Despliegue ministerial por crimen organizado
Durante esta semana y con dos días de diferencia, las máximas autoridades del Ministerio del Interior estuvieron en la Región del Biobío para encabezar reuniones con representantes locales en torno a materias de seguridad, control del delito y acciones para abordar las situaciones más complejas que afectan a la zona, incluido el estado de excepción que rige en las provincias de Arauco y Biobío desde el 17 de mayo pasado, al igual que en la Región de La Araucanía.
Tanto la ministra del Interior, Izkia Siches, como el subsecretario de la cartera, Manuel Monsalve, centraron sus agendas en el estado de emergencia y el delito de robo de madera que afecta al territorio que tiene vigente la medida constitucional, así como otros ilícitos que generan preocupación a nivel local.
En su primera visita a la Región, Siches, cumplió con una breve, pero intensa visita. Sostuvo una reunión con el gobernador regional Rodrigo Díaz, en la que escuchó sus solicitudes e inquietudes sobre problemáticas locales. Luego el comité policial en que se realizó la evaluación del estado de emergencia vigente y que incluyó al Jefe de la Defensa, contraalmirante Juan Pablo Zúñiga, así como a representantes de diversas instituciones gubernamentales y policiales, además de representantes de los parlamentarios locales.
Posterior a este encuentro, la secretaria de Estado aseguró que, particularmente en la Región del Biobío, la medida constitucional ha demostrado una reducción de los hechos de violencia, pero insistió en que es una estrategia complementaria. Aludiendo al plan Buen Vivir que puso en marcha la administración del Presidente Gabriel Boric, sostuvo que a través de otras iniciativas paralelas el Estado está llegando con inversión a las provincias, que afirmó "históricamente han sido rezagadas y que les golpea la pobreza de forma directa".
Respecto del robo de madera, que se ha identificado como la principal fuente de financiamiento de los grupos armados que operan en la zona, la ministra sostuvo que la idea es avanzar en un trabajo prelegislativo en el que se puedan hacer las indicaciones en conjunto con el Ministerio del Interior, las policías y autoridades políticas de la región que permitan desbaratar a las bandas dedicadas a este delito. Recordó que para desactivar y perseguir financieramente las organizaciones dedicadas a este ilícito se requieren capacidades investigativas que requieren la aprobación del proyecto de ley definido por el Gobierno.
Quedó claro que la visita posterior realizada por el subsecretario Monsalve seguía en la misma línea, ya que el punto central de su presencia en la zona fue la conformación de la primera Mesa contra el Crimen Organizado, que tiene por objetivo definir prioridades en materia de combate a ilícitos como el robo de madera, el narcotráfico y el tráfico de armas, así como también al robo de salmón y de cables de cobre.
A la instancia fueron convocados representantes de instituciones de gobierno y estatales para determinar el trabajo a realizar en el marco de los ilícitos cometidos de forma organizada y, en particular, a aquellos que generan mayores efectos en la Macrozona Sur. La caracterización de las organizaciones dedicadas a los ilícitos definidos como prioritarios es compleja, no solo por el tipo de delitos sino también por sus capacidades, que según sostuvo la autoridad ministerial son altamente sofisticadas, con poder económico e ingeniería definida para el lavado de activos.
Por eso, ambas autoridades hicieron énfasis en que deben ser enfrentadas a través de una normativa más robusta, que permita la coordinación intersectorial. Para ello, la próxima semana el Gobierno ingresará indicaciones al proyecto de ley que ya se encuentra en trámite en el Congreso, que busca tipificar y entregar otras herramientas al Estado para perseguir de manera más eficaz el robo de madera, ya que, como dijo el subsecretario "no se trata solo de fiscalizar, se trata de tener mejores condiciones de trazabilidad de la madera".
Una novedad concreta en que este año el gobierno firmará dos resoluciones que permitirán modificar el contrato de concesiones: el primero de ellos en octubre para la Ruta 5 entre Collipulli y Temuco, y el siguiente en diciembre para la Ruta 160 en Arauco. Esto permitirá que la exigencia de instalar cámaras de vigilancia, cámaras térmicas y pórticos de lectura de patentes en ambas carreteras, lo que debería contribuir a mejorar las capacidades para fiscalizar delitos como el robo de madera.
La decisión no es al azar, ya que se trata del cumplimiento de una de las exigencias realizadas a mediados de abril por los transportistas del gremio forestal, que se manifestaron varios días en las rutas exigiendo mayor seguridad. Se entiende que las medidas anunciadas y la presencia de las autoridades son un claro mensaje de preocupación por los acontecimientos que afectan a la Región y es una buena señal que se realicen en coordinación con los representantes locales, aunque el destino de algunas de ellas siguen estando en manos de los congresistas, que determinarán con sus votos si se pueden concretar.
La caracterización de las organizaciones dedicadas a los ilícitos definidos como prioritarios es compleja, no solo por el tipo de delitos sino también por sus capacidades: altamente sofisticadas, con poder económico e ingeniería definida.