Denuncias y querellas por robos de cables
El alto precio del cobre ha llevado al surgimiento de bandas organizadas que roban los cables de las redes de telecomunicaciones y de electricidad, para venderlos en el mercado negro, e incluso se estima que falsifican documentos para su exportación a países vecinos.
Estos robos y el vandalismo a lo largo del país interrumpen los servicios, dejan incomunicadas a miles de hogares y empresas, y obligan a suspender la atención en servicios públicos, de salud, y bancos, entre otros, lo que genera un enorme impacto directo en la calidad de vida de las personas, y el funcionamiento de la economía.
Según la Asociación Chilena de Telecomunicaciones, que agrupa a las mayores empresas en servicios de internet, telefonía móvil y fija y televisión de pago, la industria interpuso 1.555 acciones judiciales (querellas y denuncias) por estos robos entre octubre de 2021 y marzo del presente año, lo que representa un incremento de 344% en estos seis meses. El tipo de infraestructura de telecomunicaciones más afectada por los actos vandálicos judicializados es el robo de cables de cobre (68,7%), seguido por la fibra óptica (20,6%), baterías (6,4%), y otros como cerco perimetral y generadores. La más afectada es la Región Metropolitana, que tiene casi el 50% de los actos de vandalismo que han terminado con acciones judiciales. Le siguen Valparaíso, con un 14,3%, O'Higgins, con un 11,8% y la Región del Biobío con 6,2%.
En la Región del Biobío, estos delitos se presentan con mayor fuerza desde septiembre hasta diciembre en las comunas rurales. En estas acciones participan bandas organizadas, que disponen de vehículos, escalas y herramientas para retirar las redes con el fin de vender el cobre que contienen, en chatarrerías formales o informales. Cuando se daña la fibra óptica, se requieren complejos procesos de reparación. Por este tipo de ilícitos en la zona se formó el año pasado una mesa de prevención y control del robo de conductores eléctricos, considerando que en 2021 hubo un repunte de estos hechos.
El robo de cables de cobre y otros elementos de telecomunicaciones no sólo implica que cientos de personas queden sin suministro eléctrico y la interrupción de servicios de telecomunicaciones, sino que hay otra serie de trastornos asociados a estas prácticas. El presidente de la Asociación Chilena de Telecomunicaciones, Alfie Ulloa, ha dicho que esto obliga a suspender en los sectores afectados las atenciones de salud, educación, servicios bancarios, semáforos o cajeros automáticos. En algunos casos, el Registro Civil y el Ministerio Público han visto interrumpido su trabajo por esta razón. Al gremio también le preocupa el aumento de un mercado negro organizado en torno a la venta y exportación de cables de cobre, acciones concretadas gracias a un sofisticado modos de operar de las bandas delictuales.
En casos extremos, además del robo de cables para vender el cobre, los delincuentes amenazan a las cuadrillas de técnicos y roban su equipamiento o vehículo. El riesgo ya no es sólo para la infraestructura, sino también para el personal de los servicios. Por ello, el diputado Vlado Mirosevic ha presentado un proyecto de ley que modifica el Código Penal y aumenta las sanciones por el hurto de cable de cobre. En la actualidad, según la ley 20.273, el hurto de artículos que forman parte de redes de suministro de servicios públicos o domiciliarios solo contempla penas de presidio menor, pero que no trae aparejada una multa, que es lo que se persigue con el proyecto.
Las empresas también han pedido considerar sanciones específicas a la receptación de los implementos robados de la red, pues el crimen organizado utiliza las chatarreras y otros lugares como negocios fachada y para el acopio de los implementos robados. Y también solicitan que el Estado se haga parte de las querellas, pues estos cortes afectan la vida de todas las personas y empresas que utilizan los servicios de energía y redes internet.
La más afectada es la RM, que tiene el 50% de los actos de vandalismo que han terminado con acciones judiciales. Le siguen Valparaíso, 14,3%, O'Higgins, 11,8% y la Región del Biobío con 6,2%.