Ser chileno significa ser propietario del cobre que existe en suelo patrio. Aunque suene raro, somos dueños no sólo de ese mineral, sino de todos los minerales que se encuentran en nuestro territorio, y quienes quieran extraerlos y venderlos, deben compensarnos por hacerlo. De eso se trata el royalty.

Cuando se explota un recurso natural no renovable, como es el caso del cobre y otros minerales, se genera un serio impacto ambiental, por lo que es necesario compensar a la población, especialmente a la que vive cerca de los yacimientos y que reciben las consecuencias directas de esta actividad, como la contaminación ambiental, los ruidos y olores, etc.

Pero el royalty no sólo se requiere de manera urgente para ese fin, sino que además presenta una oportunidad única para dinamizar la economía, aumentar la inversión en ciencia y avanzar en el desarrollo de tecnologías limpias y amigables con el medioambiente. Además de otorgar financiamiento permanente para planes de recuperación ambiental y social de las regiones donde se sitúa la actividad minera, entre muchas otras posibilidades.

Si bien el royalty no es materia constitucional, sí es necesario que la actual propuesta de nueva constitución, a ser votada en septiembre, facilite y amplíe la mirada en cuanto a estas posibilidades. En este sentido, el borrador presentado manifiesta que "el Estado tiene dominio absoluto y exclusivo de todas las minas y minerales". Esto le da el mandato al Estado de ordenar y aterrizar esta discusión.

Sin embargo, hay que tener claro que existe una multiplicidad de realidades en cada zona el país, así como también diferentes tipos y tamaños de empresas mineras. El royalty debe reflejar esta diversidad o, de lo contrario, nos arriesgaremos a que sea una propuesta que la pequeña minería no pueda soportar o incluso perdamos competitividad a nivel internacional.

Otro factor importante para tener un royalty que cumpla su cometido es la necesidad de acabar con el clientelismo. Es primordial que quienes son parte de las comisiones revisoras de la propuesta no representen intereses mezquinos o se encuentren envueltos en escándalos de financiamiento a la política pues esto puede arruinar la validez de la ley.

Tampoco hay que desconocer que estamos en un escenario inflacionario y con alto nivel de inestabilidad política y económica, con fuertes fluctuaciones en el tipo de cambio y del precio del cobre, hasta el potencial escenario de recesión técnica que según expertos viviremos probablemente en septiembre, justo en las fechas cercanas al plebiscito de salida. Por todas las razones anteriores, la propuesta es aprender de la experiencia internacional, recurrir a información científica para tomar decisiones basadas en la evidencia y que tengamos por fin un royalty que nos permita dar el salto al desarrollo sostenible que tanto anhelamos.

Probablemente la representación que la mayoría de las personas tenemos de la Universidad es que ella es una institución que se caracteriza por la más amplia libertad de pensamiento y de expresión, la institución en la cual priman, por sobre cualquier otra consideración, los valores de la argumentación, de la racionalidad, el amor al conocimiento y a la verdad. Es un logro civilizatorio que una institución sea concebida en base a este imaginario. Ciertamente, se trata de un imaginario que ha vivido desde siempre las más diversas amenazas y que se sitúa a una altura elevada, inevitablemente por sobre lo que una obra humana puede ser. Pero se trata de un imaginario a defender y proyectar.

Entre las diversas amenazas contemporáneas a ese imaginario hay una que me interesa destacar, porque es paradójica y puede no ser notoria a primera vista, pues se alimenta de valores también civilizatoriamente importantes: la justicia, el reconocimiento a quien ha experimentado humillaciones y desvalorizaciones, el respeto al otro y al sufrimiento ajeno. Es paradójico pues, en principio, no hay contradicciones entre estos valores y el valor de la libertad, pero sí, en los hechos, su coexistencia puede tener tensiones. Si una persona emite un comentario que es considerado que favorece la injusticia o que no reconoce el sufrimiento del otro, o que "atenta" contra una minoría, puede ocurrir que se le solicite su silencio, o que se le castigue (funas añadidas también). Diversos académicos en distintas partes del mundo señalan que sucesos así están ocurriendo. Las denominaciones que se le dan al fenómeno son diversas: cultura de la corrección política, cultura "woke", cultura de las identidades. Un nombre más expresivo de la naturaleza del problema es "cultura de la cancelación". Un aspecto nuclear del fenómeno es la justificación de la censura a determinados planteamientos y la denigración de quienes los expresan sobre el supuesto de que esos planteamientos violentan determinados valores y sensibilidades. Lo último es particularmente delicado: dada la potencia que tiene el definirse como víctima de un daño provocado por un determinado planteamiento en el actual contexto cultural, la invocación a una sensibilidad herida tiende a dar por correcto, e incluso necesario, aplicar castigos al supuesto culpable.

Lo que señalan diversos testimonios es que la incapacidad de las autoridades de las universidades para interpretar el fenómeno señalado oportunamente, ha hecho que hayan tolerado pérdidas significativas del "espíritu universitario". Algunos autores hablan de la infantilización de la universidad actual como efecto de esa acomodación irreflexiva y falta de coraje. Escribo estas líneas en la esperanza de que las universidades chilenas sepan aprender de esas experiencias y defender lo más valioso que hace a la institución universitaria: la libertad de pensamiento y expresión.

La Asamblea General de las Naciones Unidas declaró este año como el Año Internacional de la Pesca y Acuicultura Artesanales, como una forma de visibilizar y crear conciencia sobre la importancia del sector. En Chile, el 29 de junio fue declarado el Día Nacional del (la) Pescador(a) Artesanal, para reconocer la relevancia económica y cultural de su labor.

El aumento de la temperatura del planeta es una de las principales causas del cambio climático, cuyas consecuencias son cada vez más evidentes; sequías, incendios, deshielos, inundaciones y aumento del nivel del mar, entre otras. En este escenario, los océanos cumplen un rol clave en la adaptación y en la mitigación de sus efectos en el planeta; son un notable disipador de calor y absorben cantidades considerables de CO2 de la atmósfera.

Por otra parte, constituyen una fuente laboral y de ingresos fundamentales para las comunidades costeras, quienes dependen en gran medida de los recursos que el mar provee los que, a su vez, constituyen parte importante de la alimentación para el ser humano. Por todas estas razones (y muchas más), se hace relevante orientar esfuerzos para promover la sustentabilidad de los océanos y de sus recursos a nivel global.

Chile posee una costa de más de 6.000 km de longitud, en la cual se emplazan cerca de 500 caletas y donde ejercen más de 97.000 pescadores artesanales. Al año 2021 se registró un desembarque total (pesca artesanal, industrial y acuicultura) de cerca de 3,9 millones de toneladas de productos del mar, de las cuales el 40% proviene de la pesca artesanal. Dicho esto, Chile es uno de los países más afectados por el cambio climático en el sector de la pesca artesanal; los altos niveles de explotación de muchos de los recursos pesqueros dificultan la recuperación de los ecosistemas, generando un alto grado de vulnerabilidad frente a los cambios ambientales.

En este escenario se hace imperante acelerar la trayectoria hacia una pesca más sostenible, que permita conservar la diversidad biológica y garantizar la actividad pesquera a las futuras generaciones, principios que son compartidos por la gran mayoría de los pescadores artesanales en Chile, y que conforman los objetivos fundamentales del programa Caletas Sustentables, que impulsamos desde Fundación Chile.

Este programa nace en 2019, con el objetivo de impulsar una actividad más sostenible en las caletas de pescadores artesanales, promoviendo, al mismo tiempo, el desarrollo económico de las comunidades pesqueras a lo largo de Chile.

A través de este programa hemos identificado tres principales áreas de acción: por un lado, sustentabilidad, esto es, fomentar prácticas pesqueras que contribuyan a la salud de los ecosistemas marinos, promoviendo el resguardo y/o recuperación de especies comerciales sensibles.

Por otro lado, productividad, es decir, fomentar la producción sostenible que permita aumentar la eficiencia productiva y comercial, mejorar la calidad de los productos y promover la diversificación de la actividad pesquera/ acuícola, generando nuevas o mejores oportunidades económicas para la comunidad local.

Finalmente, la colaboración: desarrollar e instalar modelos de desarrollo colaborativos entre diversas organizaciones públicas y privadas, incorporando a las comunidades locales como eje central de Caletas Sustentables. Movilizar estos tres ejes ha significado un importante impacto social para las caletas participantes.

Si bien son múltiples y diversas las acciones a emprender, existen algunas que pueden ser fomentadas por la misma comunidad, tales como; consumir productos provenientes de la pesca legal, reducir la pérdida y desperdicios de estos alimentos, e impedir y prevenir la contaminación del mar.