Confusam informa que este año llevan más de 50 agresiones contra funcionarios de la salud
El último hecho público ocurrió en el Cesfam Boca Sur de San Pedro de la Paz, cuando un paciente intentó abusar sexualmente de una médico. Pese a la alta cantidad denuncias, sólo correspondería a uno de cada cuatro hechos violentos.
Las agresiones a los funcionarios de la salud ya no están siendo hechos aislados y cada vez se están volviendo más frecuentes. Así lo revela desde la Confederación Nacional de Funcionarios de la Salud Municipalizada (Confusam), que informó que este año tienen más de 50 agresiones a personal sanitario de la atención primaria.
El martes pasado los funcionarios del Cesfam Boca Sur iniciaron un paro -duró un día y medio- debido a la agresión sexual que sufrió una médico de ese recinto y por amenazas con armas de fuego que también vivieron. En 2019, el recinto también estuvo movilizado por el mismo motivo.
El alcalde de San Pedro de la Paz, Javier Guiñez, comentó que en la comuna han tenido 13 denuncias de agresiones verbales y físicas en contra de trabajadores de la salud este año, lo que ha llevado a ingresar seis denuncias ante el Ministerio Público.
"Además hemos interpuesto dos querellas ante tribunales durante el 2022, más una en proceso, correspondiente a los hechos ocurridos en el Cesfam Boca Sur, con imágenes y medios de prueba para solicitar que las personas que han agredido tanto física como verbalmente a los funcionarios sean condenadas en la justicia", enfatizó el jefe comunal.
En aumento
Los hechos de violencia que cada vez se han vuelto más habituales y agresivos preocupan a los gremios de salud, principalmente a los de atención primaria, que es donde focalizan mayoritariamente estos actos. "No vamos a permitir este tipo de abuso con nuestros funcionarios", declaró la presidenta regional y nacional de la Confusam, Gabriela Flores.
La dirigente comentó que durante este año ya suman más de 50 denuncias en la región, pero aseguró que ese número corresponde sólo a una fracción del total de hechos que realmente ocurren, ya que aseguró que sólo una de cada cuatro funcionarios formaliza la agresión que sufrió.
"Esas son las denuncias hechas, porque hay funcionarios que no denuncian y podríamos decir que son sobre 200 los casos de violencia este año. La gente no se atreve a denunciar por miedo, porque estos mismos individuos los amenazan de que los van a esperar a la salida del consultorio", sostuvo Flores.
El presidente del Colegio Médico Regional Concepción, Germán Acuña, expuso que en los últimos años se pasó de situaciones esporádicas a hechos más recurrentes.
"Mi sensación es que están aumentando (las agresiones) y además que son más violentos. Están obligando a los médicos a atender con una pistola encima de la mesa y eso es inaceptable", declaró Acuña, quien aseguró que hay profesionales que tienen temor de ir a trabajar a algunos lugares.
Hay que recordar que el 2019 entró en vigor la ley que aumentaba las penas para las personas que agredían a los funcionarios, sin embargo, la presidenta de la Confusam expuso que considera que los empleadores no aplican la normativa.
"No sé si por cuidar la imagen de que tiene una comuna tranquila, pero no velan por la seguridad de los funcionarios", aseguró la dirigenta de la atención primaria.
Medidas
A Raíz los hechos que afectan a todas las comunas de la región y del país, es que los gremios de salud aducen a que esta problemática debe ser prioritaria para el actual Gobierno, más allá de las acciones que ya se han tomado respecto a un protocolo de denuncias y algunas medidas de seguridad que han adoptado algunos municipios.
Acuña expuso que la actual administración del Presidente Gabriel Boric sigue la misma línea del Gobierno anterior de Sebastián Piñera, de no proteger a los funcionarios. "No vemos diferencia en materia de defensa y compromisos hacia los funcionarios de la salud. Parece que está más preocupado de las elecciones que de gobernar", comentó.
La presidenta la Confusam aseguró que si bien en el Gobierno anterior hubo algunas medidas, estas no fueron suficientes, es por eso que le solicitó a las autoridades recursos financieros a través de convenios AGL (Apoyo a la Gestión Local) para implementar en las zonas con más violencia, botones de pánico, vidrios y puertas blindadas, cámara de seguridad y cercos perimetrales en recintos donde no los hay. Expuso que serían sólo 50 proyectos a nivel país.
En esta materia, el alcalde de San Pedro de la Paz comentó que han entregado una importante cantidad de recursos, además de generar mesas de trabajo.
"Tenemos cámaras de seguridad en todos los establecimientos de salud, tenemos vigilantes en todos los centros cuyo costo sobrepasa los $800 millones anuales", sostuvo Guíñez.
6 denuncias por estos hechos presentó este año el municipio sampedrino ante el Ministerio Público.