Por Felipe Cuevas Mora

Semanas decisivas vive la tramitación de la 11ª modificación al Plan Regulador Metropolitano de Concepción (PRMC), luego de que la Contraloría desistiera en marzo de tomar razón de los ajustes al instrumento que tiene como objetivo orientar y regular el desarrollo físico de las áreas urbanas y rurales de once comunas del Gran Concepción, que se tramitaron desde 2013.

Esto, porque la Secretaría Regional Ministerial de Vivienda alista la última ronda de reuniones previas a enviar al Gobierno Regional durante septiembre la respuesta a cada una de las observaciones que emitió el órgano contralor -centradas en aspectos referentes a los plazos en que se tramitó, y también imprecisiones respecto a la evaluación ambiental estratégica y resguardo a espacios naturales- y se reingrese para la toma de razón.

La seremi Claudia Toledo detalló que el objetivo es subsanar todas las observaciones que se indicaron, y en paralelo comenzar con la elaboración de un nuevo Plan Regulador Metropolitano, al cual le pone un ambicioso plazo que no supere los cuatro o cinco años: "Estamos trabajando en el cronograma para el nuevo PRMC, donde queremos evitar que se alargue como ocurrió con la modificación. Buscamos resolverlo durante el tiempo que dura esta gestión, pese a que sabemos que es complejo por las temáticas que implica. Lo hemos visto con nuestros equipos, y también lo conversaremos con el Gobierno Regional para acordar plazos y metodologías para este proceso".

Diálogo permanente

La planificación que elaboró el Ministerio de Vivienda y Urbanismo para responder a las observaciones que realizó la Contraloría contempló durante abril y mayo la sistematización y estudio técnico de las observaciones, para luego durante los meses de junio y julio sostener una serie de reuniones con los equipos municipales y consejeros con el fin de recepcionar las propuestas para atender cada una de las 48 observaciones del órgano contralor.

Sobre este proceso, Claudia Toledo destacó que "hemos tenido reuniones con los asesores urbanistas de las todas las municipalidades para abordar las observaciones, todo parte de un trabajo colaborativo, que también considera al Consejo Regional, el consejo de alcaldes que lidera el gobernador regional".

"Hemos recogido inquietudes de distintos organismos, entre ellos agrupaciones ciudadanas, medioambientalistas, para ver cómo podemos plasmarlas en las respuestas. Además, lo abordamos con el seremi del Medio Ambiente para ver la situación de los humedales urbanos", añade.

La seremi de Vivienda adelantó que durante mayo se reunirá con nuevos actores -Cedeus, Eula y los decanos de arquitectura-, para luego en agosto volver a realizar una presentación al Consejo Regional previo a enviar las respuestas a las observaciones. "Hemos visto cómo los planteamientos se pueden incorporar a las respuestas, entendiendo que se deben referir a los temas que la Contraloría plantea en las observaciones. Estamos viendo cómo incorporar los temas que más se han manifestado por parte de la ciudadanía, y los distintos actores", argumenta.

¿nuevo prmc?

La secretaria ministerial también ratificó que una decisión política de la cartera es iniciar la elaboración de un nuevo Plan Regulador Metropolitano para el Gran Concepción. Incluso, adelantó que todos los aspectos propuestos que no se enmarquen en las observaciones de Contraloría, sí serán considerados en el proceso de elaboración que planifican los equipos técnicos del Minvu en Biobío.

"Debería incorporar todos los temas, la imagen objetivo y los temas medioambientales, fortaleciendo la participación ciudadana. Me reuní con el equipo este jueves para ver el cronograma de elaboración del nuevo PRMC, lo que no queremos que se alargue como la modificación (...) Hay temas que se nos manifestaron que, sí se podrán incorporar en la respuesta, y otros que escapan de la respuesta, pero serían un insumo muy importante. Todo lo que salga será un aporte", detalló.

Sobre los plazos que se consideran para el nuevo Plan Regulador, anticipó que "mi meta es que podamos avanzar lo que más podamos durante el periodo de gestión nuestro, que sería fines de 2025 con la imagen objetivo resuelta y la propuesta lista, para dejar un espacio para las aprobaciones".

"Esas metas le puse al equipo técnico, lo revisamos el jueves el cronograma, y la idea es hacer un trabajo en paralelo y no tan secuencial desde lo metodológico para acortar los tiempos en algunas etapas. Además, debemos trabajar con el Gobierno Regional considerando que esta es una competencia compartida con ellos, todo sin sacrificar la participación ciudadana", cerró.

En reciente entrevista con este medio, el gobernador Rodrigo Díaz planteó que un tema en el cual se debe avanzar es el PRMC, para lo cual "por ejemplo vendrá el MIT a trabajar a la zona, en un Laboratorio de Ciudades que tiene una expertise en distintos lugares del mundo para pensar las áreas metropolitanas y no quedarnos en estos parches o modificaciones".

Sobre el trabajo que pueda hacer el instituto, la seremi Claudia Toledo detalló que "conozco el tema del laboratorio, porque lo iniciamos cuando estaba en el Gore. Mientras eso no paralice el proceso y lo dinamice, ningún problema. Se puede complementar totalmente, aunque mi única aprensión es que no nos atrasemos más como ocurrió con la modificación. No nos puede volver a suceder esto, ya que se deslegitima el proceso con el cambio de actores y normativas; mi meta es que lo terminemos en un plazo razonable que no sea mayor a cuatro o cinco años".

Este viernes, el proceso judicial que se lleva adelante contra los jóvenes involucrados en los destrozos a la Universidad de Concepción en el marco del estallido social tuvo una de sus etapas finales.

Esto debido a que tras un acuerdo levantado por la Fiscalía, tres de los seis jóvenes que aún tienen sus causas abiertas quedaron en libertad vigilada intensiva, luego de que se les declarara culpables y se redujeran las penas.

El abogado de los jóvenes Esteban Arévalo detalló que "tuvimos una audiencia de juicio abreviado respecto a tres de los seis jóvenes que quedaban con su caso pendiente. La Fiscalía hizo un ofrecimiento que significaba una baja notable en las penas, estamos hablando de 10 años a 3 años y un día, lo que permite que los jóvenes puedan cumplir su sentencia en libertad vigilada intensiva".

Ante esto, añadió que "son declarados culpables, se dicta una sentencia y se cumple en libertad. Los tres que no se acogieron a juicio abreviado es porque falta un peritaje socioeconómico para acceder a la libertad vigilada, pero se llegará a acuerdo. La audiencia está fijada para el 27 de septiembre, pero si tenemos el informe antes esperamos adelantar esa fecha".

Elena Orellana, vocera de los familiares de los jóvenes involucrados, planteó que "uno siempre espera que no haya condena alguna. Esto siempre ha sido injusto, pero logramos la libertad que necesitábamos para tres de los jóvenes y estamos contentos porque podrán seguir su vida un poco más normal. En el caso de los otros tres jóvenes, no estaremos tranquilos hasta que estén en libertad, ya que sabemos quienes son y por eso seguimos en esta lucha que ha perdurado por más de dos años".

Sobre futuras acciones, indicó que "tenemos pensado ver el tema de reparación para las familias y los jóvenes. Cuando tengamos claro lo que ocurrirá con los tres jóvenes pendientes, veremos las acciones que se adoptarán".

En tanto, el abogado Esteban Arévalo indicó que "por el momento, desde el punto de vista legal se cerraría el caso con estas libertades vigiladas, pero las familias seguirán unidas y espero que puedan formalizar la agrupación, incorporarse a la lucha por los Derechos Humanos con otras organizaciones".

Vale señalar que en el proceso que se ha llevado adelante tanto la Delegación Presidencial como la propia casa de estudios actuaron como querellantes, pese a que el plantel intentó tramitar sin éxito un acuerdo previo con las familias.

Una polémica visita a la zona fue la que realizó este jueves la exconvencional Constanza Hube (UDI), que en su paso por Los Ángeles, fue cuestionada por distintas personas por difundir información falsa.

Incluso, a través de redes sociales se difundió la entrega de material que realizó junto a la también exconvencional Paulina Veloso (RN) en la plaza de armas de la comuna angelina, donde también cuestionó a funcionarios públicos por entregar material respecto al proceso constituyente y registrar a quienes recibieron textos constitucionales.

"Quiero llamar a que las personas no entreguen sus datos personales cuando les pasen la propuesta de texto constitucional, eso no puede ocurrir", dijo en un video publicado en sus redes sociales la exconvencional Hube.

Tras conocerse las imágenes en redes sociales, exconvencionales cuestionaron su actuar: Daniel Stingo indicó en su cuenta de Twitter que "¿Recuerdan los textos falsos que estaban circulando, y que imitaban a la guía oficial de la convención? Bueno, ahora sabemos de dónde proviene tanta mentira. La ex constituyente del Rechazo, Constanza Hube (profesora de Derecho de la PUC), los reparte en la calle sin pudor", mientras que Tomás Laibe posteó "Increíble, la UDI prefiere enfrentar esta campaña con mentiras y una campaña del terror, antes que hablar del texto y defender sus ideas. Lamento que se engañe a los chilen@s de esta forma".

En sus redes sociales, Hube dijo que "increíble como cierta izquierda tilda de falso todo lo que no se ajusta a su interpretación de la propuesta constitucional que ellos redactaron. Los chilenos tienen derecho a saber tanto lo que se aprobó como lo que se rechazó, no solo lo que a algunos les conviene".