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El ex comandante en jefe del Ejército, general (r) Ricardo Martínez, no se presentó ayer a declarar en la oficina de la ministra Romy Rutherford por el caso de fraude en la institución que mantiene bajo pesquisa a tres exaltos mandos militares, acusados de la malversación de miles de millones de pesos.

A las 9:00 horas Martínez debía presentarse en la oficina de Rutherford en el centro de Santiago, instancia a la cual no llegó y, en cambio, su defensa anunció el ingreso de un requerimiento a la Corte Marcial, cuya próxima sesión será el martes 8, día previo a que asuma el general Javier Iturriaga como máxima autoridad del Ejército.

La petición legal del exgeneral comandante en jefe consiste en ser interrogado en su casa en Lo Curro, a las afueras de la capital, como había sido ordenado en primera instancia y luego la ministra lo cambió a su oficina, explicó el abogado del militar, Juan Carlos Manríquez, a radio Cooperativa.

El miércoles pasado, cuando anunció su renuncia, el general (r) aseguró su inocencia y su colaboración con la justicia. Hizo el anuncio durante la cuenta pública de su gestión entre los años 2018 y 2022, solo una semana antes del cambio de mando en la institución castrense. El último comandante en jefe en renunciar fue el general Carlos Prats, en 1973.

VIAJES

Martínez ayer debía ser interrogado sobre más de una docena de viajes pesquisados por la PDI entre 2009 y 2019, detallando cuántos fueron los fondos entregados y en qué se gastaron.

"En esa revisión tenemos la convicción de que el general Martínez si viajó como comandante en jefe o en misión oficial, lo hizo siempre como un acto administrativo, con los destinos, los fondos, sin cambiar montos, pasajes ni quedarse con la diferencia", dijo el abogado Manríquez, ya que, en sus palabras, "hay muy buena contraevidencia para dejar en claro que Martínez no está en ninguno de los casos que se ha intentado configurar como delito".

CULTURA MILITAR

En el mundo militar, explicó el abogado "no se trata de una cultura de mal uso, (sino) tiene una significación técnica espesa", ya que "ocurre que los viajes en el Ejército, por regla en las instituciones armadas, se conceden a las personas de mejor rendimiento y comportamiento funcionario. Esas personas se han formado en el Ejército desde los 15 ó 16 años, en una estructura jerarquizada y obediente, y cuando uno viajaba, la unidad respectiva de pasajes y fletes prácticamente hacía una suerte de inducción a cada viajero, le entregaba documentos y le decía que tenía derecho a esos montos".

Por esto, dijo Manríquez, la situación del inculpado "impacta en lo que se llama la conciencia de ilicitud: si uno recibe eso formalmente, y está convencido y así ha sido instruido por años, no lo va a reprochar, y si es así, allí podría haber habido un error de extensión que elimina cualquier malicia y dolo; esos son 'partícipes no dolosos'. (...) Si alguien elaboró esa estructura, fue hace más de 30 años".