Por Karlyng Silva Leal

"Hay que evaluar y valorar que las acciones que estamos emprendiendo en la provincia de Arauco de mayor fiscalización, de mayor control, hizo que detuviéramos a dos sujetos que portaban munición de alto calibre y la reacción que tuvo el crimen organizado, los actores delincuentes que buscan recuperar delincuentes fue lo que generó, a juicio nuestro, estos disparos y este intentos de atentar contra los retenes tanto de Quidico como el de Tirúa".

Esta fue la declaración del delegado provincial de Arauco, Humberto Toro, sobre la seguidilla de ataques que afectaron durante los últimos dos días a dos recintos policiales ubicados en la comuna de Tirúa. El último hecho, ocurrido en la media noche del miércoles fue protagonizado por un grupo de personas que percutaron disparos en contra del retén de Quidico y luego procedieron a quemar un conocido hotel de la zona, ubicado a 60 metros del cuartel.

Nuevo ataque

A diferencia del último ataque que se había generado al retén policial durante este año, en esta ocasión dos personas resultaron heridas. "En un hogar vecino a pocos metros del retén una adulta recibió perdigones en la pierna y una menor de 15 años sufrió un perdigón en la frente. Gracias a dios están en buena salud y esperamos que se recuperen", agregó Toro.

Fernando Fuentealba, presidente de la Fundación de Víctimas del Terrorismo y dueño del Hotel Curef que fue siniestrado la noche del jueves, exigió al Gobierno asumir la responsabilidad por este tipo de hechos, pero también apuntó al aspecto investigativo.

"Creo que el Estado tiene que tomar la responsabilidad para lo cual está mandatado y aquí no solamente critico a un Gobierno, sino que critico a un Estado. El Ministerio Público también tiene que responder a la ciudadanía", aseguró.

En cuanto a la pérdida del hotel que hace años se encontraba en desuso a causa de la crisis de violencia que se vive en Quidico, Fuentealba comentó con pesar que "antes solo baleaban el hotel, lo usaban como tiro al blanco, pero esta vez decidieron incendiarlo. Se perdió completamente la inversión, el sueño de toda una vida, el esfuerzo familiar, proyectos, todo se fue en un segundo y bueno es la realidad que viven día a día todas las víctimas que siguen sumando".

Refuerzo policial

El delegado apuntó a que este tipo de hecho delictuales "están vinculados al robo de madera y al tema de la droga. Aquí se han constituido en función de los recursos que obtienen por uno y el otro lado a pretender desestabilizar la provincia de Arauco, arrinconar a la gente que quiere la paz y la tranquilidad".

Según datos entregados por Carabineros de la Octava Zona, desde el 28 de marzo al 10 de mayo, en el marco del plan de Reforzamiento de servicios preventivos en la provincia de Arauco, los efectivos policiales han realizado 13.014 controles vehiculares y 2.084 controles de identidad, además de 638 controles a camiones de transporte de madera. Producto de estos procedimientos se ha logrado la detención de 17 personas

Toro comentó que "tenemos una dotación que está acompañando con blindados en el sector de Los Ríos (comuna de Los Álamos) hasta Tirúa mismo y por tanto estamos fortaleciendo con la presencia policial, no solo desde el punto de vista humano, sino que también del equipamiento necesario para evitar que sigan ocurriendo estos hechos".

Hechos reiterativos

Presente en Concepción para reunirse con fiscales de la Macrozona Sur para revisar las condiciones investigativas en cuanto a violencia rural, el subsecretario del Interior, Manuel Monsalve, rechazó lo ocurrido y aseguró que este tipo de situaciones en que se utilizan armas y resultan heridas personas, en este caso incluso una menor de edad, no tiene justificación, menos aun cuando son respuestas a procedimientos policiales.

"Aquí se detuvo a dos personas que transitaban por una vía entre Carahue y Tirúa transportando 500 cartuchos ¿municiones ilegales para qué? Para disparar y municiones que podían matar a otras personas. Por supuesto que correspondía que Carabineros los detuviera", aseguró Monsalve.

"Aquí estamos hablando de personas que resultan heridas como la niña de 15 años, pero también de personas que resultan fallecidas y el gobierno tiene no solo el derecho, sino que la obligación de tomar decisiones para garantizar esa seguridad", agregó en cuanto a la discusión que pronto se desarrollará en el Congreso para avanzar en el proyecto de estado intermedio que pretende reforzar la dotación policial en infraestructura crítica.

15.726 controles vehiculares, de identidad y a camiones de transporte han sido realizados por carabineros desde el 28 de marzo.

Tras la reunión con el subsecretario Monsalve, el fiscal Cristian Paredes, director nacional de Delitos Violentos y coordinador nacional de la mesa de la Macrozona, advirtió que la situación de violencia rural es un fenómeno crónico, en el que es cada vez más frecuente el uso de armas de fuego y se advierte un aumento en la capacidad operativa de las organizaciones.

Así en la instancia le indicaron al subsecretario solicitudes que tienen relación con "mejorar la coordinación entre distintas agencias del Estado que participan en la seguridad pública, particularmente en la investigación de delitos; la necesidad de contar con un estatuto legal e integral que se haga cargo de las carencias que hoy el Estado enfrenta para proteger adecuadamente a víctimas y testigos; y por último contar con algunas modificaciones legales a ciertos estatutos que nos permitan efectuar mejor persecución, por ejemplo en materia de crimen organizado.

Además, Paredes detalló que en materia de violencia rural La Araucanía concentra el 80%, Biobío el 16% y Los Ríos un 4%. Esto incluye las usurpaciones, incendios, robos, hurtos, receptaciones, amenazas y delitos asociados a la ley de control de armas.

La fiscal regional Marcela Cartagena y el director general de la Policía de Investigaciones, Sergio Muñoz, firmaron el convenio de Gestión Policial y Modelo de Investigación Preferente (MIP) que busca generar sistemas de gestión que promueven mejoras en la capacidad y calidad investigativa.

Según explicó la fiscal, se trata de una buena práctica que potencia las especialidades investigativas para enfrentar los fenómenos delictuales que cada vez son más frecuentes a nivel nacional.

"En definitiva lo que se pretende es potenciar con ellos una mejor y más rápida investigación y evidentemente en la consecución de resultados concretos que se deben traducir en una persecución penal eficiente y una condena", explicó Cartagena.

Además, comentó que estos resultados implican pruebas de mayor calidad que le permita a los fiscales ante las audiencias de los determinados delitos, poder obtener medidas cautelares, condenas, entre otros. Todo esto basado en insumos o medios de prueba de la mejor calidad.

Fenómenos delictuales

El director general de la PDI comentó que estas alianzas estratégicas apuntan a un trabajo colaborativo con el objetivo de abordar de la mejor manera posible los delitos más complejos y relevantes que se desarrollan en el territorio.

"Estamos comprometidos hoy en poner equipo de trabajo de trabajo especializado para cada caso, con mucho análisis criminal, mucha agrupación de causas para poder llevar adelante esta tarea de la mejor forma posible. Para esto también hemos comprometido todas las capacidades que tiene la institución (...), donde está la contingencia poder aplicar las mejores capacidades y competencias, las pericias y la gentes especializada en diferentes delitos", agregó.

Por su parte, la fiscal regional comentó que el convenio no delimita los delitos, ya que la situación que borda es flexible y puede cambiar en el tiempo y lugar, aunque se abordarán temas como delitos económicos, corrupción, entre otros.

"Pero también están situaciones urbanas, como la precarización de los centros urbanos, el tema de Concepción con el comercio ambulante, el tráfico, las armas, la proliferación de algunos homicidios. Eso es lo de hoy y puede que en un mes más haya otras cosas y también serán parte del convenio", aclaró.

De esta forma, aunque el convenio no contempla sumar nuevos recursos ya sea humanos o logísticos, sí implica que estos serán redistribuidos de una forma distinta que pretende ser más inteligencia y que pueda atender de forma oportuna los fenómenos criminales del momento.

"Estamos mejorando o pretendemos mejorar el resultado de nuestras acciones, optimizar el trabajo, poner a disposición todas las especialidades a la búsqueda de determinados delitos", agregó Muñoz.