El pasado jueves, con el apoyo unánime del pleno del Consejo Regional, la propuesta presupuestaria 2023 del Gobierno Regional del Biobío ascendiente a $133 mil millones culminó su primera etapa, una que deja grandes satisfacciones y nos permite llegar hasta Santiago a defender esta cifra con respaldo político transversal.

Precisamente, la necesidad de poner primero los intereses de la región antes que los proyectos personales es la convicción que inspira la construcción del presupuesto 2023. Tal como lo dijimos durante la consulta ciudadana #DecideBiobío, o cuando hemos abogado por diálogo y seguridad para las provincias de Arauco y Biobío: en los grandes desafíos regionales debemos actuar con la camiseta de la región, y el presupuesto 2023 nos convoca a todos y todas.

¿Por qué $133 mil millones? El erario regional diseñado para el próximo año supone un salto presupuestario, uno que se hace cargo de las obras y políticas que, desde la gestión del Gobernador Rodrigo Díaz, han sido definidas como estratégicas y urgentes para mejorar la calidad de vida de las personas.

Tal es el caso de los convenios de programación, o de inversión conjunta, entre el Gobierno Regional y entidades nacionales como Obras Públicas, EFE o Carabineros de Chile, que representan un conjunto de acciones a corto y mediano plazo que atacan dolores regionales en materias como conectividad, transporte y seguridad.

Pero también planteamos esa cifra con sentido de responsabilidad. Cuando asumimos como el primer Gobierno Regional electo el 14 de julio de 2021, recibimos una ejecución presupuestaria mínima, de apenas un 26,9%. Ese desolador panorama fue contrarrestado con el compromiso del equipo regional, que desembocó en una ejecución de un 99,1% en diciembre del año pasado. En cinco meses triplicamos el gasto. Un ritmo de trabajo inédito.

Hoy, después de lograr un crecimiento presupuestario de $10 mil millones respecto de 2021, podemos sostener que seguimos en la senda de la buena política. A mayo, presentamos una ejecución del 23,5%, muy superior a la del 19% en mismo período del año pasado. Biobío es hoy una de las cuatro regiones que ha crecido en su ejecución presupuestaria. Ya no miramos la parte baja de la tabla, muy por el contrario. Apostamos alto porque sabemos de lo que somos capaces.

Sin duda alguna estas afirmaciones cobran sentido por el momento que vivimos en materia de descentralización. La figura de un Gobernador con respaldo popular y el camino sin retorno hacia regiones empoderadas, nos permite situarnos frente a Santiago con otra perspectiva. Ya no pedimos, hoy demandamos; no somos administración, somos Gobierno.

No esperamos, actuamos, y el presupuesto 2023 nos debe poner a la altura de los grandes desafíos regionales.

Hace cinco años, las Naciones Unidas declararon el 27 de junio como el Día de las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas. Teniendo como foco la altísima participación de este tipo de empresas dentro de la economía local y global (Mypimes representan el 50% del PIB a nivel mundial), es fundamental reflexionar sobre su importancia para la sostenibilidad social y económica de nuestras comunidades de la región.

Según datos del Observatorio Laboral Biobío, en la región son alrededor de 110.000 las personas ocupadas por cuenta propia, siendo un 71,6% de ellas trabajadoras y trabajadores informales. La Encuesta de Microemprendimiento (2019) señala que un 78,2% de las personas que desarrollan emprendimientos no cuentan con estudios superiores, un tercio cuenta sólo con educación básica y un 67% no lleva registros formales de su contabilidad. Entonces, la preparación educativa se vislumbraría como un factor relevante al observar el problema de la informalidad laboral.

La baja formación de base tiene diversas consecuencias, incluyendo una ausencia de competencias laborales necesarias para el trabajo en el siglo XXI, bajas posibilidades de reconversión laboral ágil y bajas expectativas en torno al propio desarrollo y las propias capacidades.

Desde INFOCAP, llevamos 14 años en la región tratando de aportar al desarrollo laboral y personal de trabajadoras y trabajadores que buscan mejorar sus condiciones de vida, a través del trabajo independiente. A partir de esta experiencia, proponemos cinco líneas de trabajo para apoyar a quienes más amenazas encuentran en el camino. 1) Fortalecer competencias laborales, tales como: finanzas, gestión de proyectos, herramientas comunicacionales, herramientas digitales y habilidades socioemocionales; 2) Acompañamiento para la formalización, entregando información abierta y contextualizada a cada persona que emprende; 3) Visibilizar alternativas de financiamiento, tanto públicas como privadas; 4) Incentivar el desarrollo de economías locales y colaborativas, facilitando el trabajo colectivo en quienes emprenden con enfoque barrial y comunal; 5) Ampliar cobertura para apoyo territorial, entendiendo con claridad las zonas donde se concentra la actividad productiva y oportunidades que entregan distintos espacios.

La tarea de encausar de buena manera el crecimiento del trabajo por cuenta propia, nos involucra a todas y todos quienes intervenimos en el ámbito del trabajo. Desde INFOCAP, creemos que la aplicación de una mirada integral y compartida del problema nos puede llevar a diseñar soluciones que impacten de manera profunda las trayectorias laborales de quienes hoy emprenden en las condiciones más desfavorables.

En los últimos 20 años, el ecosistema financiero global y latinoamericano ha enfrentado desafíos sin precedentes. En medio de la pandemia global, sus consecuencias, y más aún, la invasión de Rusia a Ucrania, cada vez más inversionistas a nivel mundial y en América Latina comprenden la importancia de la inversión ambiental, social y de gobernanza.

Las amenazas globales imprevisibles, algunas ya conocidas, otras por manifestarse, están generando la prueba de resiliencia más grande en la historia de la humanidad. Cómo transformar estas crisis provocadas por la pandemia, las demandas sociales, el desequilibrio económico, la guerra y la amenaza del cambio climático, en una oportunidad para crear una sociedad más segura, sostenible y equitativa, se convierte en la prioridad más urgente para el ser humano. Incluso antes de la pandemia, lograr la financiación necesaria para el cumplimiento de los ODS, parecía una tarea imposible, pero, con decisión y convicción, alcanzable. Sin embargo, la recuperación de los flujos de inversión en los sectores relacionados con los ODS en los países en desarrollo, bajaron durante la pandemia en casi todos los sectores. Así, los montos de inversión suscritos a los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible, en los países menos desarrollados, han venido disminuyendo fuertemente, debido a la situación de emergencia.

Hoy, necesitamos de forma urgente, un sistema financiero global que funcione para canalizar el capital y la inversión hacia productos y servicios que beneficien a las sociedades y economías sin que nadie se quede atrás, abriendo las vías para un trabajo colaborativo, e inspirador. En ese sentido, la ONU ha estimado que, considerando el retroceso de estos últimos dos años, el mundo necesitará gastar entre U$ 3 y 5 billones anuales para acercarse a las metas que plantean los ODS para 2030. Así, inversores y gobiernos, depositan su esperanza en las oportunidades para que el sector privado desempeñe un papel preponderante en la transición hacia un futuro más sostenible y menos incierto.

El Foro Económico Mundial identifica como riesgos para la economía, asuntos como el cambio climático, la pérdida de la biodiversidad, las crisis relacionadas con el agua o las enfermedades infecciosas, todas ellas cuestiones que los ODS buscan solucionar, teniendo en cuenta que la emergencia climática, se torna clave para el futuro de la humanidad. En este marco, la inversión sostenible está siendo contemplada como factor principal para reevaluar las finanzas modernas, dadas las oportunidades que abre la inversión con impacto positivo desde la Agenda 2030 y sus 17 Objetivos. Es necesario invertir en tecnologías para lograr estructurar una economía global de cero emisiones. Muchas de estas, están en desarrollo, pero aún no alcanzan un nivel de competitividad, como el hidrógeno verde, área en la cual Chile planifica tomar protagonismo. Los recursos necesarios para avanzar en estas nuevas tecnologías e investigar sobre ellas, es una de las oportunidades de inversión más esperanzadoras, para salir del círculo pernicioso de mayor crecimiento y más contaminación.

La Agenda 2030, constituye una guía para los inversionistas y líderes empresariales, para priorizar su estrategia corporativa en función de los ODS, consolidar su relación con sus grupos de interés, y movilizar la transformación hacia un sistema financiero sostenible, que pueda contribuir a una menor volatilidad de los mercados, a la viabilidad a largo plazo de las inversiones y a ayudar a proteger la economía global, de episodios de tan fuerte inestabilidad como los que el mundo ha estado viviendo.