Por Lorenzo Parra Ramírez

Más de 64 mil recursos de protección ingresados a la Corte de Apelaciones de Concepción y sobre mil reclamos a la Superintendencia de Salud han presentado durante este año los usuarios de isapres de la Región del Biobío en contra del alza de los planes base de salud o GES que realizan estas instituciones. Las acciones judiciales y administrativas en contra de las aseguradoras privadas aumentaron un 16% respecto a lo que hubo el 2019, previo a la pandemia y de un 400% respecto al año pasado.

Marcelo Alvear (49), es uno de los miles de usuarios de las isapres que desde hace años presentan recursos de protección en las cortes de apelaciones del país por el alza unilateral de los planes bases. Asegura que optó por la vía legal por sobre la administrativa debido a que es más rápida y porque el recurso lo lleva un abogado.

Alvear contó que desde 2013 está junto a su esposa en una isapre y que, si bien los tres primeros años de aumento constante del plan no los llevó a recurrir a la justicia, a partir del 2015 sí comenzó a presentar recursos de protección para detener el alza de los planes que les parece injusto.

"Principalmente es porque los planes están en UF, por lo que se reajustan solos. Este año la inflación subió mucho por lo que el plan ya aumentó, entonces otra alza era demasiado (…). Ya nos llegó un correo en el que nos informan que fue aceptado el recurso. Se paró el alza de la isapre y si lo vuelven a subir se presentará el mismo recurso", enfatizó el usuario.

Hay que recordar que la adecuación de los valores 2022 - 2023 que anunciaron las aseguradoras quedó sin efecto tras un fallo de la Corte de Suprema y le corresponde a la Superintendencia de Salud definir un nuevo plazo prudencial para que las isapres envíen una nueva comunicación del porcentaje del alza que fijaran para el período, que de acuerdo con lo informado desde la Intendencia de Fondos de la Superintendencia de Salud.

Hay que recordar que previo a esta definición judicial, los usuarios de las isapres en la Región del Biobío presentaron 64.086 recursos de protección en la Corte de Apelaciones de Concepción, que son 51.535 más que el año pasado y 8.098 más que en 2019, previo a la pandemia (ver infografía).

La información entregada por el tribunal de alzada penquista es que, del total de ingresos de este año, en 22.591 hay un fallo, sin explicitar si fue favorable o no, aunque en los últimos años las cortes le han dado principalmente la razón a los usuarios dejando sin efecto las alzas.

Reclamos

Aunque la vía administrativa es menos utilizada que la judicial, existe un número de personas que ingresan reclamos a la Superintendencia de Salud por las alzas de precios de las isapres. Este año -hasta el 12 de agosto- se han presentado 2.011 a la entidad fiscalizadora, de los cuales, 1.298 (65%) corresponden a la adecuación de los precios bases y GES.

Desde la Intendencia de Fondos expusieron que este aumento, de reclamos, casi el doble que el 2021 y cifra similar a los que hubo en 2019, se debe a que este año la modificación de los planes que estuvo paralizada en pandemia -aunque las isapres igual enviaron cartas de adecuación previo a la determinación- se retomó.

"Se refleja un peak entre marzo y mayo de 2022, período de ventana para que los beneficiarios reclamaran por el alza del precio de su plan", informaron desde la entidad.

Sobre las resoluciones que se han definido en la entidad en las reclamaciones que se han hecho, la Intendencia de Fondos informó que, a nivel nacional, que se puede extrapolar a nivel local "las resoluciones de los últimos años, cómo se observa, los años 2017, 2018 y 2019 los porcentajes a favor del reclamante, (total o parcial) superan el 65%, llegando a 98,3% en el año 2022".

La entidad administrativa expone que las aseguradoras privadas deben justificar, en la carta de adecuación, el alza unilateral que está definiendo, a fin de demostrar que hay prestaciones no previstas o aumentos de costos que responden a situaciones fácticas imposibles de estimar, situación que a criterio de la entidad no están justificadas.

"El aumento de los gastos de salud, y el incremento en las frecuencias de uso de las distintas prestaciones o beneficios, esgrimidos como argumentos para el alza, no revisten el carácter de imprevisible, ni tampoco se acreditó que respondan a situaciones fácticas imposibles de prever", sostienen de la Intendencia de Fondos.

A finales de septiembre, la Secretaría Regional de Residuos retomará el trabajo de conducción, implementación y seguimiento de la política pública en esta materia y economía circular que estuvo paralizada debido a la pandemia por covid-19.

A casi tres años de su constitución, el órgano presidido por la Seremi de Medio Ambiente e integrada por la Delegación y Gobierno regional, las seremis de Salud, Vivienda y Desarrollo Social, además de los municipios de Hualpén, Talcahuano, Los Ángeles, Mulchén, Florida y de las distintas Asociaciones Municipales de la Región, desarrollarán su primera sesión el 27 de septiembre a las 10 horas en el Salón de la Delegación del Biobío.

"La Secretaría Ejecutiva de Residuos es la instancia que agrupa a diversos organismos públicos en la región que reúnen competencias en el ámbito de la gestión de residuos. Tras su constitución en el año 2019 no hubo reuniones posteriores, por lo tanto, desde la Seremi de Medio Ambiente hemos convocado a las distintas autoridades para que nos reunamos para afrontar la situación de los rellenos sanitarios, pero también para buscar avances en la gestión de residuos que nos encamine regionalmente hacia una economía circular", declaró el seremi de Medio Ambiente, Óscar Reicher.

Sobre el trabajo que se realizará la autoridad medioambiental regional destacó que la economía circular tiene un rol importante para abordar los problemas relacionados con la crisis climática que existe y que esta secretaría busca impulsar.

"Este modelo permite enfrentar los problemas asociados a la gestión de residuos, considerando que una porción importante de los residuos que generamos no son dispuestos adecuadamente, y terminan contaminando nuestro entorno", expuso Reicher.

En la sesión que se efectuará se entregará una presentación de la institucionalidad ambiental, los objetivos de la Política Nacional de Residuos y Hoja de Ruta para un Chile Circular, para continuar con el diagnóstico preliminar de la situación de los residuos en la Región del Biobío y las propuestas de lineamientos a abordar.

Entre integrada por la Delegación Presidencial, el Gore, municipios locales y seremis de Salud, Vivienda, entre otros.

Un total 16 familias, en condición vulnerable, recibieron en el marco del subsidio de Integración Social Territorial, DS19 del Ministerio de Vivienda y Urbanismo su primera vivienda con apoyo del Estado en el proyecto habitacional de la Floresta III, comuna de Hualpén. Otras 64 familias de sectores medios también recibieron viviendas en el sector.

Yolanda Ortiz, una de las beneficiadas por el subsidio, expresó su felicidad ya que adquirió la casa el 2016, luego haber estado postulando durante 6 años.

"Hoy día gracias a Dios se ha concretado la casa propia, que es lo más feliz que uno puede tener porque para alcanzar esto cuesta bastante (…). Estoy muy contenta y también los que van a ser nuestros vecinos, es una felicidad muy grande tener algo propio, dejar de pagar arriendo, que es terrible estar todos los meses pagando", expresó Ortiz.

El ministro de Vivienda Carlos Montes expuso que se está haciendo un esfuerzo para alcanzar en estos cuatro años la meta de 260 mil viviendas construidas. "Me siento muy orgulloso, he conversado con las familias, una persona que tuvo 6 años el subsidio en sus manos y ahora finalmente llega acá, otra persona que estaba en un campamento, son distintas realidades".

La delegada presidencial, Daniela Dresdner, contó que las familias vulnerables beneficiadas corresponden a 13 jefaturas de hogar lideradas por mujeres y por tres hombres.