Por Karlyng Silva Leal

La Corte Suprema falló a favor de la Municipalidad de Chiguayante para que Empresa de Ferrocarriles del Estado (EFE) repare y mantenga los mecanismos de señalización en tres cruces ferroviarios de la comuna que, según indica el alcalde, además de generar congestiones son propicios para la generación de accidentes. No obstante, desde la gerencia del transporte ferroviario apuntan a que la imprudencia de los usuarios genera estos accidentes.

Desde junio de 2021, vecinos de Chiguayante comenzaron a ingresar denuncias reiterativas respecto al mal estado de las barreras de los cruces ferroviarios, principalmente en los de Lonco, Santa Sofía y Porvenir, sumado a la ausencia de guardabarreras o guardavías en los mismos sectores. Estas denuncias impulsaron al municipio a presentar un recurso de protección contra la empresa por incumplimiento de las obligaciones legales.

Así lo explicó el alcalde, Antonio Rivas, agregando que "esto fue a propósito de la muerte de un joven en junio del año pasado, lo que ya fue el colmo. (…) Le dijimos a EFE que sus sistemas de tecnología habían fallado. Por lo tanto, la mixtura entre equipos humanos que estén en las barreras accionando en caso de que fallen y además de la tecnología de punta son la mejor fórmula para asegurar el tránsito en estos cruces".

Sin embargo, sobre los accidentes el gerente general de EFE Sur, Nelson Hernández indicó que efectivamente ocurren, pero que se relaciona con un mal uso de las vías, ya sea porque "conductores o peatones cruzan de forma inesperada o sin atender a las señalizaciones presentes en el lugar. Por eso como Biotrén hacemos un llamado al autocuidado, a cruzar esta vía férrea con responsabilidad, mirando en ambos sentidos y viendo si efectivamente se aproxima el tren".

MAL FUNCIONAMIENTO

Como en otras comunas del Gran Concepción, la línea férrea atraviesa el área urbana de Chiguayante, obligando el tránsito de peatones y automovilistas por los cruces habilitados. Es sobre estos cruces que los vecinos alertaron sobre irregularidades repetitivas respecto a la vía del tren y que impulsó al municipio a recurrir a la justicia.

El mal funcionamiento de las barreras incluye que estas bajan aunque el tren no pase, o lo hace cuando ya está pasando, o incluso cuando aún no se encuentra tan cerca, generando la activación repentina de las señales, congestión vehicular y contaminación acústica.

"Estas demoras se pueden evitar en la medida que se modernizan los cruces ferroviarios, a veces las barreras bajan 15 o 20 minutos antes de que pase el tren y también demora en levantarse y eso evidentemente es un problema de la administración de la tecnología ocupada y de los equipos que deberían estar en cada una de las barreras que son responsabilidad de EFE", relató Rivas.

En tanto, Hernández comentó que, para mejorar la condición en los cruces de Lonco, Santa Sofía y Porvenir, será la empresa ISF Globe, que actualmente está a cargo de ese mantenimiento, tanto como preventivo y correctivo de esas instalaciones, la que hará cumplir lo dictado por la Corte Suprema. Para monitorear la reparación, el municipio solicitará informes de cumplimiento constantes, así como conocer qué acciones se implementarán.

El Hospital Regional Dr. Guillermo Grant Benavente deberá pagar una indemnización y ofrecer disculpas públicas a un funcionario que fue discriminado por motivos de identidad de género. La sentencia fue ratificada por la Corte de Apelaciones penquista al rechazar el recurso de nulidad presentado por la parte demandada.

Los hechos que tuvieron lugar en noviembre de 2019 y abril de 2020 fueron acreditados, siendo la magistrada Claudia Etcheberry Barrera quien acogió la acción de tutela en el Juzgado de Letras del Trabajo penquista. Así se logró establecer la falta del centro asistencial respecto a su obligación como empleador de garantizar un ambiente laboral digno y de mutuo respeto.

La abogada integrante de la Corte de Apelaciones, Constanza Cornejo, señaló que además "este servicio público debía pagar por concepto de indemnización de daño moral a este funcionario la suma de $7 millones. También le impuso la obligación al director del hospital clínico regional de redactar y publicar una carta de disculpas a este funcionario por no haberse tomado las medidas necesarias que implicaban una vulneración finalmente de sus derechos fundamentales".

Por otra parte, apuntó a que en el fallo también impuso la obligación de tomar un curso de capacitación de al menos 8 horas sobre derechos fundamentales, tanto al director del servicio público, como a los funcionarios que trabajan en el departamento en que el demandante se desempeñaba.

$7 millones es la cantidad con que el recinto hospitalario debe indemnizar al funcionario que acusó la situación de discriminación

La Brigada de Homicidios (BH) de la PDI investiga la muerte de Edgardo Huenteo Mariman a causa de un ataque con arma de fuego mientras circulaba por la costanera de Quidico durante la tarde de este jueves. Desde la coordinación regional de la Macrozona Sur señalaron que se trata de un familiar de Jorge Huenteo Huenteo, quien a fines de enero también fue asesinado en la comuna de Tirúa.

El subprefecto Óscar Alvarado, jefe de la BH Concepción explicó que junto al Laboratorio de Criminalística concurrieron ayer hasta el sector de Quidico para realizar el trabajo científico técnico del sitio del suceso. El ataque habría tenido lugar cerca de las 20:20 horas del jueves, tras lo cual la víctima fue trasladada desde el Hospital de Cañete al de Concepción debido a la gravedad de sus heridas, falleciendo en la capital regional durante la madrugada de ayer.

Por su parte, la coordinadora regional de la Macrozona Sur, Bárbara Cortés, sostuvo que los autores de ambos homicidios estarían vinculados a la Resistencia Mapuche Lavkenche, la cual se ha adjudicado varios ataques incendiarios y armados.

Por otra parte, al consultar con el Ministerio Público se pudo constatar que la víctima más reciente no fue testigo en la causa que investiga el primer homicidio. El presunto autor de este delito se encuentra en prisión preventiva por solicitud de la Fiscalía.