En las últimas décadas y, en particular en estos dos últimos años, se ha producido una ocupación explosiva del espacio público por parte de los vehículos a motor. Por todos lados el ciudadano se encuentra ante una congestión o "taco", que ha generado una disminución creciente de los estándares de calidad ambiental y, especialmente, de seguridad y de percepción de seguridad en la ciudad. La congestión es uno de los principales problemas que aquejan a las ciudades chilenas en la actualidad. Tanto es así, que hace poco asistimos a una consulta sobre el "transporte" en el Gran Concepción, cuyos resultados eran previsibles. La tendencia es a pensar que aumentando la infraestructura viaria y/o incorporando otros medios (metro, tranvía e incluso bicicleta) a la ya saturada estructura urbana se soluciona el problema. Solución que actúa como soltar el cinturón a alguien que sufre de obesidad mórbida.
Una ciudad concebida desde la lógica del motor, especialmente del vehículo privado, acaba convirtiendo el espacio público en una gran infraestructura de transportes y comunicaciones donde el ciudadano se desplaza con dificultades, inhala gases perjudiciales a su salud y pone en riesgo su integridad física. La problemática de la movilidad (desplazamientos en el espacio urbano) encuentra su origen en una política urbana que ha favorecido y sigue haciendo el desarrollo del uso masivo del automóvil (Escudero, 2017). Esto se agravó durante la pandemia ante la disminución generalizada de los flujos de movilidad por parte de las redes del transporte colectivo. El tema va más allá de dar una solución en base a aumentar el dimensionamiento de las calles o de incorporar otro modo de transporte. Pasa por evaluar, revisar y repensar los medios masivos de transporte existentes (tren urbano, transporte colectivo de buses, colectivos, entre otros) desde los flujos y frecuencias hasta la accesibilidad y recorridos. En respuesta a generar un verdadero sistema integrado y modal de transporte de servicio público, incorporando todos los modos (motorizados y no motorizados) y, por sobre todo, situando siempre a las personas en el centro de las acciones emprendidas.
Cada modelo de movilidad genera un espacio público específico y determinado (Serracant, Avellaneda, 2017). Es necesario corregir la tendencia fagocitadora del automóvil. Con ese objetivo, hay que avanzar hacia un modelo urbanístico y de movilidad que establezca una jerarquía clara que dé prioridad a los medios de transporte más sostenibles frente al vehículo privado, a un replanteamiento de los parámetros urbanísticos con el objetivo de reducir las necesidades de uso del vehículo privado a la vez que se estimula el uso de otras formas de desplazamiento mucho más ajustadas a las exigencias de un ámbito urbano seguro y saludable. Es repensar una propuesta de movilidad urbana que vaya más allá de lo transitorio, hacia un nuevo paradigma centrado en lo cotidiano, en las personas, y así hacerlo más equitativo y humano.