pie de Monte es importante en efecto de resolver el problema de la congestión vial.
Nos permite planificar de manera adecuada el paso del transporte público por la Ruta 160, considerando que tiene un tránsito diario de 66 mil vehículos versus 8.500 que tiene la Ruta Concepción-Cabrero o la Ruta del Itata. Siendo uno de los nudos más relevantes en materia de congestión vial en la Región, es importante que las autoridades regionales se abran a todas las posibilidades.