Por Felipe Cuevas Mora

Una cita clave fue la que sostuvieron la mañana de este viernes la delegada presidencial Daniela Dresdner con los altos mandos de Carabineros, Policía de Investigaciones, el jefe de la Defensa en el Biobío, contraalmirante Juan Pablo Zúñiga, representantes del Gobierno Regional y los parlamentarios de la zona, con el fin de abordar los alcances que ha tenido la aplicación del estado de excepción de emergencia implementado en las provincias de Arauco y Biobío por tres semanas.

En la cita, que se realizó en dependencias de la Delegación Presidencial por casi tres horas, se informó que, durante la implementación de la medida, que permite el despliegue militar, la tasa de delitos asociados a la violencia rural ha disminuido de forma considerable.

"Hay cifras de disminución importantes respecto a los hechos de violencia en la zona, con distintos datos. Los casos asociados a la violencia rural han disminuido en un 85%. Hay datos desagregados, pero cuando hablo de esto es en términos generales respecto a los delitos bajo los cuales se lleva registro en el marco de este conflicto", reveló Dresdner.

Además, aseguró que la continuidad de la medida más allá del 16 de junio está en evaluación, y que para ello se busca comprometer a los parlamentarios de la zona para entregar su voto ante una posible prórroga que debe visar el Congreso, pese a que a la cita llegaron solo siete de los 16 legisladores de la zona: "Todos los parlamentarios, con los que conversamos, están disponibles para apoyar esta prórroga del Estado de Excepción. Como Gobierno, es una vía que estamos analizando", precisó Dresdner.

El senador Gastón Saavedra (PS) -único representante del oficialismo en la cita convocada por la delegada- manifestó que "el oficialismo, como se tilda a quienes respaldamos al Presidente de la República, vamos a entregar nuestros votos. Quien no lo haga, pone en cuestión su participación en el Gobierno; se está con todo lo que significa, a veces toca bailar con música grata, otras veces es difícil y en momentos como este se ve el valor de las alianzas políticas".

Quienes no son parte del oficialismo, pero también mostraron su respaldo a la continuidad del estado de excepción fueron los diputados de la Democracia Cristiana. Mientras Eric Aedo comentó que "respaldamos a las fuerzas de orden y seguridad, respaldamos también el estado de excepción -la bancada aprobará la prolongación de la medida-, y también recordemos en la comisión mixta hemos avanzado con el proyecto de ley de infraestructura crítica", Joanna Pérez puso el énfasis en que "hay que tener una coordinación distinta frente a este tema, con las policías y también que estén todos los poderes, para hacernos cargo de los problemas reales que tenemos. Se habla de inversión para la zona, pero es insuficiente para la modernización de la provincia, y el Estado no está preparado para combatir todos los problemas".

Desde la oposición, en tanto, el énfasis estuvo puesto tanto en el respaldo a las Fuerzas Armadas como también a la necesidad de disponer todas las herramientas legales en la Macrozona Sur.

El senador Sebastián Keitel (Evópoli) planteó que "es relevante mantener el estado de excepción, y ante la falta de herramientas que tienen las policías, debemos ver cómo podemos aportar desde el Parlamento, y desde el Ejecutivo se hable con el lenguaje correcto: tenemos terrorismo en la zona. No hay que confundir las palabras, ya que acá hablamos de terrorismo, y hay que destacar la invitación de la delegada de convocarnos a todos a la mesa, pero aún hay mucho trabajo por hacer, ya que si no hablamos de terrorismo no podremos avanzar".

El diputado Sergio Bobadilla (UDI) lamentó que "el gobierno no ocupe todas las herramientas que tiene para reprimir el terrorismo. Las Fuerzas Armadas necesitan el respaldo para terminar con este flagelo; muestra de ello es que tenemos un estado de emergencia acotado y deberíamos tener un estado de sitio. Ese es el problema de fondo, tenemos un gobierno que no cree en las herramientas que entrega la ley y en la Macrozona hay terrorismo".

Estado de excepción: delitos caen en un 85% y legisladores respaldan continuidad de la medida

Un hecho llamativo fue la ausencia de las diputadas oficialistas María Candelaria Acevedo (PC) y Clara Sagardía (IND-CS) en la cita convocada por la delegada Dresdner, hecho que fue cuestionado por los otros parlamentarios asistentes.

Consultada, la autoridad regional dijo que "citamos a todos los parlamentarios, algunos no pudieron venir y se excusaron con anterioridad. Particularmente, respecto a las diputadas oficialistas, hemos hablado profundamente sobre este tema, son parte de las discusiones y soluciones que se han entregado".

Una reconfiguración importante a nivel político vivió el Consejo Regional, con la llegada de 17 nuevos consejeros y la incorporación de nuevos partidos. Reconfiguración que ha quedado de manifiesto en varios de los acuerdos que han tomado, como la creación de nuevas comisiones o la aprobación a distintas iniciativas levantadas desde los microciclos, una de ellas restituye la creación de las bancadas unipersonales.

Consultados por este medio, varios de ellos reconocen que el nuevo panorama ha hecho que el trabajo se vuelva dificultoso y valoran que los acuerdos logrados van más allá de un partido político.

El consejero James Argo (UDI) argumentó que "era natural que, en este rebalaje de fuerzas y aumento de consejeros, hubiese planteamientos respecto al funcionamiento del Consejo. Se han aumentado las comisiones, pese a que como bancada queríamos un acuerdo amplio, y logramos tener 11 de las 21 comisiones; las modificaciones de reglamento son expresión del nuevo consejo, y somos partidarios de que las diferencias se manifiesten ya que enriquecen el debate".

En una línea similar, Ana Araneda (PEV) dijo que los primeros meses han estado enfocados en conocer el funcionamiento del Consejo, y que "he tenido la capacidad de conversar con los distintos consejeros, más allá de sus bancadas, y desde ahí aportar trabajos transversales como ha sido en la comisión de Medio Ambiente".

"Los cambios vienen a generar nuevas oportunidades en las intervenciones y atribuciones, además de que crear nuevas comisiones nos permite fortalecer y generar instancias de diálogo con el Gore y las comunidades", añadió.

Camila Arriagada (PI) puso el énfasis en que "ha habido complejidades, posicionando nuestra visión crítica a la gestión del Gobierno Regional en representación de las comunidades que se ven vulneradas en sus territorios por decisiones y responsabilidades políticas en materia de inversión pública y proyectos con afectaciones socioambientales".

"Aún esperamos que no se mantenga la inercia de un Consejo pasivo y complaciente y que haya voluntad de cambiar y ampliar el funcionamiento interno, así como nuestra acción en los gravísimos problemas regionales y sus causas", añadió con énfasis en que se reconozcan demandas asociadas al funcionamiento del órgano y la transparencia.

La consejera Brenda Vigueras (DC) en tanto, planteó que "hemos tenido un trabajo bastante importantes, pese a las diferencias políticas. Siempre hemos buscado una mirada más común, con la responsabilidad de que los recursos lleguen a la gente, en buscar el consenso y que no podemos caer en disgustos que nos dividan. Es importante trabajar de manera transversal, ya que somos la cara visible de la Región misma; si nos dividimos, generamos la división de las personas y eso lleva a que no tengan un bienestar, nos miren de forma distinta y se genere una distancia de la política".

Durante más de una hora la seremi de la Mujer y la Equidad de Género de la Región, Lorena Segura, se reunió con las cuatro mujeres, funcionarias de la municipalidad de Tirúa, que denunciaron acoso y abuso sexual por parte del director de la Secretaría Comunal de Planificación (Secplan), de dicho municipio.

La denuncia se conoció la semana pasada, luego de que se conociera que los hechos ocurrieron entre diciembre y enero pasado en el marco de celebraciones de camaradería entre funcionarios del servicio, lo que motivó que se iniciara una investigación sumaria administrativa al interior del municipio. En paralelo, se ha conocido que el Ministerio Público inició una serie de indagatorias frente a esta denuncia, todas lideradas por la Brigada de Investigación Criminal de la Policía de Investigaciones.

"Viajé a Tirúa, porque creo que era necesario tener un diálogo con ellas, conocerlas y apoyarlas en este proceso que están viviendo. Ratificarles que seguirán con el apoyo de las profesionales del Centro de Atención de Víctimas y Sobrevivientes de Violencia Sexual (CVS) de SernamEG, desde el punto de vista jurídico, con el fin que les permita sobrellevar esta situación que las tiene tan afectadas", indicó la autoridad.

Además, la seremi se reunió con el jefe comunal de Tirúa, José Linco, con el propósito de consultarle sobre el sumario administrativo que se lleva a cabo al funcionario que habría cometido el acoso y abuso sexual.

"El alcalde me informó que se espera que el resultado de este sumario esté finalizado a mediados de junio. Con las conclusiones de esa investigación interna, esperamos que la autoridad edilicia, incorpore medidas extraordinarias para evitar que las denunciantes sean expuestas al denunciado, mientras se lleva a cabo la investigación por parte de la fiscalía", agregó Segura.