Por Felipe Cuevas Mora

Mañana, el Consejo Regional del Biobío deberá sancionar en sesión ordinaria a realizarse en San Rosendo la propuesta que elevó el gobernador Rodrigo Díaz de financiar una serie de diálogos interculturales en las provincias de Arauco y Biobío, con el apoyo de la Universidad del Bío-Bío y con el fin de iniciar una vía de solución política al conflicto de violencia rural y demandas de las comunidades mapuches.

La propuesta que la máxima autoridad regional llevará a sanción del pleno forma parte de un plan integral para la Macrozona Sur, que contempla financiamiento a una serie de ámbitos de acción relacionados a la provincia, entre los que se suman los casi $7.500 millones aprobados hace un par de semanas para la compra de terrenos para construir viviendas en la zona norte de la provincia de Arauco.

El pasado viernes, el gobernador Rodrigo Díaz indicó en Canal 13 que "no conozco las medidas de acción política que ha tomado el Gobierno, salvo las que ha liderado el subsecretario Monsalve. Por eso, decidí que someteré a votación del consejo de Gobierno Regional un plan de diálogo y acción política que financiaremos con recursos propios. Además, firmamos un convenio de programación con Carabineros -y promoveré otro con la PDI- para entregar recursos para que protejan a nuestra gente y dispondré recursos para las víctimas para poder apoyarlos. Esto le pasa a las personas de mi Región y mi tarea es cuidarlos".

Consultados los consejeros regionales en la previa a la votación, varios de ellos se muestran conformes con el plan que buscará aprobar el gobernador Díaz en el pleno de mañana, valorando que algunas de sus propuestas hayan sido consideradas.

Brenda Vigueras (DC), presidenta de la comisión de Zonas de Rezago y representante de la provincia de Arauco, indicó que "acá hay un plan integral que considera apoyar a los ámbitos productivos, a las policías y a las víctimas, y se demuestra que no son solo palabras al boleo. Se han concretado cada una de las propuestas presentadas al consejo o las que hizo el gobernador".

Además, apuntó a que "entre que no se haga nada, y que se haga todo lo que se propone, que es importante, el Gore tiene las capacidades y voluntad política, y el consejo está participando activamente en todas estas iniciativas. Tenemos total disponibilidad de ser colaboradores al desarrollo de la Región. Poner en la mesa los diálogos ciudadanos para el territorio de Arauco y Biobío es fundamental, porque soy una convencida de que encontrándonos en una mesa los actores políticos, sociales, empresarios y sociedad civil, podemos llegar a un buen consenso".

El consejero Jaime Vásquez (UDI), presidente de la comisión de Seguridad Pública del consejo, en tanto apuntó a que "la provincia de Arauco siempre ha tenido un tratamiento especial, incluso hace un par de semanas se nos indicó que la futura zona de rezago no considerará a la provincia, ante lo cual el gobernador y algunos consejeros hemos realizado distintas gestiones para reincorporarla y al mismo tiempo crear un instrumento regional llamado "zona de oportunidades" para las comunas que requieren inversión pública".

Respecto a la inversión para las policías y reparación a víctimas, dijo que "es absolutamente necesario reforzar el trabajo policial, y reviste urgencia e importancia restablecer el orden público en la provincia. Es necesario destinar los recursos con urgencia, lo más rápido posible e incorporar la labor de los municipios, que son importantes; apoyaremos todas las iniciativas que busquen dar paz".

El consejero de la provincia de Arauco, Leonidas Peña (PC), planteó hace algunos días que "todas las iniciativas que vayan con miras a mejorar la situación de la zona estoy disponible. Pero que sean cosas concretas, porque me cansé de seguir esperando y la situación podría ir empeorando. Las facultades del gobernador son acotadas, entonces creo que en conjunto se podrían hacer muchas cosas, pero consultándole al territorio se puede avanzar mejor".

Consejeros destacan voluntad política y llaman a aprobar plan para violencia rural en Arauco

Consultada por este medio ante la posibilidad de que la provincia de Arauco deje de ser zona de rezago, la consejera Brenda Vigueras planteó que "si bien la zona de rezago de Arauco termina en agosto, se ha incumplido la revisión de los cuatro años que mandata la normativa y hemos faltado. El gobierno pasado no continuó con el plan de desarrollo para la zona, quedó muerto y el último proyecto que se postuló fue en 2018 (...) Tenemos la convicción y tranquilidad de que esto se va a dar, el subsecretario Monsalve tiene interés en que esto continúe, el gobernador Díaz también y haremos las gestiones hasta que haya una ley que permita su continuidad. Es importante que Arauco siga siendo zona de rezago y no solo poder tener un plan; debemos cumplir con las demandas de la ciudadanía".

El diputado Leonidas Romero (IND-PR) ingresó una denuncia ante la Contraloría Regional para solicitar revisar el nombramiento del exadministrador municipal de Coronel, Patricio Rojas, como encargado de la Unidad Regional de la Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo (Subdere) Biobío, por presuntas denuncias que se han presentado en contra del funcionario.

El parlamentario del distrito 20 indicó que "son de público conocimiento las distintas denuncias que se han realizado en contra de este funcionario, las que se traducen en irregularidades, faltas a la probidad y transparencia administrativa, lo cual ha conllevado a dictámenes de nuestra Contraloría General de la República mediante informe 502/2020".

Además, detalló que en el informe "se establece que el municipio en sus presupuestos municipales, durante la administración del alcalde Boris Chamorro, con el funcionario Rojas Quezada como administrador municipal, se adulteraban los saldos iniciales de caja, de manera que, se pudieran acreditar mayor cantidad de gastos, comprometiendo el patrimonio municipal".

El diputado Romero puso especial énfasis en que la designación de Rojas debe ser analizada, debido a que existen delitos y faltas graves, puesto a que hay "mal manejo y utilización del patrimonio fiscal, lo cual ascendió a la suma de más de 11 mil millones de pesos, existiendo, incluso, algún tipo de responsabilidad administrativa al respecto".

"Yo le informé al subsecretario Crispi esta situación, le entregué antecedentes, lo he comentado con autoridades regionales, pero siguen con nombrar a una persona que ha cometido delitos en la comuna de Coronel. Yo espero que Contraloría ordene que este personaje no pueda ocupar un cargo tan relevante", cerró.

A través de un comunicado emitido la tarde de este lunes, el Liceo La Asunción de Talcahuano informó que adoptó una serie de acciones, luego de que se hiciera pública una denuncia por hechos de connotación sexual ocurridos al interior del establecimiento en abril pasado, motivando movilizaciones de los estudiantes durante la jornada de ayer e incluso destrozos al interior del inmueble que reúne a casi tres mil alumnos.

En la misiva se señala que junto con tomar conocimiento de los hechos, el establecimiento "procedió a realizar las acciones que corresponde: apertura de protocolo de actuación frente a situaciones relacionadas con hechos de connotación sexual, realizando la respectiva denuncia en Carabineros y Fiscalía. Desde la apertura del protocolo se implementó el Plan de Apoyo Individual a la estudiante, lo que contempla apoyo psicológico y adecuación curricular".

En el documento se detalla también que se entregaron todos los antecedentes de la Superintendencia de Educación dando cuenta del proceso administrativo llevado adelante por el establecimiento.

El comunicado se hizo público luego de que el recinto educacional dependiente de la Fundación Educacional La Asunción suspendiera sus clases este lunes, y se dieran una serie de manifestaciones de los estudiantes.

En un comunicado, el Centro General de Padres y Apoderados planteó que los hechos se conocieron el pasado 14 de abril, y que "en virtud de la responsabilidad que se nos encomienda, solicitamos un pronunciamiento oficial sobre la actuación del colegio en el proceso, esto dado a que ante el nulo avance de la investigación y tomando en consideración que la madre de la menor decide hacer pública su impotencia, además de detalles de lo vivenciado por la menor".

En el documento, la agrupación cuestiona el actuar del establecimiento, particularmente por "revictimizar a la menor al vulnerar sus derechos y pasearla por salas de clases para el reconocimiento de su agresor y sin informar de inmediato al apoderado para contención emocional de la menor abusada".

Luego de los hechos, el recinto suspendió su jornada completa y tanto desde Fiscalía como desde la Defensoría de la Niñez se confirmó que los antecedentes ya fueron derivados para tomar las acciones correspondientes.