Por Agencias

Jefes de los servicios de inteligencia civil y militar de Venezuela han cometido crímenes de lesa humanidad para reprimir a la oposición, mediante acciones que fueron ordenadas directamente por el presidente Nicolás Maduro y sus colaboradores más próximos, denunció ayer la ONU.

"El presidente Nicolás Maduro y otras autoridades de alto nivel (...) fueron los artífices en el diseño, implementación y mantenimiento de una maquinaria para reprimir a la disidencia y apuntalarse en el poder", señaló una misión internacional de investigación creada por Naciones Unidas para Venezuela.

"El Estado venezolano utiliza los servicios de inteligencia y a sus agentes para reprimir la disidencia en el país. Esto conduce a la comisión de graves delitos y violaciones de los derechos humanos, incluidos actos de tortura y violencia sexual", afirma un extenso informe que la misión presentó a la prensa.

Este documento ahonda en los hallazgos que esta misma misión expuso en 2020 y ahora se centra en las actividades de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (Dgcim) y el Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin).

En el caso del Sebin, el informe señala como responsables al actual director general, Gustavo Enrique González, al director del Helicoide (principal centro de detención) entre 2014 y 2018, Carlos Alberto Calderón; y a su número dos en ese periodo, Ronny González.

En la Dgcim se menciona al director general Iván Rafael Hernández, y a antiguos responsables de distintos estamentos del organismo: Rafael Antonio Franco, Hannover Esteban Guerrero y Alexander Enrique Granko.

Maduro y cabello

No obstante, se precisa que las actuaciones de todos ellos eran el producto de ordenes directas de Maduro y, en el caso del Sebin, también de Diosdado Cabello, su primer vicepresidente.

"Los actos de violencia documentados no fueron realizados por individuos aislados y sin conexión actuando solos dentro del Sebin y la Dgcim. Estas violaciones, que constituyen crímenes de lesa humanidad fueron parte de una política deliberada del gobierno para silenciar, y sofocar a la oposición", enfatiza el informe.

La misión documentó los casos de 122 víctimas sometidas a tortura, violencia sexual y a otros tratos inhumanos en los centros de la Dgcim, especialmente en su sede principal en Caracas (llamada Boleíta) y 51 por parte de agentes del Sebin, principalmente en el Helicoide, contra opositores, periodistas, manifestantes y activistas.

Aunque los casos denunciados pertenecen especialmente a los años 2017, 2018 y 2019, las violaciones y los crímenes del Sebin y la Dgcim continúan hasta hoy, manteniéndose las mismas estructuras, patrones y prácticas, afirma la misión, dirigida por la jurista portuguesa Marta Valiñas.

El texto será presentado ante el Consejo de Derechos Humanos el próximo 26 de septiembre y la presidenta de la misión,Marta Valiñas, precisó que cuatro responsables de los abusos, a menudo cometidos por ellos en persona, son mantenidos en el anonimato por el informe para "evitar que sean utilizados como chivos expiatorios mientras funcionarios a más alto nivel huyen de la rendición de cuentas".

Los abusos que se describen son relatados por 246 víctimas, familiares y exfuncionarios en entrevistas confidenciales e incluyen golpes con objetos tales como bates o mesas, asfixias con bolsas de plástico o humo de granadas, descargas eléctricas a los detenidos o violaciones, algunas con palos de madera.

También se denuncia el uso de la "señorita", un dispositivo de tortura mediante la introducción de la víctima en estanques de agua, abusos psicológicos denominados "tortura blanca", amenazas de violar y matar a los familiares de los detenidos, o colocación de alfileres debajo de las uñas.

El chileno Francisco Cox, otro miembro de la misión, aseguró que "las violaciones en ambas agencias continúan hoy en día, en un clima de total impunidad", al punto de que muchos de sus autores han sido ascendidos en años recientes.

A las pruebas de los 122 detenidos por la Dgcim se añaden al menos 93 arrestados por el Sebin. De ellos, se torturó al menos a 51 y 77, respectivamente, y los testimonios permiten concluir que al menos 70 personas continúan detenidas en el Helicoide y entre 15 y 20 en los sótanos de Boleíta.

La misión tripartita de la ONU la completa la argentina Patricia Tapattá y confía en que su informe ayude a la rendición de cuentas por estos abusos, ya sea dentro de Venezuela -algo complicado por la falta de independencia judicial que ellos mismos denuncian- o a nivel internacional.

El informe revela que agentes cubanos instruyeron y participaron en actividades de contrainteligencia de la Dgcim, o que miembros de las dos agencias extorsionaron a detenidos dinero o robaron directamente en sus domicilios. Maduro "participó en la selección de los objetivos", dice el texto. Las víctimas estuvieron detenidas días, incluso semanas, a menudo en celdas sin luz natural ni baño, teniendo que hacer sus necesidades en bolsas o botellas, aunque en el caso del Sebin a cambio de dinero podían acceder a zonas con más "privilegios", revela el informe. En el caso del Sebin, exempleados que hablaron con los investigadores de la ONU de forma confidencial aseguraron que las torturas en ocasiones eran ordenadas directamente por el presidente Maduro

El presidente de Colombia, Gustavo Petro, pidió ayer en su intervención en la 77 Asamblea General de las Nacionales Unidas acabar la "irracional" guerra contra las drogas que, además, según dijo, está destruyendo la selva amazónica y haciéndole daño a su país.

"Yo les demando desde aquí, desde mi Latinoamérica herida, acabar con la irracional guerra contra las drogas. Disminuir el consumo de drogas no necesita de guerras, necesita que todos construyamos una mejor sociedad", dijo Petro en su primera intervención en una Asamblea General.

El mandatario aseguró además que "la guerra contra las drogas ha fracasado" y que "la lucha contra la crisis climática ha fracasado".

"¿Quieren menos drogas? Piensen en menos ganancias y en más amores. Piensen en un ejercicio racional del poder. No toquen con sus venenos la belleza de mi patria, ayúdennos, sin hipocresías, a salvar la selva amazónica para salvar la vida de la humanidad en el planeta", expresó.

Durante su discurso, Petro aseguró que "la selva que se intenta salvar es al mismo tiempo destruida (...)Para destruir la planta de coca arrojan venenos, glifosato en masa que corre por las aguas, detienen a sus cultivadores y los encarcelan. Por destruir o poseer la hoja de la coca muere un millón de latinoamericanos asesinados y encarcelan a dos millones de afros en América del Norte".

También criticó que "las guerras les han servido de excusa para no actuar contra la crisis climática" y les han mostrado a las potencias "cuán dependientes son de lo que acabará con la especie humana".

Luego, en una reunión sobre la crisis alimentaria, Petro se dirigió al secretario de Estado estadounidense, Antony Blinken, y dijo que "si Colombia pudiera empoderar económica, social y políticamente a su campesinado, entonces Colombia, Antony, dejaría de ser narcotraficante. Si Colombia produjera más agricultura y alimentos, más maíz, si importara menos maíz de los Estados Unidos, exportaría menos cocaína. ¿Cuál de los dos caminos preferimos?", preguntó a la audiencia.

El presidente de Argentina, Alberto Fernández, llamó ayer a "imponer el diálogo" para poner fin a la guerra en Ucrania y pidió que cesen los bloqueos económicos a Venezuela y Cuba.

"Debemos recuperar el imperio de la paz. Es imperioso que cesen todas las hostilidades desatadas. Necesitamos trabajar unidos para imponer el diálogo y recuperar la paz en la disputa iniciada con el avance militar de la Federación Rusa sobre el territorio de Ucrania", sostuvo al intervenir ante la Asamblea General de la ONU que se celebra en Nueva York.

Fernández también cuestionó las "medidas unilaterales de coerción" y recordó que las únicas sanciones legítimas son aquellas impuestas por el Consejo de Seguridad de la ONU.

"En virtud de ello, Argentina se suma al reclamo de los pueblos de Cuba y Venezuela para que se levanten los bloqueos que esas naciones padecen", indicó Fernández y agradeció la "solidaridad" con Argentina expresada por "el mundo entero" ante "el intento de magnicidio" sufrido el pasado 1 de septiembre por la vicepresidenta argentina, Cristina Fernández, cuando un hombre intentó disparar un arma contra quien gobernó el país entre 2007 y 2015.