Gore y Minvu optan por nuevo Plan Regulador Metropolitano tras fallo de la Corte Suprema
Durante esta semana, los equipos de ambos servicios se reunirán con distintos actores para socializar el plan final: cerrar administrativamente la modificación y en tres años construir nuevo instrumento.
La decisión es clara, tanto por parte del Gobierno Regional como del Ministerio de Vivienda, y solo resta socializarla con todos los actores involucrados.
Luego de que este sábado se conociera el fallo de la Corte Suprema que paraliza la tramitación de la 11° modificación del Plan Regulador Metropolitano de Concepción (PRMC) y obliga a retrotraer el proceso hasta antes de la aprobación del Consejo Regional en agosto de 2021, ambos equipos comenzaron a trabajar con miras a cerrar administrativamente el proceso de modificación para dejarla sin efecto -Contraloría esperaba estas semanas recibir las respuesta a las observaciones- y apostar todas las fichas a la elaboración de un nuevo PRMC, que según informara hace algunas semanas este medio, se proyecta que esté terminado el proyecto el primer semestre de 2026.
Durante esta semana se sostendrán una serie de reuniones con alcaldes, organizaciones sociales y equipos técnicos para concordar el cierre de un proceso fallido tras nueve años, y ocupar los insumos disponibles para un nuevo instrumento que entregue las bases del ordenamiento territorial al Gran Concepción.
Proceso finiquitado
El fallo de la Corte Suprema al recurso interpuesto por el senador Alejandro Navarro y dirigentas de comunidades indígenas de la intercomuna, a las dos semanas de la aprobación de la modificación del PRMC en el Consejo Regional, obliga a que se realice un proceso de consulta indígena previo al ajuste de el plan, que se comenzó a tramitar en 2013, sea votado por los consejeros.
Tanto desde el Minvu como el Gobierno Regional coinciden en que la solución es cerrar administrativamente el proceso actual y que continúe vigente la última modificación de 2003, para centrar todos los esfuerzos en un nuevo Plan Regulador.
Claudia Toledo, seremi de Vivienda explicó que "lo primero claro es que todos los fallos se acatan. Pero esto lo vemos como un desafío desde el punto de vista de la planificación, con certezas que entrega este fallo respecto a la realización de una Consulta Indígena; la subsecretaría de Servicios Sociales nos había indicado que no aplicaba realizar dicha consulta, y en rigor ante este fallo, debemos revisar hacia atrás estos procedimientos y tener que cambiarlos".
Blas Araneda, jefe de división de Planificación y Desarrollo del Gobierno Regional, indicó que "planteamos objeciones a esta modificación desde un principio, incluso el gobernador Díaz presentó una propuesta de rechazar la modificación y tomar medidas para mejorar el instrumento. El Consejo lo aprobó, se realizaron las observaciones desde la Contraloría, y para nosotros se sostienen parte de los reparos que levantamos hace un año atrás".
Ambas autoridades indicaron que los reparos en materia de participación se levantaron con anterioridad -pese a que Contraloría no advirtió inconvenientes en su respuesta entregada en abril- y en la necesidad de revisar en totalidad la modificación.
Mientras Claudia Toledo indicó que "hay varios aspectos a mejorar, como fue comunicar mejor la participación. No puedo decir que haremos un cierre inmediato, porque tendremos varias reuniones con actores clave y a nivel central debemos adoptar la decisión. La modificación se analizará y si se toman medidas como el cierre administrativo del proceso, lo estudiaremos en la semana", Blas Araneda dice que "hay un trabajo que sabíamos que tenía problemas, se representó de esa forma, y nuestra posición no fue acogida por el Consejo. Tenemos que seguir avanzando, concentrar los esfuerzos en recoger los problemas de participación y resguardo para que el nuevo plan sea el adecuado".
Nuevo plan
Sobre el trabajo para construir un nuevo Plan Regulador para el Gran Concepción, que contempla tener lista la imagen objetivo a inicios de 2025 y el proyecto total para el primer semestre de 2026, la seremi Claudia Toledo apuntó a que "como pasó tanto tiempo con la modificación, el instrumento se fue deslegitimando, lo que expusimos a los consejeros. En base a eso, ya veníamos trabajando con el Gobierno Regional para construir un nuevo plan que nos dejara tranquilos. Además, no tenemos certezas de cuánto puede demorar retrotraer el proceso de la modificación (…) Para elaborar un nuevo plan, llamo a hacer un esfuerzo conjunto de coordinación entre los equipos técnicos, los municipios, el Gobierno Regional y el Consejo Regional para que tengamos un nuevo plan en tres años y medio, y no mantener la desregulación con la tramitación de la modificación".
"Siempre habíamos recibido observaciones que tenía la modificación frente a la normativa actual, respecto a participación ciudadana, además de lo que nos dicen los distintos actores públicos y privados. Hay un trabajo que se hizo, que no veo perdido ya que será un insumo para lo que viene", sumó.
Sandra Ibáñez, gobernadora (s) del Biobío, comentó que "se nos abre la oportunidad de tener un plan acorde a las necesidades reales del territorio y se busca con acciones participativas. Tenemos un trabajo conjunto con el Minvu, que esperamos recoja las principales necesidades y coincide con otras acciones que estamos llevando".
La delegada Daniela Dresdner apuntó a que "seguimos quedándonos con el plan de 2003, que tiene algunos problemas que nos preocupan y corresponde ponernos a disposición que el trabajo que sigue sea el más rápido posible para entregar mayor seguridad a la ciudadanía en el uso de los espacios y protección del medio ambiente".
48 observaciones había realizado la Contraloría a la 11ª modificación del PRMC, aprobada en agosto del año pasado