Por Diana Aros Aros

La falta de viviendas y el aumento de familias en campamentos es una realidad en Chile, situación que se ha incrementado en las últimas décadas debido a diferentes crisis. Según datos de la Cámara Chilena de la Construcción (CChC), actualmente existen más de 80 mil familias a nivel nacional que viven en campamentos, con un alza exponencial durante los dos últimos años.

En conversación con EL SUR, el vicepresidente del gremio, Claudio Nitsche, aborda las principales problemáticas que aquejan al país y la situación actual de la Región del Biobío en materia habitacional. "Aquí, claramente, las políticas públicas existentes no dan abasto para solucionar este problema y el Estado solo no va a ser capaz de solucionarlo, y privados tampoco", explica el también líder de la Corporación Déficit Cero.

Bajo este escenario, Nitsche sostiene que como entidad se plantearon diversos desafíos para dilucidar las posibles soluciones, considerando el costo habitacional existente tras el aumento en los precios de viviendas, arriendos y dificultades para acceder a subsidios o créditos.

"Lo que hemos planteado con cada una de las autoridades es fomentar una alianza pública-privada, en la medida de que estrechemos lazos para que en una política de Estado queden las bases de ir enfrentando este déficit habitacional, con fuerza, con dedicación y, ojalá, antes de que termine la década poder solucionarlo", proyecta.

Realidad local

En la Región existe un déficit habitacional del orden de las 40 mil viviendas, lo que representa el 6,4% del requerimiento total de Chile. Con respecto a la cantidad de viviendas que ya se han logrado construir en la zona, estas alcanzan el 7,2%.

-¿Cuál es la principal problemática que impide que la Región baje el déficit habitacional?

-Lo que encontramos aquí es un fuerte problema con la ubicación de terrenos, porque los terrenos que están en la ciudad están más escasos y caros. Y estamos con el fuerte problema ambiental de los humedales. Se han decretado zona de humedales extensos territorios en los que no se va a poder construir porque ya están declaradas humedales urbanos. Un humedal es algo que está en forma temporal o definitiva con un poco de agua, entonces en el sur es casi todo un humedal. Eso está generando un problema mayor y nosotros llamamos a la autoridad a realmente enfrentar este problema.

-¿Qué es lo que más aqueja a la zona en materia de familias sin viviendas?

-Hay bastantes familias en campamentos en la Región, del orden del 17%, lo que es más alto que el promedio nacional que es de 13%. Hay muchos campamentos, porque ha habido muchas tomas de terrenos que son tomas ilegales, donde ciertos grupos se toman los terrenos y después arriendan a personas sin hogar un pedazo de terreno y engañan a la gente. El mayor problema acá también es el hacinamiento, que está llegando a 80, un problema que está fuerte en esta zona.

-¿Hay medidas que vislumbre para mejorar esta situación en el corto plazo?

-Nosotros como Corporación hemos tenido reuniones con el Ministerio de Vivienda y estamos muy ansiosos de escuchar la propuesta que el ministro Montes va a realizar respecto a la Ley de Integración Social y de urgencia habitacional. Con esta ley está el compromiso de presentar un plan habitacional de aquí al 30 de junio. Para eso se buscarán diferentes alternativas que estamos ansiosos de escucharlas.

Una solicitud de revocación de Resolución de Calificación Ambiental (RCA) presentó ante la oficina regional de la Superintendencia de Medio Ambiente el gobernador regional Rodrigo Díaz, y la presidenta de la comisión de Medio Ambiente del Consejo Regional, Ana Araneda, respecto del proyecto eólico Mesamávida que AES Chile construye en Los Ángeles.

El oficio argumenta que, tras tomar conocimiento de la iniciativa, se evaluó "el grave impacto ambiental que su construcción tiene sobre los vecinos circundantes al área de influencia, como dan cuenta las numerosas denuncias de los mismos vecinos, especialmente de la comunidad El Ciruelo Sur, quienes han manifestado en diversas oportunidades su rechazo al mencionado proyecto eólico".

Ante esto, el gobernador regional dijo que "acá lo más importante que debemos saber es que, junto con cuidar a las personas y pedir que se sancione a una empresa que está haciendo una mala práctica, hay que mantener la convicción de que debemos avanzar hacia las energías renovables no convencionales, pero no de cualquier manera".

Ana Araneda dijo que "entendemos que ha habido malas prácticas y necesitamos dar señales de buenas prácticas para todos los demás planes de energía renovable que vengan, porque necesitamos cuidar el patrimonio natural y a nuestras comunidades".

Un total de 15 días llevan movilizados los más de 500 trabajadores de Fenatrasub en las afueras de la Refinería Bío Bío, en Hualpén. El grupo pide mejoras y soluciones laborales y salariales. Por esta razón, realizaron ayer una marcha por la comuna, lo que generó diversos tacos durante la mañana.

El motivo de la acción fue pedir que representantes de la empresa Enap se acerquen para retomar el diálogo y así encontrar prontas soluciones al conflicto. El presidente de Fenatrasub, Víctor Sepúlveda, señaló que "esto no va a parar, va a avanzar cada día más (...) Es una lucha que se ha convertido en una lucha de clases sociales a fin de cortar una brecha salarial enorme que hay entre subcontratistas y contratados de Enap".

Durante la semana pasada, los involucrados mantuvieron conversaciones con el objetivo de lograr acuerdos, instancia que fue mediada por la Dirección del Trabajo. Sin embargo, tras cuatro jornadas de diálogo y discusión sobre los puntos que permitirían abrir una mesa de negociación, no se alcanzó un acuerdo.

Esta acción se vio entrampada luego de que los contratistas decidieran frenar la mediación en vista del incumplimiento de la empresa al no llegar a la reunión del viernes. Solo un representante se acudió en horas de la tarde.

Desde Fenatrasub manifestaron que continuarán con su huelga de "brazos caídos" luego de no obtener mayores respuestas por parte de la estatal.