Estado de excepción termina con desescalada de la Armada en la zona
Anoche a las 00:00 horas finalizó el apoyo de las Fuerzas Armadas al quehacer policial para dos provincias de Biobío y dos de La Araucanía. Delegación indicó seguridad se mantendrá.
Tras casi 6 meses, hoy cesó el apoyo del personal de la Armada de Chile al trabajo que Carabineros y la Policía de Investigaciones efectúa en las provincias de Arauco, Biobío, Malleco y Cautín bajo el contexto del estado de excepción constitucional decretado el 13 de octubre por el Gobierno de Sebastián Piñera.
El fin de esta medida que estaba destinada a combatir la grave alteración al orden público en la Macrozona Sur expresada en hechos de violencia, el narcotráfico y el robo de madera; se desarrolló sin hitos en particular, situación que no sorprende considerando que el actual gobierno no comparte la visión del anterior sobre la ocupación de las FF.AA. para solucionar el conflicto que afecta a la zona.
PLAN DE DESESCALADA
Así lo indicó la delegada presidencial del Biobío, Daniela Dresdner: "no somos de la idea de hacer hitos en ese sentido, pero sí de ideas de seguir trabajando que es lo que estaremos haciendo durante la próxima semana".
Respecto a la forma en que el personal de Fuerzas Armadas a cargo en la región dejará esta función, Dresdner apuntó a que "es una desescalada que estamos viendo desde luego en concordancia con todas las policías y la Armada que son quienes se retiran. Aquí hay que dejar súper claro que es una salida que no implica una disminución de la seguridad".
Además, apuntó que para el desarrollo de esta transición se ha conversado con las instituciones pertinentes y se puso en marcha un plan "en el que los espacios que podría dejar la Armada fueran llenados también por las otras policías y de alguna forma sigamos copando los mismos espacios pero, sobre todo, seguir asegurándole a las personas la seguridad, que no es algo que tengamos totalmente resuelto ni aún con la presencia de la Armada, pero que tenemos al menos que mantener el mismo nivel".
Además durante este fin de semana el subsecretario del Interior, Manuel Monsalve visitó en primera instancia la región de La Araucanía, en donde se reunió con policías y otros actores afectados por la violencia, detallando de forma acotada el plan de gobierno para abordar la situación. Mañana lunes la autoridad se trasladaría hasta la Región del Biobío, en donde se reuniría también con diferentes actores, aunque la agenda, según indicó la delegada Dresdner, aún no se encuentra definida totalmente.
CINCO MESES Y MEDIO
Un total de 5 meses y dos semanas se mantuvo vigente la medida impulsada por Sebastián Piñera, que posteriormente fue prorrogada con votación positiva del Congreso en 10 oportunidades desde mediados de noviembre del 2021.
La finalidad de esta iniciativa era que las organizaciones radicalizadas que operan en la zona como la Weichan Auka Mapu que es una de las que presenta la mayor cantidad de ataques adjudicados en la provincia de Arauco, fueran disuadidas por la presencia de las FF.AA., operación que se concentró en las rutas críticas de la zona, como la P-60-R y P-72-S que conectan a Cañete con Contulmo y Tirúa, respectivamente, el cruce Peleco, la comunidad costera de Quidico, entre otros sectores.
Sin embargo, los ataques principalmente de carácter incendiario continuaron, con gran afectación al rubro forestal, pero también hacia particulares con la quema de numerosas viviendas habitacionales y del rubro turístico.
SITUACIONES GRAVES
De todas formas las situaciones de mayor gravedad tuvieron relación con el homicidio de tres personas bajo la vigencia de la medida en la provincia de Arauco. El primero de ellos ocurrido en un confuso incidente el 3 de noviembre, mientras personal de la Armada registró dos situaciones en las que se produjeron detenciones a personas por percutar disparos a los infantes de marina, pero también se constató la muerte de Jordan Liempi y lesiones por arma de fuego de otro sujeto durante el mismo día.
La gravedad y falta de claridad de este evento ameritó que incluso el Instituto de Derechos Humanos interviniera como querellante en la investigación, mientras que una comisión de DD.HH. de la ONU también visitó la zona para conocer los alcances de la investigación respecto a lo ocurrido.