Por Karlyng Silva Leal

Tras la acogida de un nuevo recurso de protección interpuesto por víctimas de violencia en las provincias de Arauco y Biobío, la Delegación Presidencial asegura que las medidas para prevenir estos eventos y atender la necesidad de seguridad de los habitantes de la zona están en marcha y que una de ellas es el estado de excepción.

Así lo indicó la delegada regional del Biobío, Daniela Dresdner, apuntando a que los recursos iban dirigidos a la administración del gobierno anterior. No obstante, aseguró que la situación de violencia ha sido un tema de preocupación desde que asumieron y que se han hecho cargo.

"Hemos avanzado con el estado de excepción, hemos avanzado con mejoras a las capacidades de las policías, además estamos instaurando programas sociales, de infraestructura, de mejora en las condiciones de las distintas comunidades y estamos avanzando también con los temas de restitución de tierras, con los temas de parlamento. Todo esto es un conjunto de medidas que apuntan a resolver el problema de fondo", explicó.

Recurso presentado

Durante los primeros cuatro meses de gobierno, este es el segundo fallo de la Corte Suprema que apunta a la necesidad de medidas para garantizar la seguridad de habitantes o trabajadores en las provincias de Arauco y Biobío, esto en el marco de hechos de violencia ocurridos durante el año 2021, pero que se han reiterado durante este 2022.

En este caso, la decisión del máximo tribunal ocurre tras un recurso presentado cuando la Corte de Apelaciones penquista revocó una medida de protección emitida por la Fiscalía Regional del Biobío. En esta medida, Carabineros debía realizar rondas periódicas en las propiedades de 13 personas víctimas de violencia rural en ambas provincias.

En el recurso las víctimas denunciaron padecer temor por su integridad física y psíquica, esto tras sufrir agresiones, daños y amenazas de incendio a sus propiedades, ataques y hostigamientos por encapuchados quienes los emplazaron a abandonar sus domicilios en el marco de actos de terceros en reivindicación del territorio que habitan.

Un hecho ocurrido el 13 de agosto en investigación ameritó la medida de protección por 30 días inicialmente y hasta que se mantuviese el temor de atentados, hostigamientos o amenazas a las víctimas.

Con estos antecedentes el máximo tribunal determinó verosímil lo indicado por los demandantes, señalando que el enfoque primordial "debe estar en la adopción de medidas tendientes a prevenir tales contingencias para el caso concreto, advirtiendo la falta de eficacia en las políticas implementadas para enfrentar este tipo de sucesos.

Así se acogió el recurso de protección indicando que "se dispone que la Delegación Presidencial Regional, al tenor de sus facultades (…) deberá -previa coordinación con las carteras ministeriales e instituciones correspondientes - implementar un plan de medidas que procure la protección eficiente e integral de las personas recurrentes que han visto amagados sus derechos".

Víctimas

En abril de este año la Corte Suprema acogió un recurso de protección presentado por empresarios, trabajadores y gremios que han sido víctimas de ataques en la macrozona durante el 2021, con lo que las actuales autoridades de la provincia de Arauco y regional debían tomar acciones para evitar nuevas situaciones de violencia.

Al respecto, Fernando Fuentealba, presidente de la Fundación de Víctimas de Terrorismo en Chile explicó que "a nosotros esto no nos produce absolutamente nada, todo lo contrario, es hasta molesto. Porque pareciera ser un lavado de imagen de los poderes del Estado, para poder mejorar las cosas, pero no hacen nada. Porque esta es la segunda vez que emite el mismo fallo y desde que lo hicieron las víctimas continúan aumentando".

Sobre esta situación, la delegada Dresdner sostuvo que "ambos casos corresponden a denuncias que se hicieron durante el año anterior, pero insisto, nosotros estamos haciéndonos cargo de esos problemas desde que entramos y seguiremos haciéndolo y ocupando todas las herramientas que nos entregue el estado de derecho para poder entregar mayor y mejor seguridad a las personas que viven en estos sectores".

13 víctimas de violencia interpusieron el recurso de protección tras diferentes eventos de amenazas y hostigamiento

Ocho jóvenes que cumplen sanción privativa de libertad en el Centro de Régimen Cerrado (CRC) de Coronel participaron en una capacitación laboral enfocada en la conducción de grúas horquilla. Se trata de una iniciativa del Servicio Nacional de Menores (Sename), que desde el año pasado se avoca exclusivamente al área de justicia y reinserción juvenil.

Este tipo de actividades conjuga el apoyo de profesionales del Sename, con la perseverancia y dedicación de los beneficiarios, enfocándose como una estrategia establecida por el servicio para que los jóvenes puedan responsabilizarse de sus acciones y acercarse a la justicia y reinsertarse de manera oportuna a la sociedad.

El director regional del servicio, Robert Contreras, precisó que estos "son espacios para que los jóvenes puedan continuar superando barreras, tanto personales como las que la vida les ha puesto. Buscamos siempre la mejor alternativa para que puedan acceder a círculos virtuosos para su desarrollo a través de la capacitación laboral, la continuación de estudios y la rehabilitación de adicciones".

Capacitación

En este caso, la estrategia apunta a aumentar el acceso de los jóvenes a cursos de capacitación a través de financiamiento propio, del trabajo intersectorial con el Servicio Nacional de Capacitación y Empleo (Sence) y la colaboración con el sector privado.

"En el caso de esta capacitación hemos recibido el financiamiento necesario a través del programa Transferencias al Sector Público otorgado por Sence" explicó Contreras.

Cabe recordar que desde el 1 de octubre de 2021 Sename se encarga de la reinserción juvenil, dejando las responsabilidades de cuidado de la niñez en el Servicio Mejor Niñez. En este contexto, el servicio se enfoca en el diseño y desarrollo de prestaciones en el marco de la Ley de Responsabilidad Penal Adolescente, la cual se aplica a adolescentes y jóvenes que estuvieron en conflicto con la ley entre los 14 y 17 años de edad.

Durante la madrugada de ayer encontraron dos cadáveres en Los Ángeles con evidencia de impactos de arma de fuego. Según constató la Policía de Investigaciones, ambos sujetos mantenían antecedentes policiales, mientras que uno de ellos, menor de edad, había sido detenido previamente en una amplio operativo de la Brigada de Homicidios en la comuna.

Según detalló el subprefecto Néstor del Valle, jefe de la Brigada de Homicidios de Los Ángeles, los detectives acudieron hasta la calle Río Seco, en donde encontraron el vehículo "con dos personas fallecidas al interior, uno de ellos menor de edad, ambos presentan lesiones por múltiples disparos con arma de fuego".

El detective indicó que ya se encuentran en curso las pericias y diligencias necesarias para aclarar la ocurrencia de este delito y otros hechos relacionados. "Las víctimas de este hecho registran antecedentes policiales por diversos delitos, el menor fallecido habría sido detenido por la Brigada de Homicidios el pasado mes de abril en una diligencia realizada en conjunto con otras unidades, donde se detuvieron a varias personas pertenecientes a la organización "El Gallineta", agregó.

A mediados de abril, la PDI realizó un gran operativo policial en la comuna tras una serie de homicidios que levantaron alertas en la comunidad. En dicho procedimiento allanaron 25 inmuebles y detuvieron a 16 personas, de los cuales a 6 se les imputaban delitos de homicidio.