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Tanto la Cámara de Diputados como el Senado aprobaron este miércoles una nueva prórroga del estado de excepción que rige desde el 17 de mayo para las provincias de Arauco y Biobío, además de la Región de La Araucanía, ante la crisis de violencia rural, extendiéndolo ya por dos meses.

La jornada de ayer, donde la medida promovida por La Moneda obtuvo 100 votos favorables en la Cámara Baja y 31 a favor en la Cámara Alta, estuvo marcada por las diferencias de algunos legisladores de la oposición que, hasta la última votación habían respaldado la medida que entrega facultades a las Fuerzas Armadas de despliegue.

En concreto, el voto en contra del diputado Sergio Bobadilla (UDI), la abstención de la diputada Marlén Pérez (Ind.-UDI) y la abstención por pareo del senador Enrique van Rysselberghe (UDI) fueros los principales cambios entre los legisladores de la zona.

A ellos, se sumó el voto en contra de las diputadas María Candelaria Acevedo (PC), Clara Sagardía (Ind.-CS) y Félix González (PEV), quiénes mantuvieron su tendencia a rechazar la medida; los ocho diputados y dos senadores restantes votaron a favor.

Durante la mañana, existía gran expectativa respecto al rol que jugarían las bancadas de oposición, que con anterioridad habían entregado su respaldo al Ejecutivo.

El primero en ratificar su postura en contra del estado de excepción fue el diputado Sergio Bobadilla, que en su argumentación dijo que "se intenta aprobar un estado de excepción acotado, pero como es una figura ilegal, el Gobierno lo denomina un estado inteligente y focalizado. Que soberbia la del Gobierno, los invito a que sean más humildes, y piensen más en las víctimas que en los narcoterroristas que destruyen la zona".

En la misma línea, y pese a que decidió abstenerse de votar a diferencia de la ocasión anterior en que aprobó la medida, estuvo la diputada Marlén Pérez: "Lamento que las cosas no se estén haciendo bien. Todos sabemos que el estado de excepción acotado no es suficiente, lo que vive la gente en la macrozona es brutal y lamentablemente muchos sabemos que no es suficiente, sin embargo, igual terminamos apoyando y avalando que las cosas se hagan a medias. No podemos seguir permitiendo eso, porque lo que ocurre es terrorismo, narcotráfico y robo de madera, y requerimos un plan estratégico para afrontar esto. El plan no lo conocemos, y debemos trabajar con seriedad y responsabilidad".

Durante la tarde, en el Senado las críticas también se materializaron en quitar el respaldo a una medida que la oposición califica como insuficiente. El senador Enrique van Rysselberghe -que se abstuvo por pareo- dijo que "se reconoce que el estado de excepción ha sido una medida efectiva tal como lo dijimos e hicimos ver en marzo pasado, cuando asumió el Presidente Boric. En esa época, las mismas autoridades que vienen a defender la medida y su continuidad, nos dijeron que el estado de excepción no servía, no era una medida efectiva y que la presencia de los militares solo agudiza el conflicto".

Falta de convicción

Las críticas al carácter acotado de la medida también vinieron de quienes le entregaron su respaldo, algunos incluso reconocieron que votaron a favor a regañadientes. La diputada Flor Weisse (UDI) -que mantuvo en duda su votación hasta último minuto- argumentó que votó a favor "porque se me resulta muy difícil ser cómplice de la eliminación de un instrumento positivo y eficiente, y lucharé para que el Gobierno lo haga con sentido de realidad, y no siga acotando el derecho de los ciudadanos de la zona a trabajar, vivir y dormir en paz".

Su par del Partido de la Gente Karen Medina indicó que las soluciones comprometidas aún no llegan, y que "vemos a autoridades ausentes cuyo compromiso inicial se desvanece con los días. La seguridad no es una estrategia de campaña, es una responsabilidad de todos, especialmente del Ejecutivo y las medidas efectivas que se tomen, junto a los compromisos cumplidos".

Durante la tarde, en la Cámara Alta se repitieron los cuestionamientos a la medida. El senador Sebastián Keitel (Evópoli) argumentó que "me preocupa lo que pasará en caso de que gane el Apruebo, donde vemos un estado de excepción constitucional y tras el 4 de septiembre se elimina el estado de emergencia, y queda la opción del estado de sitio o de catástrofe".

Desde los representantes del oficialismo en la zona, solo el senador Gastón Saavedra (PS) salió a defender la medida, apuntando a que "junto con el control de las fuerzas de orden, está lo que siempre se reclamó, que era implementar un plan para solucionar con diálogo un problema histórico. El gobierno ha comenzado a implementar una serie de esfuerzos para afrontar este conflicto, con el despliegue militar y un esfuerzo intersectorial".

Oposición tensiona debate por prórroga a estado de excepción

El fiscal regional Jorge Abbott indicó que el trabajo para abordar los fenómenos delictuales que afectan a la Macrozona Norte y Sur requieren un enfoque suprarregional, para generar una labor mancomunada tanto entre fiscalías y las policías, principalmente las unidades de análisis criminal.

Así lo indicó el persecutor tras el Consejo General de Fiscales que tuvo lugar en Concepción. En la instancia, el fiscal destacó que entre los temas abordados estuvo la necesidad de abordar los delitos que cada vez superan las características regionales, además de la preocupación por la seguridad de testigos y fiscales.

"Hemos incentivado el trabajo de las macrozonas, tanto la macrozona sur y norte y la realización del consejo hoy día acá tiene por objeto realzar precisamente esa forma de trabajo que nos permite dar una mirada global a fenómenos criminales que no solo tienen expresiones en cada región, sino que cada vez tienen expresiones de carácter suprarregional", explicó.

A esto agregó que los fiscales regionales pudieron analizar esta situación, que se enfoca principalmente en los delitos de mayor connotación social, que son precisamente los que preocupan a la ciudadanía. "Hemos reclamado tener fiscalías supraterritoriales que puedan hacerse cargo de investigaciones que van mucho más allá de una región, de forma tal de poder optimizar el uso de los recursos", agregó.

Por su parte, la fiscal regional, Marcela Cartagena destacó que en la macrozona Sur se despliegan investigaciones sobre "organizaciones criminales que se desenvuelven en torno a la violencia neta, la sustracción de madera (...) un delito que veníamos viendo como aledaño de otros fenómenos delictivos, pero nunca como un delito principal".

A esto agregó que la investigación se está centrando en establecer las organizaciones criminales que replican modelos y con ello poder atacarlos desde la visión de los delitos contra la propiedad y fenómeno tributario, de tal manera de lograr cautelares o penas mayores, como privación de libertad y afectar patrimonios en caso de culpabilidad.

Ayer el Arzobispado de Concepción informó a través de un comunicado público la responsabilidad del presbítero Roberto Valderrama en el caso de abuso sexual que la iglesia investigaba en su contra y que el mismo Arzobispado llevó adelante. Se trata de un sacerdote conocido por realizar rituales de sanación y exorcismo.

Así el comunicado indica que se le notificó a Valderrama "el término del proceso administrativo penal que pesa en su contra, el cual ha determinado su responsabilidad en los delitos investigados (...). Esta investigación fue remitida a la Congregación para la Doctrina de la Fe, para que determine lo que corresponda".

El texto indica que el presbítero continúa con las medidas cautelares que se le habían impuesto con anterioridad, además de la prohibición del ejercicio público del ministerio.

Cabe recordar que la denuncia fue presentada por la familia del mismo sacerdote investigado y que tenía relación con que este habría cometido abuso sexual a un familiar mientras participaba en una de las ceremonias de exorcismo o sanación. Esta situación motivó a que los antecedentes fueran entregados a la justicia eclesiástica, la cual se pronunció ayer al respecto.