Por Redacción

El ministro de Hacienda, Mario Marcel, detalló en la última jornada cómo se aplicará el impuesto al arriendo de propiedades DFL2, es decir, menores a 140 metros cuadrados, anunciado en la presentación de la reforma tributaria: "Solo corresponde pagar impuestos a la renta por los ingresos por arriendo, siempre que sean superiores a $770.000".

"No se paga impuesto a la renta por las propiedades que uno habita", afirmó el secretario de Estado ayer en Mega: "Solo corresponde pagar impuestos a la renta por los ingresos por arriendo, siempre que sean superiores a los $770.000".

"Si una persona vive en su misma propiedad, o su familia vive en una propiedad, y no cobra arriendo, no le corresponde pagar nada. No le van a cobrar, porque simplemente nadie va a estar pagando arriendo por estos departamentos", explicó el titular de Hacienda.

Porque "hoy día los ingresos por arriendo están afectos a impuesto a la renta, lo que pasa es que hay mucha gente que no lo paga. A veces hay gente que ni siquiera lo sabe, pero los ingresos por arriendo están afectos por impuesto a la renta", destacó Marcel. Debido a esto, "se ha generado un cierto revuelo por el hecho de que hoy en día hay una exención por arriendo de propiedades DFL2".

Este modelo habitacional fue creado a comienzos de los años 60, como "un incentivo a que las personas compraran la casa propia, pero los beneficios se ampliaron de tal manera que, por ejemplo, había gente que compraba varios departamentos, los arrendaba, era un inversión, con eso generaba un ingreso importante y no pagaba impuesto. Eso se ha ido restringiendo en el tiempo, y ahora la propuesta es terminar de eliminarlo, porque en realidad no corresponde a la naturaleza, al propósito del DFL", sostuvo el expresidente del Banco Central.

Numerosos adultos mayores viven de rentas a inmuebles, ingresos con las que complementan su jubilación, ante lo cual el ministro señaló que "si ese arriendo le reporta un ingreso menor a $770.000, no le va a corresponder pagar impuesto. Y si le reporta un ingreso algo mayor, bueno será solo sobre el margen".

"beneficio al arriendo"

Marcel explicó que en la propuesta del Ejecutivo "hay una cosa bien interesante: en esta reforma se está proponiendo un beneficio para las personas que están arrendando", porque "hoy en día, en el impuesto a la renta, uno puede rebajar de impuesto los intereses que paga en un crédito hipotecario, eso para las personas que están comprando con un crédito hipotecario, pero la persona que arrienda no tiene un beneficio equivalente. Aquí se está creando ese beneficio, por lo tanto, va a poder rebajar hasta $450.000 del arriendo que paga de su declaración de impuestos".

"Esto, probablemente, va a ayudar a quienes son arrendatarios sean mejores pagadores, porque el Estado los va a estar, en buena medida, ayudando con este beneficio tributario, y para el arrendador va a significar que va a tener más constancia en el pago de un arriendo", agregó el titular de Hacienda.

Por ejemplo, "si una persona tuviera un ingreso de $1 millón por arriendo, pagaría $8.000 mensuales de impuesto solamente. En un año pagaría $96.000, pero si, por la vía del beneficio que se le da al arrendatario se evita solamente un mes de no pago, con eso ya tiene cinco veces el impuesto que tiene que pagar el propietario", sostuvo el ministro.

"Esta es una reforma que, una vez que sea aprobada (en el Congreso, cuyo trámite comenzará esta semana), va a pasar un año y medio antes de que comience a recaudar, entonces, en realidad uno no tiene que pensar en 2022, sino que en 2024", dijo Marcel, ante la incertidumbre económica en el mundo.

El excandidato a La Moneda José Antonio Kast escribió en Twitter que "Chile necesita recuperar la inversión, el trabajo y el progreso. El impuestazo del Gobierno no recaudará lo que promete y seguirá haciendo crecer el Estado y los operadores políticos que abusan de él".

El Presidente Gabriel Boric ayer fue a Pichidegua, Región de O'Higgins, a celebrar el Día de las Cooperativas, donde aseguró que la reforma tributaria "nos va a permitir justamente tener un desarrollo más justo, más equitativo, una sociedad que sea más inclusiva. (...) Y que tenga además equidad territorial, en donde las regiones, los territorios, las comunas sean prioritarias y las decisiones se tomen en sus localidades y no se vengan a imponer desde Santiago", destacó, debido a que una de las propuestas que serán evaluadas por el Congreso es que el royalty minero y los impuestos correctivos vayan a los gobiernos regionales.

Las encuestas vienen mostrando un alza sostenida del "Rechazo". Hay distintas razones para dar cuenta de dicha tendencia, aunque dos se repiten en casi todas las mediciones: por un lado, el espíritu poco dialogante -a veces incluso soberbio y arrogante- de los convencionales ha generado descontento y rabia en una población cada vez más deseosa de acuerdos transversales.

Por otra parte, muchos de los artículos de la propuesta de la Convención hacen de Chile un laboratorio experimental, con todos los costos que ello podría acarrear. Es cosa de ver cómo quedó el sistema político propuesto, construido en base a un extraño presidencialismo con bicameralismo asimétrico: de aprobarse el borrador, el nuestro pasaría hacer el primer país del mundo con un régimen con esas características. En momentos cuando la incertidumbre campea, ese salto al vacío simplemente no pinta bien.

Ello explica las voces de alerta. Los senadores Rincón y Walker han liderado las negociaciones para encontrar un mecanismo que permita continuar el proceso constituyente en caso de que triunfe el "Rechazo", convencidos como están de que el mandato ciudadano en el plebiscito de entrada fue fuerte y claro: el país requiere y merece una nueva Constitución.

Los académicos también han hecho lo suyo. Constitucionalistas de centroizquierda, como Jorge Correa y Zarko Luksic, publicaron hace unas semanas el documento "Una Constitución alternativa para Chile", el cual plantea que, así como no "resulta viable ni conveniente que la actual Constitución permanezca inalterada", el borrador "elaborado por la Convención Constitucional" tampoco concita "el amplio consenso ciudadano que requiere una Carta Fundamental". De ahí la necesidad de actualizar, mediante la preparación de un nuevo texto, "los elementos más genuinos de la cultura democrática chilena a la luz de los desafíos" del siglo XXI.

Desde la centroderecha ha ocurrido algo similar: la plataforma www.casadetodos.cl reúne una serie de "propuestas elaboradas sobre la base de Iniciativas Populares de Norma y de convencionales constituyentes de todos los sectores". Es decir, lejos de desechar el trabajo de la Convención, esta "invitación" contempla nudos y conceptos ya discutidos con el objeto de contar (si es que el texto de los convencionales no es aprobado) con una "buena nueva Constitución" que sea representativa de la sociedad en su conjunto.

El uso de la palabra "invitación" no es casual: nadie está en condiciones de arrogarse la última palabra en una cuestión tan significativa como la creación de un pacto constitucional. Lamentablemente, la izquierda octubrista no piensa igual y, de hecho, está más interesada en convencernos de que la Convención sería una suerte de espacio sagrado e intocable que en reconocer la legitimidad de quienes piensan distinto. Vaya concepción de democracia esa que no acepta la crítica e impone una concepción única de la vida política y social.

Todo esto es especialmente grave. Lo que está en juego no es una ley o una reforma más, sino los pilares institucionales que sostendrán nuestra convivencia. Así las cosas, me pregunto si no habrá llegado el tiempo de volver a empezar; de asumir que el "Rechazo" puede ganar, pero que eso no significa tirar por la borda lo que hemos avanzado.

Lo he dicho en otras columnas, pero vale la pena repetirlo: el cambio constitucional llegó para quedarse, de eso no hay duda. Lo importante ahora es unir algunos criterios básicos para tener una Constitución construida entre todos, sin arrogancias, exclusiones ni vetos. El plebiscito de septiembre es sólo el comienzo.

Juan Luis Ossa

El diputado de Renovación Nacional Miguel Becker solicitó a la Comisión de Defensa de la Cámara de Diputados la realización de una sesión especial para analizar los constantes viajes entre Caracas y Santiago de una avión de la empresa estatal venezolana Conviasa.

La solicitud del parlamentario se fundamenta en las sospechas que provocó en Argentina esta misma situación y que llevó a la autoridades a detener a 14 tripulantes de la misma aerolínea, de los cuales cinco eran ciudadanos iraníes con una supuesta vinculación a grupos terroristas.

La aeronave venezolana aterrizó en el país el pasado 23 de junio, generando preocupación entre distintos sectores políticos, debido a que existía una alerta internacional emanada desde Paraguay y Uruguay y que finalmente llevó a la detención del avión en Argentina.

El diputado Becker solicitó, además, al Ministerio del Interior que se investigue y que se entregue toda la información respecto e los motivos y fundamentos del paso del avión por Chile.

"La coincidencia entre ambas situaciones y la necesidad de prevenir actos de terrorismo internacional en nuestro territorio nacional, como también despejar cualquier duda del motivo de estos vuelos y la integración de la tripulación, nos obliga a solicitar toda la información necesaria y pedir una sesión especial al respecto", señaló el parlamentario.

Los diputados Alfredo Jouannet del comité Radical-Liberal y Francisco Undurraga de Evópoli, ambos integrantes de la Comisión de Defensa de la cámara, anunciaron la intención de crear una comisión investigadora para fiscalizar las actividades y operaciones de la empresa estatal venezolana Conviasa en Chile.

La petición de los parlamentarios ya fue ingresada a la oficina de partes a la espera de la firma de 62 parlamentarios (2/5) que se necesitan para la presentación en el pleno y la creación de dicha comisión.

El avión patente YV3533 de propiedad de Conviasa, y anteriormente de la empresa iraní Mahan-Air, volvió a Caracas a pesar de tener sanciones pendientes por parte de EE.UU.