Por Karlyng Silva Leal

Desde el 2020 a la fecha, distintos tribunales de la jurisdicción del Poder Judicial de Concepción han podido concretar proyectos de conservación y remodelación, todo gracias a recursos ahorrados durante la pandemia con la disminución del trabajo presencial. Son 26 proyectos, de los cuales 14 ya fueron ejecutados entre el 2020 y el 2021, mientras que para este año se proyecta finalizar 12 obras en la región.

Así lo explicó Eduardo Brown, administrador zonal de la Corporación Administrativa del Poder Judicial (CAPJ), asegurando que el ahorro de recursos ha sido utilizado para implementar 17 proyectos. Esto fue posible gracias a la aplicación del teletrabajo extraordinario, la disminución del trabajo presencial por la emergencia sanitaria y al aumento de la digitalización de procesos.

Brown detalló que desde el 2019 a la fecha se estima un 20% de ahorro por la reducción de insumos básicos. "En relación a la cuenta Materiales de Uso o Consumo, el año 2020 hubo una variación del presupuesto ejecutado de un -21.48% respecto del año 2019, y el año 2021 una variación de un -66,20% respecto del año 2020. En la cuenta de Servicios Básicos la variación del año 2020 respecto del año 2019 de un -21,07%; y el año 2021 un 5,03% respecto del año 2020", explicó.

Beneficiarios

El administrador del Juzgado de Garantía de Cañete, Rodrigo Salinas, comentó que el TOP de la comuna fue beneficiado con proyectos de conservación que incluyeron reforzamiento de la infraestructura en materia de seguridad y mantención general del inmueble, es decir, instalación de rejas perimetrales, puertas, accesos y celosía blindadas, pintura en muros exteriores e interiores, láminas antivandálicas, modificación al mesón de atención de público, entre otros.

"Gracias a estas significativas implementaciones, los funcionarios y usuarios están más protegidos y a resguardo de eventuales ataques vandálicos u otra situación de riesgo que ocurra externa o internamente en el edificio y permite minimizar la interrupción del servicio judicial ante tales contingencias", explicó Salinas.

Por su parte la administradora del Juzgado de Letras y Garantía de Mulchén, Johanna Castillo, explicó que la remodelación consiste en la reposición de la cubierta del primer nivel, la reposición del cielo americano, el suministro e instalación de tres equipos de climatización, inclusión de tecnología LED en la iluminación y mejorar la accesibilidad universal de acuerdo a normativas vigentes. Las obras se realizarán mientras el edificio opera, por lo que la empresa deberá aplicar labores de mitigación.

"Para seguir operando se harán turnos, para que un grupo de funcionarios trabaje presencialmente y el otro grupo bajo la modalidad teletrabajo. Esta intervención será muy positiva para los funcionarios, ya que les permitirá trabajar en mejores condiciones, lo que a su vez incidirá en los usuarios, que recibirán una mejor atención y en un lugar más confortable", agregó.

Además de estas dos comunas, otras 9 serán beneficiadas este año como Curanilahue, Yumbel, Arauco, Chiguayante, Coronel, Talcahuano, Nacimiento, Concepción y Santa Bárbara, lo que incluye Juzgados de Letras y Garantía, de Familia, Civiles y de Juicio Oral en lo Penal y la construcción de una sala para entrevista videograbada de Niños, Niñas y Adolescentes en Cabrero.

Inversión

Durante los años 2020 y 2021, las 14 iniciativas ejecutadas con estos fondos ahorrados alcanzaron una inversión superior a los $292 millones, incluyendo obras de seguridad en el Tribunal Oral en lo Penal (TOP) de Cañete y la habilitación de una sala de entrevistas videograbadas para niños, niñas y adolescentes en el Juzgado de Letras y Garantía de Lebu.

Para este 2022 se consideran 12 proyectos con un costo de $904 millones, tales como la conservación de los tribunales de Curanilahue, Mulchén, los civiles y de garantía de Talcahuano. Además, durante el primer trimestre de este año ya se ejecutaron tres obras con un costo de $40 millones.

Por otra parte, el Poder Judicial es consciente de que el ahorro que permitió estas obras es excepcional, ya que "en el escenario actual es complejo que se mantenga el mismo nivel de ahorro de los años anteriores, pues se debe considerar inicialmente la reducción presupuestaria aplicada al Poder Judicial para 2022, el aumento de precios de insumos y servicios producto de la inflación, y el paulatino retorno de los funcionarios y funcionarias al trabajo presencial", aseguró el administrador zonal.

20% se estima que fue el ahorro de insumos básicos desde el 2019 a la fecha, monto que permitió la ejecución de mejoras

$904 millones de pesos son parte del presupuesto que se utilizará para los 12 proyectos a realizar este 2022

La Corporación de Asistencia Judicial (CAJ) Biobío, reincorporó ayer a 10 trabajadores que habían sido desvinculados el 7 de enero de este año, esto en el marco de un proceso de modernización que la organización estaba llevando a cabo. Desde el gremio consideran esta decisión como un importante hito al considerarse los despidos como arbitrarios y discriminatorios.

El director general (s), Julio Díaz, explicó que las causas judiciales que el servicio público mantenía con personas que habían sido desvinculadas a partir del 7 de enero de 2022 "la CAJ Biobío arribó a un avenimiento con lo que se ha puesto término a esos juicios. Esta decisión fue acordada por el Honorable Consejo directivo de la corporación y así me lo transmitió a mí la presidenta del consejo, seremi de Justicia del Biobío, así que se implementó. El día de hoy (ayer) ellos regresaron a sus funciones".

Según los funcionarios, los despidos ocurrieron sin previo aviso a principios de año, lo que generó retrasos en las audiencias y el abandono de casos, impactando negativamente a los chilenos que acuden al servicio de justicia público.

Así lo indicó Mauricio Vergara, director jurídico titular de la CAJ Biobío: "los niños, niñas y adolescentes más vulnerables fueron quienes se vieron afectados por las desvinculaciones aplicadas por la actual administración, pues generó malestar entre los propios abogados pertenecientes a la Unidad de Curadurías Ad-Litem, encargada de protegerlos en caso de vulneración grave de sus derechos".

Las desvinculaciones se atribuyeron al proceso de reestructuración de la institución. Así Marcelo Inostroza, presidente de la Federación Nacional de Acceso a la Justicia (Fenadaj), indicó que a pesar de que la decisión no fue tomada de forma unánime por el Comité Directivo, sí agradecen el compromiso del actual gobierno para destrabar este tipo de situaciones.

Un hombre de 59 años fue encontrado fallecido la noche del domingo al interior del condominio San Alfonso de la Cruz, cerca al centro de la ciudad. La Brigada de Homicidios quedó a cargo de las diligencias para establecer a los responsables del homicidio, ya que se estima que terceras personas serían responsables de las heridas que le provocaron la muerte.

El comisario Ángel Campos Soto, jefe (s) de la Brigada de Homicidios de Concepción explicó que la Fiscalía penquista solicitó el trabajo de la unidad para esclarecer la muerte del hombre. Hasta el lugar llegaron con el Laboratorio de Criminalística, instancia en que pudieron determinar que el cuerpo presentaba heridas corto punzantes que habrían sido realizadas por terceras personas.

"Conforme al trabajo en el sitio del suceso se procedió a realizar un levantamiento de evidencia, se logró recopilar cámaras de seguridad y en este momento se están realizando los empadronamientos con la finalidad de establecer el o los responsables del hecho investigado", detalló el detective.