La realidad de las infancias es en sí misma un desafío que requiere un permanente e indiscutible debate, así como el diseño y ejecución de una serie de políticas y programas que den respuesta oportuna a la gran cantidad de situaciones de infancia que coexisten en nuestro país.

La Convención de los Derechos del Niño que fue suscrita y ratificada por nuestro país en 1990, define al niño(a) como un sujeto de derechos inapelables que deben ser resguardados por la familia, la comunidad y el Estado. En este marco el niño(a) se define como ser integral con derechos en todas las áreas del desarrollo; por tanto, sus miradas y propuestas deben ser consideradas.

Toda acción u omisión en relación con las infancias impactará la vida futura, sobretodo en la primera etapa de sus vidas, donde se produce la constitución de la persona en el ámbito biológico, orgánico, psíquico, antropológico, social y cultural.

De acuerdo a lo anterior, la inequidad en las infancias condiciona profundamente el desarrollo integral y el bienestar a lo largo de la vida, es por ello tan relevante contar con principios básicos que otorguen derechos y garantías a las infancias y que indiquen normativas mínimas necesarias para garantizar dignidad, respeto y bienestar.

La propuesta constitucional coherente con la Convención de los Derechos del Niño, contempla a las infancias y adolescencias de forma transversal en diversos capítulos: en sus principios generales, nacionalidad y ciudadanía, naturaleza y medioambiente, participación democrática, poder ejecutivo y sistemas de justicia y en específico un largo y detallado abordaje en el capítulo II de Derechos Fundamentales donde existen muchos artículos que explicitan principios, derechos, garantías y protección que apuntan al desarrollo saludable e integridad personal, física, mental, psicosocial, afectiva y sexual buscando la erradicación de la violencia contra las infancias, estableciendo como imperativo ético el tránsito hacia el buen vivir de las generaciones y el cuidado de la salud mental y aun cuando como ciudadanos no hemos expresado nuestra intención en el plebiscito de salida, lo más importante es resignificar a las infancias como el centro de éste desafío, considerando que históricamente se les ha relegado a un segundo plano y que es vital para su desarrollo y el en nuestro país, otorgarles el protagonismo que en derecho les corresponde.

La reforma a la salud se realizará antes del fin de este Gobierno, anunció el Presidente Boric al asumir y ha sido ratificado por las autoridades del Ministerio. Se ha definido que será un sistema de salud único y universal, de carácter estatal e integrado preferentemente con el sistema público de salud hospitalario y consultorios. Las señales respecto de su implementación han sido vagas, carentes de cifras y basadas en consideraciones ideológicas.

El Instituto de Salud Pública de la Universidad Andrés Bello está realizando una serie de estudios para medir el impacto de estas reformas en diversos sectores. Hasta ahora, podemos concluir que, de no contar con una reforma bien planteada se perjudicaría la calidad de la atención de todos los chilenos. En efecto, hoy el sistema público de salud no da abasto para satisfacer la demanda de sus actuales beneficiarios (15 millones de personas) y ajusta el déficit por listas de espera; las cuales en consulta y procedimientos superan los 2 millones de personas y en intervenciones quirúrgicas no GES sobre 350.000 personas, con más de 500 días de espera en ambas.

Si se pretende implementar la creación de un Sistema Único de Salud con un ente estatal único que capte y gestione el financiamiento; y al desaparecer bruscamente las isapres sin aumentar la actual capacidad de producción de servicios del sistema estatal, estimamos un crecimiento potencial de las listas de espera entre el 9,4% y el 71,7%. Para la población cautiva de las isapres y que no puedan acceder a seguros complementarios (entre 1.2 y 1,5 millones de personas), la situación se desmejora en forma importante, ya que una parte importante de ellos, al pasar con sus problemas crónicos de salud al FUS, engrosarán las listas de espera de los actuales beneficiarios de Fonasa.

También proyectamos una disminución de hasta el 60% en las rentas variables de los médicos del sistema privado y una reducción de hasta un 58% en el mercado laboral de los equipos de salud en el sector privado, entre otros hechos que impactarán negativamente en la calidad de la atención que reciben las personas. Es imprescindible una reforma, bien orientada y que se formule a partir de la realidad del actual sistema. Valoramos que Fonasa haya desechado eliminar la modalidad de libre elección, y esperamos reflexione respecto a que antes de implementar un cambio en la gestión del financiamiento, se necesita resolver los problemas en el sistema hospitalario y atención primaria.

Sería bueno que el Gobierno se abriera a dialogar con todos los actores, tal como lo hizo con las reformas tributaria y previsional, y no sólo con los que piensan parecido. Es la única forma de llegar a un sistema de salud que cumpla con la promesa de mejorar la calidad de la atención que reciben las personas.

El concepto de maritorio no es nuevo. En Chile comienza a ser abordado hacia los 70, a partir del trabajo de profesionales de arquitectura y su mirada hacia el sur de Chile y las embarcaciones usadas. Ello, en un país con más de 6 mil kilómetros de costa. Su origen, por cierto, va de la mano de nuestra insularidad.

Con el correr del tiempo el concepto se ha ido extendiendo gracias a la mirada desde otras disciplinas frente a la constatación de la escasez de recursos, la crisis de los ecosistemas y la complejidad de nuestra geografía y actividades humanas. En su sentido actual, podría decirse que el maritorio apunta a favorecer el reconocimiento y la protección de las múltiples relaciones materiales e inmateriales que se dan en sociedades que se relacionan directamente con el mar, incorporando además las visiones que los pueblos originarios y comunidades locales tienen del espacio marino.

En la Constitución de 1980 no hay referencia explícita. Chile es, en todo caso, parte de instrumentos internacionales directamente vinculados al tema. El principal es la Convención de las Naciones Unidas sobre el derecho del mar, a la que Chile adhirió en 1997, que consagra un régimen comprensivo de los océanos y mares del mundo, estableciendo reglas rectoras para los usos de los océanos y sus recursos, entre otros aspectos, regulando la zonificación del mar contiguo a las costas, según elementos de distancia y atribuciones para países costeros como Chile, distinguiéndose entre las atribuciones ejercidas en el mar territorial, la zona contigua, y la zona económica exclusiva. A ella se suman convenios en materia de pesca o de protección ambiental. Más allá del texto constitucional y los tratados, el ordenamiento jurídico vigente, principalmente en el Código Civil, aborda aspectos normativos con impacto en la regulación del mar, tanto sobre estatus jurídico, protección y referencia a espacios internacionales.

La propuesta de regulación constitucional es menos ambiciosa de lo que se propuso en algunos momentos de la tramitación constituyente. Del texto que se someterá a plebiscito el 4 de septiembre se pueden identificar como elementos principales del reconocimiento del maritorio como categoría jurídica especial, el establecimiento del deber estatal de protección de sus ecosistemas marinos y costeros, y el mandato al legislador para establecer una división administrativa del maritorio, en base a ciertos principios, entre ellos, el de actuar sobre una base de equidad y justicia territorial.

Además de lo relativo al maritorio, otras disposiciones del proyecto de constitución incluyen elementos directa o indirectamente relacionados a la regulación del mar. Tal es el caso, por ejemplo, de la alusión explícita de que son bienes comunes naturales el mar territorial y su fondo marino; las playas; las aguas, glaciares y humedales; los campos geotérmicos y de que son inapropiables el agua en todos sus estados, el aire, el mar territorial y las playas, los reconocidos por el derecho internacional y los que la Constitución o las leyes declaren como tales. También, tiene una relación estrecha el mandato de crear una política nacional portuaria, orientada, entre otros principios, por el de eficiencia en el uso del borde costero y vinculación con el territorio y las comunidades en las cuales se emplacen los recintos portuarios.

Por cierto, otras regulaciones que contiene la propuesta también concuerdan con la introducción del concepto de maritorio. Algunas son la protección y fomento a la recolección y pesca artesanal, en el contexto de la soberanía y seguridad alimentaria; la titularidad de derechos de la naturaleza, entre la cual pueden entenderse comprendidos ecosistemas marítimos; las facultades de la Defensoría de la Naturaleza en protección de estos derechos y las eventuales atribuciones que puedan otorgarse a la Agencia Nacional del Agua, teniendo en vista que no se hacen distinciones entre aguas interiores y aguas oceánicas.

No siendo entonces un concepto nuevo, sí lo es la idea de su posible regulación a nivel constitucional en un estado que pasaría a ser social, democrático de derecho y ecológico, reconociendo la interdependencia de las personas y los pueblos con la naturaleza.