Alza de los delitos de alta connotación
La ministra vocera de la Corte Suprema, Ángela Vivanco, ha planteado la preocupación del Poder Judicial por el aumento de los homicidios, calificándolo como una situación gravísima que pone en jaque el Estado de derecho.
De acuerdo con declaraciones del subsecretario del Interior, Manuel Monsalve, al 31 de agosto de este año hubo en Chile 603 homicidios y si bien la vocera de la Corte Suprema reconoce que las autoridades están haciendo un trabajo intenso para tratar de bajar las cifras de delincuencia, hay elementos que aún faltan por abordar. "Estas situaciones son gravísimas, y nos afectan a todos, porque ya no solamente se trata de temas que atentan contra la propiedad de las personas, sino que directamente contra la vida. Aumenta la sensación de inseguridad, de angustia y por supuesto, es una sensación extremadamente injusta el tener que cuidar la vida o correr riesgo de ella cuando se sale a la calle o se trata de llegar al trabajo", ha señalado.
Hace poco más de un mes hubo una reunión de los equipos de los ministerios de Justicia y de Interior, a la que ahora se suma el Poder Judicial, para que estos estamentos presenten propuestas para que haya una coordinación y trabajo en conjunto. Ha señalado que el Poder Judicial está al final de la línea y no puede ir por su cuenta a hacer cosas que dependen de muchos órganos. A su juicio, el tema del narcotráfico es gravísimo, también el aumento de la delincuencia, los jóvenes delincuentes violentos y el aumento de homicidios son situaciones que ponen en jaque el Estado de derecho. No obstante, el Estado tiene las herramientas para responder frente al incremento de la criminalidad, pero hay que sacar el máximo partido de ellas, para que, respetando el debido proceso y la presunción de inocencia, se consiga combatir el crimen de manera efectiva.
Hace unos meses la misma vocera del Poder Judicial había alertado sobre la "industria del sicariato" que está detrás de algunos casos, y Carabineros también había alertado la "importación" de los crímenes por encargo, donde los blancos son ubicados por fotografías o información previa, siendo asesinados, e incluso con el traslado de cuerpos a otros lugares, lo que involucra la participación de varias personas a cambio de dinero.
Las encuestas señalan que la delincuencia y criminalidad es uno de los problemas que más preocupa a la población, porque deja una sensación de inseguridad, que ya no se da sólo en los tradicionales barrios peligrosos, sino en todas las comunas. Si bien otros delitos bajaron en medio de la pandemia, los homicidios han ido en aumento, en especial aquellos por encargo. Es preocupante que hay comunas donde en los últimos años se han concentrado estas acciones de mayor connotación, algunas de ellas catalogados como ajustes de cuentas.
Paz Ciudadana ha alertado que los delitos más violentos han ido en aumento, mientras que Eduardo Vergara, subsecretario de Prevención del Delito, expresó que "Chile enfrenta el peor momento para la seguridad que ha vivido el país desde el retorno a la democracia". Se estima que los delitos de alta connotación social se incrementaron alrededor de 70% entre los años 2016 y 2021, y en la gran mayoría de ellos se utilizaron armas de fuego.
Según el Ministerio Público, los delitos violentos abarcan un gran número de conductas ilícitas establecidas en el Código Penal, en que se afectan principalmente la vida, la integridad física o psíquica de las personas, la libertad personal o seguridad individual, y la propiedad, por lo tanto, involucran tanto los delitos de parricidio, homicidio simple y calificado, infanticidio, secuestro, sustracción de menores, lesiones, y aborto, como los distintos tipos de robos, tales como robos calificados, robos con violencia o intimidación, robos en lugar habitado y en lugar no habitado. Por el amplio catálogo de tipos penales que comprenden los delitos violentos, las penas asociadas pueden incluso llegar a presidio perpetuo calificado.
Al 31 de agosto de este año hubo en Chile 603 homicidios y la ministra vocera de la Corte Suprema, Ángela Vivanco, ha calificado la situación como gravísima, que pone en jaque el Estado de derecho.