Por Karlyng Silva Leal

"Antes de las 8 de la mañana empezamos a escuchar mucho ruido, como vecinos no sabíamos qué estaba pasando hasta que nos dimos cuenta que era un atentado en el sector. La angustia y la desesperación era muy grande, porque teníamos vecinos que estaban en el paradero, jóvenes y niños que iban al colegio, personas que iban a sus trabajos que están aquí en el sector, fueron amenazados con armas, insultados, les pasó de todo".

Así relata Ingrid Suazo, presidenta de la JJ.VV. Villa Los Ríos, la traumática mañana que se vivió en el sector donde cerca de mil habitantes residen y desarrollan trabajos relacionados al rubro forestal, que nuevamente fue foco de un gran ataque perpetrado por entre 25 a 30 encapuchados que usaron armas de fuego, percutaron disparos, amenazaron a trabajadores y vecinos para terminar quemando diversos vehículos de uso laboral.

En materia de persecución penal, el subsecretario del Interior, Manuel Monsalve sostuvo que "por instrucción de la Ministra del Interior (Izkia Siches) se presentará una querella criminal por el delito de ataque incendiario y esperamos que la justicia pueda identificar y finalmente sancionar a los responsables de hechos tan graves que alteran la seguridad, el orden público y la sana convivencia en la provincia de Arauco y la región sur del país".

La delegada presidencial del Biobío, Daniela Dresdner, estuvo en la zona junto al delegado provincial Humberto Toro, y sostuvo que "esto es algo que no podemos dejar pasar, no nos amedrentan. Vamos a seguir avanzando, vamos a poner también a disposición mayor seguridad en el lugar, en la zona y vamos a presentar las querellas que se necesitan para perseguir a quienes son los responsables".

Robo de camionetas

El delegado provincial Humberto Toro detalló que se logró registrar la afectación del ataque a 33 vehículos, entre los cuales hay camiones forestales, camiones tolva, excavadoras, cargadores frontales, además de camionetas de las empresas y al menos un vehículo particular de un trabajador. Aparte, cinco camionetas fueron robadas desde las empresas, por lo que se desplegaron acciones policiales para encontrarlas.

Pese a lo violento que fue el ataque, no se registraron personas lesionadas de gravedad, aunque si dos personas que fueron golpeadas recibieron atención en el Cesfam local, siendo dados de alta en buen estado de salud.

Gremio afectado

René Muñoz, gerente general de AcoforAG, explicó que las tres empresas afectadas de las cuales dos se dedicaban a la producción de ripio y construcción de caminos y la otra al transporte forestal, son parte de la Asociación de Contratistas Forestales e indicó que por el momento las pérdidas se avalúan en poco más de $2 mil millones.

"Aquí se produjo el atentado de mayor envergadura desde el año 2014 en la provincia de Arauco y la Región del Biobío", aseguró Muñoz. En este contexto apuntó a que en la zona el Estado de Derecho no funciona y que es responsabilidad del Gobierno garantizar la seguridad para que las personas puedan seguir trabajando en la provincia de Arauco.

Insistió en ello, pues comentó que además en la comuna de Curanilahue y en otro sector de Los Álamos, prácticamente de forma simultánea ocurrieron dos ataques en que encapuchados atacaron a balazos a guardias de predios forestales que alcanzaron a reaccionar a tiempo para no ser lesionados. "Esta es una operación de gran envergadura que de hecho tuvo una afectación menor para lo que pudo haber sido en realidad", agregó.

Estado de derecho

Durante los últimos meses los hechos de violencia que estuvieron concentrados en el cono sur de la provincia de Arauco han comenzado a escalar a otras zonas, como la misma comuna de Curanilahue o Los Álamos. Respecto a esta última comuna, el alcalde Pablo Vegas, sostuvo que la falta del Estado es permanente en la provincia.

"Esto ya es una seguidilla de atentados en el sector de los Ríos, Trongol y lo que uno lamenta es que estas quemas de camiones forestales, áridos y maquinaria están siendo al lado de las casas de las familias que viven en el sector".

En este sentido, explicó que desde el municipio están pensando en buscar alguna acción legal en contra del estado para brindar seguridad de manera efectiva a los habitantes, pero también para restablecer derechos que en este momento no se cumplen a su criterio, como el derecho a trabajar, a transitar libremente y a la seguridad.

Además, grandes ataques como este o el ocurrido hace unas semanas que afectó a una gran cantidad de viviendas, ha reabierto el debate entre parlamentarios, gremios productivos y habitantes para reinstalar el Estado de Excepción en la Macrozona Sur..

2014 es él último año en que se registró un atentado de esta envergadura según los antecedentes de Acoforag.

Hasta la madrugada del jueves camioneros forestales detuvieron el tránsito en el cruce Coigüe en Negrete pidiendo que el Gobierno reinstale el estado de excepción para tener mayor seguridad, esto en el marco de la paralización del gremio a nivel nacional.

Según detalló la delegada provincial de Biobío, Paulina Purrán, esto se dio tras la reunión con autoridades de Interior, Transportes y Obras Públicas, en que los representantes del gremio entregaron un petitorio con sus necesidades, en el cual se incluye que aplique nuevamente el estado de excepción por seguridad.

Hasta las dependencias de la Seremi de Bienes Nacionales llegó un grupo de funcionarios de la secretaría ministerial acompañados por el diputado Sergio Bobadilla, con el fin de entregar una carta y solicitar una investigación por parte de Contraloría, luego de que se suspendieran las actividades y gastos del programa "Saneamiento de Títulos de Dominio para Beneficiarios Vulnerable Etapa II", ejecutado por el Gobierno Regional y quedaran más de treinta funcionarios sin solución laboral desde inicios de abril. Inicialmente eran 45, pero tras una reunión durante los últimos días, 14 de los funcionarios a honorarios ya retomaron sus funciones.

Stephanie López, vocera de los funcionarios de Bienes Nacionales afectados explicó que "nos enteramos extraoficialmente que un nuevo oficio habría dejado sin efecto el anterior, y por lo que asumimos que, ante la autorización del Gobierno Regional para continuar con el programa, y estando el dinero en el ministerio, se nos llamaría para retomar nuestras labores, pero no ha pasado nada".

Sergio Cárdenas, otro de los funcionarios afectados planteó que "el lunes fue un día extraño. Nos enteramos por prensa que supuestamente habríamos sido reintegrados todos. Luego, preguntando, nos enteramos que 12 nomás habrían sido revinculados, solo una cuarta parte de los 'suspendidos', esto, sin tener ninguna información oficial para comprender el criterio empleado para que unos volvieran y otros no. Por último, sabemos de nuevas contrataciones, pese a existir la prohibición de ello".

El diputado Sergio Bobadilla en tanto señaló que "este gobierno dice defender los derechos de los trabajadores, pero en la práctica, no es así. Ellos son funcionarios que lamentablemente ni el Seremi ni la delegada presidencial ha clarificado su situación". Los dirigentes señalaron que han tratado de abordar la situación con el gobernador regional y el seremi de Bienes Nacionales, y que este último les habría señalado la existencia de un acuerdo para que todos retomaran sus funciones.

La situación responde a la decisión del Gobierno

Regional de finalizar la ejecución de un programa junto a Bienes Nacionales.

En medio de un control policial realizado por la PDI en la comuna de San Pedro de la Paz, detectives detuvieron a un sujeto que llevaba en su mochila cantidades importantes de droga y municiones, así como un arma apta para el disparo.

Según detalló el jefe de la Biro Concepción, subprefecto Cristián Lara, el personal policial efectuó un control de identidad a una persona que circulaba en bicicleta por el sector Candelaria, ya que presentaba las mismas características físicas de un sujeto bajo investigación por la agresión con arma de fuego que sufrió un residente de la comuna de San Pedro de la Paz.

Al ser controlado, la policía se percató de que el sujeto tenía en su mochila 25 mil 500 dosis de cocaína base, un arma de fuego calibre 9 mm, además de 95 cartuchos del mismo calibre y otros 36 cartuchos calibre 22. En la mochila también tenía dos pesas digitales y varias bolsas plásticas para dosificar la droga.

El subprefecto Lara comentó que "llama la atención la cantidad de municiones y el arma que portaba este sujeto. Además, con esta acción pudimos sacar de circulación una gran cantidad de droga que seguramente iba a ser comercializada en el Gran Concepción".

El hombre de 50 años no presenta otros antecedentes y fue puesto a disposición del Juzgado de Garantía de San Pedro de la Paz para pasar a su control de detención.