¿Voto obligatorio o voluntario?
Los registros electorales fueron reabiertos poco antes del plebiscito de 1988, con voto obligatorio. Desde entonces, la participación ha menguado con el correr de los años. La ley 20.568, que reguló la inscripción automática y voto voluntario fue promulgada el 23 de enero de 2012 y con ella se pretendía -supuestamente- resolver el problema de la alta abstención electoral.
No obstante, desde los comicios municipales de octubre de 2012, el ausentismo se ha elevado cada vez más y se hizo notoria la falta de interés de la ciudadanía por participar en los comicios. Incluso a inicios de 2020 la Cámara de Diputados rechazó un proyecto de ley que pretendía restablecer el voto obligatorio, a partir del plebiscito constituyente que se realizaba el 26 de abril, como una forma de enfrentar la alta abstención electoral. .
Es claro que con el cambio al voto voluntario se mantuvo una tendencia silenciosa, especialmente de jóvenes que nunca habían mostrado interés por votar. ¿Por quién sufragaría ese segmento? Analistas han dicho que difícilmente lo harían en su mayor cantidad por los bloques tradicionales, y ése es el punto más práctico para pensar que un regreso de la modalidad obligatoria tampoco resolvería el problema.
Pero la decisión del Congreso de que el reciente plebiscito de salida del proceso constitucional se rigiera por el voto obligatorio, ha llamado a muchos parlamentarios a querer restablecer la decisión, porque comprobaron que la medida de voto voluntaria no resolvió el ausentismo. Por el contrario, éste aumentó. Sin embargo, pocos ponen su atención en analizar en qué razones se fundamenta ese alejamiento. Es evidente que hay un desencanto y desconfianza de la ciudadanía respecto de la actividad política. Para algunos parlamentarios, pareciera más sencillo recurrir a aspectos normativos que regulen el comportamiento cívico de los ciudadanos, que orientar los esfuerzos hacia un trabajo que permita reencantar al electorado. Cuando hace una década los políticos se jugaron por la opción de la inscripción automática y voto voluntario, la vieron como una solución frente al desinterés ciudadano, pero ése no era el remedio.
Desde luego que preocupa la baja participación, porque significa que muchas personas se ponen al margen del mecanismo electoral. Tal vez quieren manifestar así su desencanto por la forma de hacer política. No obstante, ello debilita la democracia y da menos sustento y legitimidad a quienes son elegidos. El sistema democrático requiere de coaliciones gobernantes y opositoras fuertes, pero esto se altera si los ciudadanos prefieren quedarse fuera, porque ellos serán los que se beneficiarán o perjudicarán con las iniciativas que aprueben las autoridades.
La clase política no ha sabido interpretar las expectativas de los electores. La desilusión se fundamenta en que no ven que sus problemas reales, como es hoy la delincuencia y la violencia, estén considerados en las agendas temáticas de los partidos. Cada vez menos personas se identifican con las coaliciones y se resisten a participar. Por eso la sacaron a la luz desde el estallido social de octubre de 2019.
Nuestra democracia no sólo es imperfecta, sino también escasamente representativa. También es cierto que se terminó marginando a las diferencias, que ante ello optan por no participar o criticar al sistema por medio de las protestas. Lo más probable es que la dinámica de los próximos años continúe siendo cuestionar las bases del modelo político y su representatividad. Por otro lado, hay que considerar que la fuga de adherente desde los partidos o la atomización de éstos podrían afectar la gobernabilidad. Lo más preocupante es que la democracia termine consumida por la propia democracia. Este es un sistema que exige conocimiento, educación y estudio. La democracia debe protegerse con esos valores, ya que en caso contrario puede ser presa de populismos de izquierda o de derecha.
La desilusión se fundamenta en que la ciudadanía no ve que sus problemas reales, como es hoy la delincuencia y la violencia, estén considerados en las agendas temáticas de los partidos.