Por Nicolás Álvarez Arrau

Mejor Niñez llegó en octubre de 2021 para asumir la protección especializada de niños, niñas y adolescentes, una de las funciones que tenía el Sename. A partir de ese momento, sin embargo, varios de ellos quedaron sin representación letrada porque terminaron los programas en donde habían abogados especialistas. Por este motivo, los defensores de las distintas corporaciones de asistencia judicial (CAJ) del país tuvieron que asumir la representación de un gran cúmulo de infantes y jóvenes, tarea que trajo consigo efectos negativos asociados a atochamientos de causas y falta de representación jurídica.

"En la Región del Biobío esto se acrecentó, porque, a diferencia de la Metropolitana, en donde se creó un programa especial con fondos propios para tener abogados, la corporación local no tuvo la misma medida. Lo que se hizo fue aumentar la rotación del Programa Mi Abogado, que si bien es excelente, sus profesionales tienen límites de causas o de los niños, niñas y adolescentes que pueden ser representados", sostiene Claudia Soto, seremi de Justicia y Derechos Humanos.

Quienes no pudieron ser respaldados bajo esta iniciativa tuvieron que ajustarse a los lineamientos de los abogados de los centros de familia de la CAJ Biobío, "lo que produjo una sobrecarga gigantesca de trabajo, pero también dejó en la indefensión a estos niños, niñas y adolescentes, porque algunos, incluso, quedaron sin representación".

Nuevo trabajo

Si bien en marzo pasado entró en vigencia la Ley de Garantías y Protección Integral de los Derechos de la Niñez y Adolescencia, la CAJ Biobío aún no había implementado medidas para corregir el problema, provocando que alrededor de 1.600 menores de edad estuviesen bajo esta situación a nivel regional, según la seremi. Así, en vista de dicho escenario, se replicó el trabajo de una oficina de la Región Metropolitana para establecer una oficina piloto durante julio y destrabar las causas, dar cobertura y alivianar a los funcionarios de la Corporación y de Familia.

La seremi agrega que al principio, y a través de recursos propios aprobados por el Consejo Directivo de la CAJ Biobío, se buscaron abogados especializados en infancia de forma muy rápida, de tal manera de atender la urgencia. Todo esto a la espera de una nueva línea de defensa de niñez y la adolescencia que diera cumplimiento a la norma sobre garantías y protección.

Con todo el avance, a inicios de septiembre asumieron este rol 13 abogados especialistas en derechos de familia e infancia y Derechos Humanos, algunos provenientes del plan piloto, y de acuerdo a competencias en lo civil, penal, laboral, familiar y administrativo. "Aunque son poquitos en la Región, sí se pueden coordinar para no dejar audiencias sin cubrir y que los 17 tribunales de la zona tengan, al menos, un curador para cubrir todas las salas y audiencias (...) Si había una causa proteccional y no llegaba el abogado curador, esa causa tenía que suspenderse, lo que generaba una vulneración institucional", dice Soto.

Proyección

Valentina Cáceres, coordinadora regional de la oficina La niñez y la adolescencia se defienden de la CAJ, asegura que la proyección de la instancia es que el número de menores vaya en aumento.

"Antes era un poco impensado que los niños pudiesen tener una representación jurídica (...) Por eso la gestión que podemos hacer en los tres primeros meses es esencial, en el sentido de que para 2023 tengamos un catastro de los niños que necesitan representación jurídica y levantar ese tema al Ministerio, a fin de que se nos otorguen más profesionales, y no solo abogados, sino que también trabajadores sociales", enfatiza Cáceres.

A nivel país son 258 defensores y 62 trabajadores sociales los que enfocan sus esfuerzos en más de 32 mil menores. En Biobío, en tanto, hay solo tres trabajadores sociales.

Desde la oficina regional precisan también que el presupuesto 2023 ya está aprobado, acción que permitirá dar continuidad al plan.

3 trabajadores sociales están adscritos a la iniciativa en la Región del Biobío.

258 defensores se distribuyen a lo largo del país para cubrir a más de 32 mil niños, niñas y adolescentes.

Para mejorar la calidad de vida de personas privadas de libertad que están a punto de reinsertarse en la sociedad, la Universidad San Sebastián presentó oficialmente el proyecto colaborativo "Garantías en salud y promoción de la vida sana para personas en proceso de reinserción del Centro de Educación y Trabajo de Concepción".

La iniciativa tiene como objetivo capacitar a 50 internos y a cinco funcionarios de Gendarmería en temas como manipulación de alimentos, implementación de buenas prácticas de manufactura, autogestión en salud, alfabetización digital y laboral. En esta labor, participarán las carreras de Enfermería, Trabajo Social, Nutrición y Dietética, y Odontología.

El teniente Egidio Faúndez Hinojosa, jefe del Centro de Educación y Trabajo Concepción, valoró la contribución a los procesos de reinserción social. "Este proyecto ha tenido un impacto muy positivo en la población penal, porque se sienten partícipes de su reinserción social a través del contacto con otras personas y profesionales. La idea es que estos conocimientos los continúen aplicando una vez que estén en libertad", afirmó.

Por su parte la académica Solange Martínez Gallegos, líder del proyecto, destacó que en esta ocasión no solo se fortalecerán las herramientas de promoción de salud y prevención de enfermedades, sino que se añadirán nuevas capacitaciones. "Se agregan las capacitaciones de manipulación de alimentos y la implementación de buenas prácticas de manufactura. También se les enseñará a hacer un currículum y aspectos relacionados al mundo digital", indicó.

50 internos serán parte de las capacitaciones realizadas a través del proyecto colaborativo.

Un total de 520 familias de Los Ángeles, Yumbel y Santa Bárbara, fueron testigos en los últimos días del inicio de la construcción de sus viviendas, en el marco de la ejecución del Plan de Emergencia Habitacional.

Un total de 278 familias beneficiadas pertenecen a la comuna de Santa Bárbara, para quienes el sueño de la vivienda digna comienza a tomar forma. "Este es un logro de las familias, es una alegría inmensa. Muchos me daban las gracias, pero no, son sus logros, sus esfuerzos que el día de mañana se van a ver reflejados con un hogar, con una casa digna y propia para sus hijos", expresó Mitzi Parra, presidenta del Comité Raíces de la Miel.

La seremi de Vivienda y Urbanismo de Biobío, Claudia Toledo, expresó su satisfacción de poder compartir con la totalidad de familias que van a lograr tener su casa propia, dando pasos relevantes para alcanzar la entrega de casi 19 mil viviendas, al fin del gobierno.

El proyecto habitacional contempla a familias, en su mayoría encabezadas por mujeres jefas de hogar, provenientes del área urbana y rural de la Santa Bárbara, que incluye a sectores como Huachi, Villucura, Los Laureles, La Peña, Los Mayos y Los Boldos. La mayoría vive actualmente de allegados o como arrendatarios.

La entrega de las viviendas está proyectada para septiembre del año 2024, es decir, donde de dos años.