Gran parte del país enfrenta hace ya más de 13 años una "mega sequía", fenómeno al cual no estamos ajenos en la Región del Biobío. Es más, los últimos años han sido especialmente críticos, por ejemplo el 2021, el déficit de precipitaciones fue de un 43%, y a la fecha es de 58%, encontrándose 33 comunas declaradas en emergencia agrícola por déficit hídrico. Hemos visto además un aumento del uso de agua, siendo los mayores usuarios el sector agrícola e industrial. Ambos fenómenos han llevado a muchas zonas de la región a una situación de escasez hídrica, es decir, la cantidad de agua que tenemos no es la suficiente para satisfacer todos los usos, en especial el de los ecosistemas y el uso para consumo humano en zonas rurales. Por ejemplo, en los últimos meses varias localidades rurales han visto afectado su sistema de abastecimiento de agua potable, teniendo que depender de camiones aljibes.

Hasta ahora estos problemas se han enfrentado de manera desarticulada, pero si queremos realmente hacer frente a la problemática hídrica de la región debemos avanzar en soluciones integrales, como lo es la Gestión Integrada de los Recursos Hídricos, la cual de manera muy sencilla se puede definir como el proceso participativo de formular y aplicar en una cuenca un conjunto integrado de acciones tendientes a orientar su sistema social, económico y natural, de manera de aprovechar, proteger y conservar los recursos naturales, teniendo como fin la conservación y/o el mejoramiento de la calidad medio ambiental y los sistemas ecológicos, y como última finalidad la seguridad hídrica del territorio.

En este sentido tenemos como región dos grandes oportunidades, la primera dice relación con la recientemente aprobada Ley Marco de Cambio Climático, la cual incorpora los Planes Estratégicos de Recursos Hídricos (PERH) en su art. 13), donde se establecen varios conceptos importantes como la seguridad hídrica, usos prioritarios, participación ciudadana, indicadores de cumplimiento, entre muchos otros. Estos Planes ya se empezaron a elaborar, incluyendo la cuenca del río Biobío. La segunda oportunidad está relacionada con el anuncio realizado por el Gobernador en enero de este año donde se informó la intención de la creación de un Fondo de Agua para la cuenca del Biobío, es decir, se busca generar una organización que diseñe e impulse mecanismos (financieros, de gobernanza etc.,) para proteger las fuentes de agua, teniendo como objetivo principal la seguridad hídrica de la cuenca, a partir del esfuerzo conjunto entre los sectores públicos, privado, académico y sociedad civil, considerando las proyecciones futuras.

Como podemos ver en materia de recursos hídricos tenemos muchos desafíos, pero también muchas oportunidades, pero para aprovecharlas debemos todos trabajar de manera conjunta.

Las expectativas en materias ambientales del gobierno que asume, son un tremendo desafío para Chile. Se venía avanzando en políticas nacionales y compromisos internacionales, que ahora habrá que revisar, continuar y perfeccionar. Claramente, el impacto de las propuestas de la Convención Constituyente, serán motivo de análisis profundo, en las instancias que siguen, cuando sabemos que los Derechos de la Naturaleza, los Bienes Naturales Comunes y el Modelo Económico, se han transformado en los ejes de la discusión y de acuerdos al respecto, en el seno de la comisión a cargo, y en los 2/3 requeridos, del pleno. Ahora, se suma, además, la firma del Acuerdo de Escazú, que pretende garantizar el acceso a los derechos medioambientales y proteger a los activistas y la biodiversidad.

Hoy, las soluciones a la crisis climática requieren de múltiples actores, y debemos estar conscientes que todos somos necesarios para lograr los objetivos medioambientales que nos hemos trazado como país, y cómo esto afecta al resto del planeta. No hay que olvidar que la trayectoria actual del aumento de la temperatura, hacia los 2,6 grados Celsius para fin de siglo, a pesar de los acuerdos de la COP26, podría eliminar hasta el 14% del PIB de la economía mundial, pudiendo alcanzar para Chile, incluso un 21%. Nuestro país, es uno de los más vulnerables a los impactos del Cambio Climático, y la comunidad científica ya prevé una mayor frecuencia e intensidad de eventos de sequías, incremento en el número de incendios, aumento de olas de calor y condiciones extremas de temperatura que ya están impactando a una amplia gama de sectores, como agricultura, silvicultura, salud, y ecosistemas, entre otros. A lo anterior se suman las pérdidas en reservorios de agua, volumen de los glaciares y continuos deshielos en la Cordillera de los Andes, todo lo cual se ha traducido en la reducción en magnitud de los caudales y cauces de ríos. En definitiva, el agua es un tema urgente, más aún, cuando ya se habla de racionamiento.

El nuevo gobierno, deberá continuar con énfasis, en el avance hacia la carbono neutralidad, la generación de inversiones en torno al hidrógeno verde y la innovación a gran escala en el recurso del litio. Hay que hacerse cargo del futuro de las denominadas zonas de sacrificio, donde la acción del Estado resulta fundamental para encontrar soluciones e instaurar medidas, que vengan a paliar los impactos. En 2020, Chile entregó a la ONU la actualización de su Contribución Nacional Determinada (NDC), que establece la meta de reducir en 30% las emisiones de gases de efecto invernadero al 2030, llegando a una reducción de 45% si se cuenta con mercados internacionales de carbono, lo que considera alcanzar el máximo histórico de emisiones al 2025. Esta meta corresponde a un punto intermedio en el camino a la carbono neutralidad al 2050, establecida en el Proyecto de Ley Marco de Cambio Climático, el que después de más de 4 años, se encuentra recientemente aprobado en el Senado, en sus últimos pasos antes de ser promulgado.

El gran desafío del gobierno será equilibrar el crecimiento económico, la protección de los ecosistemas, la buena gestión de los bienes comunes, el especial cuidado del agua, la producción, extracción y el consumo sostenible. Una tarea compleja donde se deberá impregnar el sentido de urgencia, ya que es la única forma de garantizar, a mediano y largo plazo, un Desarrollo Sostenible para Chile y sus ciudadanos.

Luego de dos años de confinamiento producto de la pandemia que aún nos acompaña, una gran parte de las niñas y niños de nuestro país ha vuelto a las salas de clases. Apoderados y docentes valoran este regreso, pues es bien conocida la efectividad del proceso de aprender asociado a la presencialidad, al contacto con otros, a la interacción efectiva y afectiva; pero no es tan simple.

Con el paso de las semanas se han evidenciado problemas interpersonales entre estudiantes. Entre los/as pequeños/as se manifiesta en peleas, empujones y malas palabras. En los/as más grandes la violencia se grafica en redes sociales, donde la aceptación o el rechazo total son las únicas opciones. Un ejemplo brutal de ello es el caso de la mal llamada "manada" de escolares del Liceo José Victorino Lastarria, que tanto impactó a quienes somos padres o trabajamos con estudiantes.

La pandemia, la violencia manifiesta de la delincuencia habitual y de la proveniente de la guerra entre Rusia y Ucrania son ingredientes con que hoy desayunamos, almorzamos y cenamos. Aún con la televisión apagada, los más pequeños también absorben la realidad. ¿Qué hacer para protegerles cuando no están en casa?

Aquí es donde cobra importancia el concepto de "convivencia escolar". Vale decir aquellas pautas de comportamiento que son aceptables (o no) dentro de una comunidad escolar en la cual como en la vida misma se convive con otras y otros, tan iguales como diferentes. Con los mismos miedos, seguridades, tensiones y esperanzas. Estamos en el momento justo para reescribir nuestra historia particular. No partimos de una "hoja en blanco" pero sí somos conscientes de que el mundo cambió, y con ello las personas debemos también cambiar, para mejor. Esto requiere una fuerte voluntad y conciencia -tanto personal como colectiva- inclusión racional y permanente de los valores democráticos del Siglo XXI como son la igualdad, la libertad, la justicia y la solidaridad que, si bien, pueden sonar abstractos, son posibles de concretar en acciones donde sean puestos como fundamentos de base. Si no logramos ahora hacer los ajustes que nos conduzcan hacia una mejor sociedad, armoniosa entre las personas, con los animales y con el medio ambiente, ¿qué futuro nos espera?

El 15 de marzo se aprobó en la Convención Constitucional, junto con el publicitado derecho al aborto, el derecho a una educación sexual integral (ESI). Esto es clave porque desde la primera infancia se educará y sensibilizará en torno a afectividad y sexualidad, valorando y aceptando lo diverso, lo distinto, lo nuevo. Esto permitirá generar una base, ya que la falta de herramientas en este tema genera dificultades de convivencia. La escuela entregará una parte, la cual debiese ser reforzada en el hogar, a través del decir y el actuar respetuoso de madres, padres y adultos significativos que desde el amor han de partir por aceptar a sus propias/os hijas/s quienes también son parte de este mundo que cambió.