"En un punto, las demandas mapuches se separaron del terrorismo"
En la semana donde paralizaron por primera vez, el representante de los contratistas forestales aborda el escenario en la Macrozona Sur.
Un acuerdo que representa un primer paso en asegurar la seguridad para el trabajo del sector forestal y de transportes, pero difícil de cerrar. Así se podría sintetizar el cierre de las negociaciones entre los gremios de camioneros y contratistas forestales con La Moneda, que pese a tener un compromiso del Ejecutivo oficializado el jueves -tras lograr acuerdo el martes- recién pudo ser ratificado este sábado luego de cinco horas de reunión en Los Ángeles entre los dirigentes de los distintos gremios y el subsecretario Monsalve.
Uno de los gremios movilizados fue la Asociación de Contratistas Forestales (Acoforag), que cuenta con más de 120 empresas afiliadas y reúne a un universo de 32 mil trabajadores en todos los rubros asociados a la tercerización de servicios en el ámbito forestal entre Maule y Tierra del Fuego.
Tras la ratificación del acuerdo durante la tarde de ayer, y luego de una extensa entrevista previa durante la mañana del viernes, el gerente de Acoforag René Muñoz detalla a EL SUR las razones que propiciaron que la movilización se extendiera más allá de lo previsto, no sin antes destacar que en los últimos ocho años nunca un gobierno se había sentado a la mesa con ellos a firmar un compromiso de trabajo con fechas y puntos claros.
"El acuerdo no cambia mucho, porque en el fondo se define una incorporación de efectivos de fuerzas policiales. Lo que ocurrió es que se fueron plegando nuevos actores al acuerdo, que finalmente tenían la misma demanda, y se ralentizó el proceso. El corazón del acuerdo se mantiene, lo que nosotros valoramos, porque nos interesa que se legisle para que tengamos mayor seguridad y poder trabajar", dice.
-Ustedes, como gremio, publicaron un comunicado el viernes deponiendo toda movilización y desmarcándose de las acciones que tomaran los gremios de camioneros. ¿Les generó molestia la actitud tanto de los camioneros, como la del Ejecutivo al bajar el acuerdo?
-Sin duda que hay un grado de molestia, porque finalmente esta situación genera una demora al momento de implementar los puntos ya acordados. Aquí hay un poco de inexperiencia de algunos dirigentes, hay un sesgo de ellos al querer darse gustos personales, de presionar de otra forma.
Hay de todo un poco en lo que se ha producido, y también hay inexperiencia de las autoridades respecto a cómo enfrentar estos temas. Pero se va haciendo camino al andar, lo bueno es que se logró el acuerdo, se cumplirán los plazos, habrá mayores recursos para las policías y esperamos trabajar en un ambiente de mayor paz y seguridad.
-El subsecretario Monsalve confirmó que se buscará una reforma constitucional para un estado de excepción intermedio -reformando el proyecto de ley de infraestructura crítica- pese a que ustedes pidieron mantener el estado de excepción, que se prolongó por seis meses hasta marzo.
-Para nosotros, el nivel de violencia fue el mismo. Mantuvimos el promedio de cinco ataques al mes, y la sensación de seguridad era más para la población y no para los contratistas forestales. Pero es bueno que haya esa sensación de seguridad, aunque atentaban igual contra nuestros trabajadores.
Hoy lo que se está planteando es lo mismo, aunque el gobierno tenga un problema con los estados de excepción. No hay un problema con el nombre que tenga este estado, mientras busque dar mayor seguridad en las rutas.
-¿Ustedes, como gremio, iniciarán o mantendrán el diálogo con los representantes de la zona para hacer cumplir los acuerdos, sobre todo respecto a la creación de los estados intermedios?
-Estamos abiertos a conversar con todos, y por ejemplo nos enteramos de que hay proyectos ingresados alternativos al acordado con el Gobierno, y ese juego político nos traba todo. Conversaré con los diputados conocidos y les diré que dejen que esto avance, y sean los trabajadores quienes definan esto, para que no pongan piedras en el camino y entraben la discusión al instalar sus propias demandas.
ESTADO DE SITUACIÓN
Junto con explicar que la decisión de iniciar una movilización inédita de un día para otro -"se venía conversando que necesitábamos unirnos con los trabajadores para hacer una presentación común del tema"- René Muñoz reconoce que la quema de 33 camiones en el sector Villa Los Ríos de Los Álamos el 28 de abril fue un punto de quiebre para que decidieran movilizarse: "Ya tenemos a tres trabajadores forestales asesinados. Cuando vez que ocurre a cinco kilómetros de la prefectura COP de Carabineros, que se hace con la magnitud que se hizo, a pleno día y con la presencia de niños, eso demuestra que la impunidad está implantada en el sector y que la organización y logística que tienen, hay una intención detrás. Estamos desarmados ante esto".
Párrafo seguido, dice que "creemos que el Estado ha fallado en la provincia de Arauco, en la Región de La Araucanía, y de aquí al sur. No existe el estado de derecho, las policías llegan tarde, los fiscales no pueden acceder al sitio del suceso y cuando vez que el Poder Judicial no puede trabajar al ser amenazados, resulta todo más difícil".
-¿Ha cambiado mucho la situación de violencia en la provincia durante las últimas décadas?
-Al comienzo se atacaban equipos, de noche, sin luz y ha pasado a que se enfoca en los trabajadores. Los terroristas también tienen reuniones de trabajo, y se dieron cuenta de que reponíamos las maquinarias, así que atacan a las personas y muchos de ellos han decidido irse a trabajar en otros rubros. Cambia el escenario y nos obliga a pensar en otra cosa.
-¿A qué atribuyen entonces todos estos hechos de violencia?
-Falta de Estado, sin ninguna duda. Las instituciones no funcionan: en nuestra impresión, Carabineros siempre llega tarde y sabemos que tienen órdenes de no enfrentarse a los terroristas. Nos lo dicen los trabajadores, y lo vemos ante cada situación, pensemos que en Los Álamos tuvimos seis atentados sin que se pudieran evitar.
El Estado abandonó a la provincia de Arauco, y el desarrollo que la zona requiere no va a llegar porque a estos personajes no les interesa que la provincia progrese, o las personas progresen.
-¿Considera usted que el conflicto en la provincia de Arauco termina siendo "un buen negocio", como distintos actores señalan?
-No sé si para el Estado lo será, ya sea para las policías o el Poder Judicial, pero lo que si sé es que el negocio de estos grupos con asociaciones ilícitas está filtrando de todo.
Se está mezclando con todo, porque esto es mafia y entrega beneficios adicionales a todos. Es tan bueno el negocio, fíjate que se estableció que el año pasado 80 mil camionadas (el viaje de un punto a otro) circularon por los caminos de Biobío y La Araucanía sin control alguno. Son 200 camionadas diarias y nadie los controla; falta fiscalización y control como debe ser en las plazas de pesaje. Se necesitan controles volantes permanentes con Carabineros, PDI, el Servicio de Impuestos Internos y Conaf. El compromiso debe ser completo.
-Para ustedes, ¿es posible disociar los hechos de violencia con las demandas y reivindicaciones de las comunidades mapuches?
-Es cierto que esto partió como un tema de reivindicación territorial y recuperación de tierras, enarbolado por la CAM que antes era menos violenta. Pero, sin duda que no hay relación entre las demandas legítimas con la actividad terrorista. Se separó en algún momento, y cuando trabajamos en el campo, y los lugares poco accesibles en zonas rurales, esas demandas se reflejan en que muchos de los territorios que hoy ocupan las empresas principales son reivindicados por las comunidades.
Ahí, hay un relacionamiento directo, pero lo otro es sabotaje, terrorismo y una declaración de guerra, que va por otro carril sin la misma fuerza del comienzo. Se separó en el camino y se fue extremando, lo que hizo que nacieran todas estas agrupaciones anárquicas en el territorio, que tienen como discurso la recuperación, pero hacen de la violencia un negocio.