Por Redacción

La Convención Constitucional cumplió esta semana nueve meses de trabajo y su presidenta, María Elisa Quinteros, insiste en que "vamos a aprobar" porque "este proceso es el único democrático que hemos tenido", a pesar de que tres encuestas sostienen que la propuesta de nueva Constitución será rechazada, a pesar de que en la capital ayer se produjo la primera marcha por esta opción y además se conoció que el exPresidente Ricardo Lagos llamó a algunos convencionales para "reencauzar" la discusión.

La líder de la Convención realizó ayer una cuenta pública en la capital, donde, al ser consultada por una eventual respuesta negativa a la propuesta de Carta Magna, indicó que "siempre recuerdo a (Humberto) Maturana que decía 'el lenguaje crea realidad', entonces muy pocas veces respondo esta pregunta. Yo primero me paro de que vamos a aprobar, y no es de testaruda o porque tenga el ego muy alto, de ninguna manera, si no que pasa que este proceso es el único democrático que hemos tenido".

Quinteros argumentó que "la Constitución del 80 es ilegítima en su origen, entonces lo que estamos construyendo por sí es válido, porque lo estamos haciendo de una forma conjunta y democrática. Claro, si se rechaza es un escenario muy triste, porque va a quedar la Constitución del 80 y toda la posibilidad de mejoras que tenemos para el país, en términos de derechos sociales, sistema de Justicia y todo lo hemos visto, va a quedar estancada".

Sobre el borrador de la nueva Carta Magna, la presidenta del órgano destacó que "todas estas normas se han aprobado, en promedio, con 122 votos. (...) Eso es muy alto, porque recordemos que el mínimo para que se aprueben son 103. Esto quiere decir que estas 161 normas, para que fueran aprobadas, el 80% de los constituyentes votó a favor. Entonces, cuando hablamos de que no hay diálogo o no hay consenso, la verdad es que sí existe, porque estamos dialogando desde julio".

Manifestación en contra

Las encuestas Cadem, Pulso Ciudadano y Feedback Research proyectaron esta semana que ganará la opción rechazo en el plebiscito de salida, el 4 de septiembre y, en línea con ello, ayer alrededor de 200 personas se reunieron en Providencia contra el texto constitucional.

El diputado Johannes Kaiser asistió a la marcha, donde señaló a ADN Radio que "no nos vamos a someter a una (nueva) Constitución que sea violatoria de los derechos humanos", por lo que llamó a sus partidarios a ejercer una "resistencia civil, pacífica, en la resistencia que corresponde a gente libre que quiere conservar su libertad. (...) Es antidemocrático es pensar que una mayoría puede violar los DD.HH. a una minoría".

Esta preocupación se suma a la de ex mandatarios como Sebastián Piñera y Eduardo Frei, junto con que, durante las últimas horas del viernes, La Tercera publicó que el ex Presidente Ricardo Lagos llamó a los convencionales oficialistas Fuad Chahín, Felipe Harboe y Tomás Laibe, entre otros, para evidenciar su inquietud frente al acuerdo alcanzado para el informe de reemplazo de la comisión de Sistema Político, luego de ser rechazado el 97% de los artículos del primer informe en el pleno.

La instancia acordó la semana pasada proponer un bicameralismo asimétrico, el reemplazo del Senado por la Cámara de las Regiones y un Congreso de Diputados, lo que debería ser votado durante estos días.

La aprobación en particular del Sistema universal de Salud, en la comisión de Derechos Fundamentales de la Convención Constitucional, que será financiado por el Estado, hizo que ayer la Asociación de Isapres pidiera "tener en consideración las serias consecuencias que (esta medida) podría generar en la calidad y acceso de salud de todas las personas, tanto de Fonasa como de las Instituciones de Salud Previsional", porque, en opinión del gremio, "lo que se tiene que hacer es mejorar el sistema público de Salud, no eliminar el sistema privado, que funciona bien".

Con el alza de 1,9% del Índice de Precios al Consumidor (IPC), la más alta en 28 años, hubo diversas reacciones en el mundo político, entre ellas las de la bancada de la Democracia Cristiana (DC), que propuso replicar una medida uruguaya para ayudar "a las familias del país que día a día su dinero les alcanza para menos productos en la feria y el almacén o supermercado".

En concreto, los diputados de la DC pidieron al Gobierno estudiar la posibilidad de eliminar o rebajar transitoriamente el IVA a los alimentos más consumidos de la canasta básica de los chilenos, para disminuir el alto precio actual.

Ricardo Cifuentes, legislador que integra la Comisión de Hacienda de la Cámara, sostuvo que "los precios de los alimentos están cada día más alto. Los aumentos del costo de ellos son casi a diario y la gente cada vez puede comprar menos con sus sueldos".

"Por eso, le pedimos al Gobierno que estudie una eliminación o rebaja transitoria del IVA de algunos elementos de la canasta básica, como por ejemplo el aceite, arroz, cebollas, pollo y otros similares, tan usados a diario en cualquier hogar del país", argumentó el diputado.

Además, añadió que "no se puede entender que el argumento para no acceder a este tipo de rebaja temporal sea que el IVA recauda mucho dinero para el Estado, ya que a fin de cuentas, proporcionalmente, los que más hacen ese aporte son las familias de menos recursos, quienes destinan gran porcentaje de sus ingresos a alimentos".

El caso uruguayo

Por otro lado, el jefe de la Bancada DC, Eric Aedo, indicó que "Uruguay ha aprobado esta semana un proyecto del gobierno que elimina por 30 días, prorrogable, el IVA a algunos alimentos de mayor consumo en ese país como el pan, pasta, fideos e incluso el asado de tira".

"Creo que el Gobierno puede considerar el estudio de una medida similar, de rebaja transitoria del IVA a algunos alimentos, como forma de ayudar a las familias que les alcanza para menos productos en la feria y el almacén o supermercado", dijo Aedo.

En el caso de Uruguay, su presidente Luis Lacalle Pou señaló que la rebaja de impuestos, solo en el caso del asado de tira que significa un 10%, podría significar una merma en sus ingresos impositivos de entre 650 mil y un millón de dólares.

Una de las principales demandas de la ciudadanía, incluso con anterioridad al estallido social, dice relación con la distribución más equitativa del poder. Desde hace años que distintas voces han promovido una suerte de remasterización de nuestra democracia representativa, uno de cuyos principales inconvenientes ha sido la concentración de la toma de decisiones en pocas manos. De ahí la urgencia de contar con más y mejores niveles de participación institucional, en especial en una sociedad compleja como la chilena, donde las instancias de resolución de conflictos se han quedado tradicionalmente cortas. Esto es importante sobre todo para las regiones y su vinculación con el Estado central.

A partir de este ejercicio de desconcentración de las atribuciones políticas, económicas y territoriales, cabe preguntarse si las normas ya aprobadas por el pleno de la Convención Constitucional están realmente en línea con las urgencias y necesidades regionales: ¿resolverán la plurinacionalidad y la Cámara de las Regiones los problemas que día a día experimentan las zonas que viven retiradas de la capital? ¿Será esta supuesta "regionalización" capaz de lograr una mejor distribución del poder? Me temo que no, y ello por razones tanto conceptuales como materiales.

Respecto a la plurinacionalidad, no es para nada claro todavía qué se entiende por dicho concepto ni si el Estado nacional dejará de existir por el mero hecho de que el texto constitucional así lo establezca. ¿No es acaso la nacionalidad algo más que una mera declaración simbólica y formal? Sería bueno que la izquierda decolonial -que es la que al final de cuentas está empujando el punto- nos explicara de una buena vez si eso que llaman "naciones preexistentes" viven en un mundo aparte del resto de los chilenos, es decir, ajenos a la realidad palpable, material y concreta que conlleva haber nacido y crecido en una cultura delimitada por vidas cruzadas. En caso de que la respuesta sea positiva, sería esperable que transparentaran que su objetivo es remediar sus dolores pasados mediante la introducción de una serie de privilegios concebidos ad hoc, rompiendo con ello el principio de igualdad ante la ley.

En cuanto a las demandas y necesidades de las regiones, lo cierto es que el proyecto de régimen político que se está discutiendo está muy lejos de satisfacerlas. De hecho, es muy probable que las regiones queden en una posición aun más debilitada, ya que, producto de prejuicios sin una sólida base empírica, los convencionales buscan derogar una institución -el Senado- que históricamente ha servido para contrabalancear la autoridad del Ejecutivo y dar mayor representatividad a los territorios. La Cámara de las Regiones que se propone es, como bien ha dicho Arturo Fontaine, un "tigre de papel", esto es, una institución que no tiene las prerrogativas legislativas para oponerse a las decisiones que tomarán los diputados desde la comodidad de sus distritos. Es más, para muchos especialistas esta solución supuestamente bicameral no sería sino un unicameralismo encubierto.

Así las cosas, las izquierdas en la Convención están haciendo exactamente lo contrario de lo que exige el sentido común. El origen del proceso constituyente tuvo como uno de sus objetivos centrales que las regiones recibieran las herramientas suficientes para satisfacer las necesidades de sus habitantes. Lamentablemente, los nuevos grupos que están emergiendo en la Convención parecen más interesados en que sus voces privilegiadas se hagan oír que en repartir mejor y más equitativamente el poder.

"Los convencionales buscan derogar una institución -el Senado- que históricamente ha servido para contrabalancear la autoridad del Ejecutivo y dar mayor representatividad a los territorios".