Por Felipe Cuevas Mora

En las últimas semanas, distintos espacios y movimientos políticos han dado el salto adelante y han avanzado las gestiones para legalizarse como partidos ante el Servicio Electoral.

En la Región del Biobío hay hasta la fecha 14 colectividades reconocidas por el Servel con casi 37 mil militantes, y varios movimientos trabajan para, en algunos casos, retomar el carácter legal y en otros convertirse en un nuevo espacio que pueda contar con militantes, recibir financiamiento y competir en los comicios que contempla el cronograma electoral desde 2024.

Retomar la legalidad

La semana pasada, representantes del Partido Social Cristiano -expartido Conservador Cristiano que respaldó la candidatura presidencial de José Antonio Kast- ingresaron las firmas ante el Servel para iniciar el proceso de legalización como partido con foco en las regiones de Ñuble, Biobío y La Araucanía, y entre sus principales figuras está la excandidata a senadora por Biobío Antaris Varela y el exconvencional del distrito 20 Luciano Silva, que renunció a Renovación Nacional.

Silva explicó que "es un momento histórico para la iglesia evangélica, porque a través del crecimiento y maduración, muchos han querido ir a la arena política mirándolo como el campo de las misiones. Muchos lo hemos intentado y hemos estado en diferentes partidos políticos representando a nuestro mundo. Sonábamos que todos íbamos a converger a un partido de inspiración cristiana evangélica que reúna esas sensibilidades que no son de ideas ni de derecha ni de izquierda".

En el caso del Partido Ecologista Verde que perdió la legalidad tras las elecciones de noviembre pese a lograr dos escaños en el Parlamento -uno de ellos el diputado del distrito 20 Félix González- y otros cargos de representación popular, en julio inició el trámite para juntar las firmas y volver a ser partido, con un plazo de seis meses para recabar todas las firmas necesarias.

En esa instancia, su presidenta Katherine Quiroz comentó que "tenemos que hacer el proceso de legalización, por lo que tenemos que juntar firmas en tres regiones continuas las que serán Ñuble, Biobío y La Araucanía; en Biobío necesitamos cerca de 1.500 firmas".

A la fecha, avanza el proceso de recolección de firmas tanto en Concepción como en Chillán, y se continúa en paralelo con la captación de militantes en las regiones de Ñuble, Biobío y La Araucanía. Sin embargo, durante la semana pasada se conoció la baja de la colectividad de la consejera regional Ana Araneda, la segunda electa con mayor cantidad de votos en la Región, que en un comunicado dijo que "es clave desarrollar un estilo de trabajo enfocado en un diálogo transversal, sin exclusiones, que nos permita actuar con la mirada puesta en la calidad de vida de todos".

Iniciar el camino

Otro de los colectivos que incipientemente ha iniciado su camino para convertirse en partido político es Amarillos por Chile, que durante la semana pasada ingresó ante el Servel las firmas mínimas para pasar a ser un partido en proceso de legalización. Entre los firmantes, se encontraban representando a la Región el empresario Ricardo Yaconi y el abogado Alejandro Elgueta, además de la coordinadora regional y miembro del comité político, Marianne Leroy.

Leroy explicó que actualmente se encuentran esperando el visto bueno del Servel para iniciar la recolección de firmas y lograr legalizarse en todo el país. Para ello, añade, requieren el 0,25% de firmas equivalentes al padrón que votó en la última elección de diputados o lograr el número de firmas en ocho regiones discontinuas. "Ya hemos recibido consultas para inscribirse, por lo que evaluamos que existe un gran interés y expectación desde diversos sectores de la sociedad", sumó.

El desembarco de Amarillos por Chile ha traído aparejado consigo las dudas y rumores en torno a figuras locales que puedan dar un paso y dejar sus partidos para sumarse a la colectividad autodenominada de centro. Uno de ellos ha sido el diputado del distrito 20 y jefe de bancada de la Democracia Cristiana Eric Aedo, quien aclaró que "este no es el momento de renunciar a la DC, ya que se está pasando por una crisis y de las crisis no se arranca. Estoy por fortalecer la Democracia Cristiana, que se genere una mesa de transición para los próximos seis a ocho meses, que dé cuenta de la realidad del país que busca transformaciones que se sustenten en el tiempo".

Otras colectividades que han tenido algunos movimientos a nivel local han sido Fuerza Común, que el pasado fin de semana confirmó a través de un comunicado su incorporación a Convergencia Social, partido que en el Biobío tiene a 1.728 militantes, e Igualdad que avanza en la tramitación para volver a ser partido ante el Servel en la Región del Biobío.

37 mil habitantes de la Región del Biobío registran militancia en alguno de los 14 partidos legalizados en la zona

El municipio de Chiguayante devolvió, de manera oficial a Bienes Nacionales, la administración del terreno donde funcionó, durante los meses de verano de este año, el Festival de Luces Chinas, Fesiluz.

El convenio suscrito con el organismo estatal otorgaba la concesión de un paño de cinco hectáreas al municipio -terreno ubicado en avenida Costanera con Pascual Bimimelis- para que se efectuaran sucesivas presentaciones de este show chino, pero el municipio decidió poner término anticipado al acuerdo, debido a situaciones controversiales en torno a la instalación de este espectáculo.

El seremi de Bienes Nacionales, Genaro Donoso, reafirmó el trabajo coordinado entre la cartera y el municipio para lograr su pronta devolución en óptimas condiciones: "Una vez reintegrado a la administración de Bienes Nacionales, pasa a formar parte del catastro de inmuebles fiscales que están disponibles para el desarrollo de proyectos de desarrollo de interés de la comunidad".

El alcalde Antonio Rivas dijo que "estamos dando cumplimiento a este acuerdo de retornar este terreno a su propiedad, dejar la administración que hemos tenido hasta este momento y avanzar en lo más importante, que es el proyecto que se podría construir acá, que es solicitado por muchos vecinos, que responde a esta vocación y características que tiene Chiguayante de ser una ciudad con miradores, con parques, altamente turística".

Con el objetivo de abordar la compleja realidad de las zonas rurales en materia de déficit hídrico, representantes de la Asociación de Municipalidades del Biobío (AMRBB) y del Gobierno Regional se reunieron para buscar concretar la mejora de los sistemas de Agua Potable Rural externos (APR) que no son dependientes de la Dirección de Obras Hidráulicas.

Algunos de estos, según se indicó, que presentan alguna deficiencia en su funcionamiento por el mal estado o falta del algún equipo o material y que debido a esta causa no pudiesen brindar con el servicio de agua, tanto en cantidad y calidad necesaria para el consumo humano. En la cita se informó que la asociación realizó una encuesta a 17 municipios, en la que 15 cumplen con lo requerido para llevar a cabo mejoras en sus APR (Tucapel, Cabrero, Laja, San Rosendo, Santa Bárbara, Cañete, Alto Biobío, Los Ángeles, Concepción, Negrete, Penco, Quilleco, Yumbel, Florida y Mulchén).

En estos municipios, se catastró a un total de 4.299 viviendas de la región, y los proyectos de financiamiento alcanzarían el monto de $1.303.116.322, considerando suministro, transporte e instalación de equipos.

Jorge Roa, alcalde de Florida y presidente de la Comisión de Recursos Hídricos de la AMRBB, explicó tras la cita que "le planteamos a la División de Planificación del Gore la problemática que estamos teniendo con los APR en funcionamiento de las distintas comunas de la Región y planteamos la solución que creemos es la más viable".

"Son 15 municipios los que respondieron la encuesta y lamentamos que no haya sido la totalidad de comunas que conforman la asociación. Se considera que sean cerca de $1.300 millones para más de cuatro mil familias del Biobío", añadió.

Ana Luisa Hinojosa, jefa del equipo técnico de APR de la Asociación dijo que "la reunión buscó concretar aquellos levantamientos de información sobre la necesidad de aquellos APR existentes, no dependientes del MOP, que necesitan un mejoramiento de su funcionamiento, es decir poder identificar aquellos suministros de bombas y equipos que estén con fallas y necesiten de una reparación o cambios, para que las comunidades puedan tener acceso a un agua de calidad y en cantidades necesarias".