Por Redacción

Aunque no se logró votar en su totalidad, el proyecto que concede una amnistía a los detenidos por delitos ocurridos en el marco del estallido social (antes llamada ley de indulto), logró avanzar este martes en la Comisión de Constitución del Senado.

Los parlamentarios de dicha instancia definieron el catálogo de delitos que serán considerados al momento de la evaluación del beneficio.

MALTRATO DE OBRA

En primer lugar, se rechazó la idea de incluir el delito de homicidio frustrado, contemplado en el artículo 391 del Código Penal. La propuesta era defendida por el presidente de la comisión, Pedro Araya (ind.), y además fue respaldada por el senador Alfonso de Urresti (PS).

No obstante, se impusieron con su voto en contra los legisladores Rodrigo Galilea (RN), Luz Ebensperger (UDI) y Francisco Huenchumilla (DC). "El homicidio frustrado es algo que no se puede permitir. Esas son conductas transgresoras", argumentó Galilea.

También quedó fuera del catálogo el maltrato de obra a funcionarios de Carabineros y la Policía de Investigaciones (PDI). Este punto formaba parte de una indicación presentada, entre otros, por el senador Araya, sin embargo, esta fue retirada por ser considerada una mala señal. "Pretendía amnistiar a todos, sin distinción de si había causado o no lesiones a Carabineros", explicó el legislador. Solo se incorporó el delito de amenazas contra personal policial.

La senadora Ebensperger advirtió previamente que según la Defensoría penal Pública, hay 729 causas por maltrato a las policías.

Entre los delitos que se aprobó incluir destacan los incendios menores (excluyendo el lanzamiento de bombas molotov), donde no se ponga en riesgo la vida de las personas y los daños no excedan las 40 UTM, y los daños calificados. En ambos casos los senadores de Chile Vamos votaron en contra.

Asimismo, serán considerados como ilícitos amnistiables el oponerse a la acción de la autoridad pública o sus agentes; interrumpir la circulación de personas o vehículos; los desórdenes públicos; las lesiones leves; y el ocultamiento de identidad, entre otros delitos establecidos en el Código Penal.

"UN ESFUERZO"

El presidente de la Comisión de Constitución valoró que se haya logrado aprobar una parte medular del proyecto, considerada como la más compleja por el temor a dejar en la impunidad delitos graves.

Pedro Araya, quien pidió que para efectos del tiempo en que ocurrieron los delitos se considere entre el 7 de octubre de 2019 y el 9 de diciembre de 2020 (la idea aún se discute), sostuvo que la iniciativa podría terminar de votarse en la comisión este miércoles para llegar a la sala eventualmente el jueves. En este sentido, pidió "hacer un esfuerzo y pueda ser votado a la brevedad".

Entre los puntos que restan por votar destacan los plazos que serán considerados para definir la contingencia del estallido social, es decir, el margen de fechas en que deben enmarcarse los ilícitos.

El autor de la moción, senador Juan Ignacio Latorre (RD), manifestó sus dudas respecto a la posibilidad de despachar el cuerpo legal esta semana. "No sé si habrá voluntad política para que sea votado en la sala este jueves o bien la primera semana de marzo".

De ser aprobado en la sala del Senado, el proyecto debe volver a la Cámara de Diputados debido a las modificaciones introducidas por los senadores, tales como el reemplazo de la figura legal de indulto por amnistía o el propio catálogo de delitos definido ayer.

"EJERCEREMOS TODAS LAS HERRAMIENTAS LEGALES" CONTRA EL PROYECTO

El ministro secretario general de la presidencia (Segpres), Juan José Ossa, aseguró que el gobierno buscará los mecanismos para evitar que se concrete un indulto o amnistía a los denominados "presos de la revuelta". El secretario de Estado dijo en T13 Radio que "vamos a ejercer todas las iniciativas, todas las herramientas legales para evitar que un indulto a personas que cometieron graves delitos llegue a ser ley. No vamos a dejar pasar una impunidad para quienes cometieron estos delitos".

Un nuevo ataque incendiario en la macrozona sur, actualmente bajo Estado de excepción constitucional, afectó a una empresa de áridos en la comuna de Lautaro.

Un grupo de encapuchados protagonizó el atentado en la Región de La Araucanía, que dejó una retroexcavadora y un container quemados.

De acuerdo a los antecedentes, cerca de las 7 de la mañana de ayer, varios sujetos entraron en la compañía San Alfonso en el fundo Quintrilpe, intimidando a los guardias con armas de fuego para luego rociar con líquido acelerante el lugar.

Tras cometer el delito, dejaron en el lugar un panfleto en el que se pide la liberación de "comuneros detenidos".

Ante estos hechos, el subsecretario del Interior, JuanFrancisco Galli, declaró que "cuando se hace alusión a supuestos presos políticos, yo les digo que no son presos políticos, son asesinos y a los asesinos se les condena y se les priva de libertad".

"Nos van a amedrentar, ni a nosotros como Gobierno ni a los Tribunales de Justicia", agregó Galli.

Además, puntualizó que "aquellas personas que cometen delitos graves se les investigará y de ser determinadas sus responsabilidades lo que nosotros esperamos es que esas personas sean condenadas y asuman".

CRÍTICAS A JACKSON

En conversación con Radio ADN, el futuro ministro Secretario General de la Presidencia, Giorgio Jackson, cuestionó precisamente la efectividad del Estado de emergencia en la macrozona sur, señalando que "no hay mayor tranquilidad", y sosteniendo los dichos de Gabriel Boric e Izkia Siches el fin de semana sobre no continuar con el Estado de excepción cuando asuman el poder.

"Hemos tenido cuatro personas muertas en este conflicto en la macrozona sur, las que se producen con el Estado de excepción, cuando previamente esto no ocurría", dijo el actual diputado de Revolución Democrática.

A raíz de sus declaraciones surgieron respuestas desde la futura oposición. Una de ellas fue del senador por la región de La Araucanía, Felipe Kast.

El también fundador de Evópoli indicó que "sin estado de emergencia probablemente tendríamos más asesinatos, no menos. Desde el inicio del estado de emergencia se han reducido en un 46% los hechos de violencia".

"Si el nuevo gobierno de Gabriel Boric cree tanto en las consultas ciudadanas, lo desafío a que le pregunte a la gente de La Araucanía y del Biobío si quieren o no seguir con el estado de emergencia, ¿o prefieren no consultar a la ciudadanía en esta oportunidad?", escribió en su Twitter.

Por su parte, la senadora independiente de la zona, Carmen Gloria Aravena, señaló que "lo que no es sostenible es que siga habiendo pérdidas de vida de personas inocentes en la macrozona sur a manos de terroristas y la ausencia del Estado para reguardar el Estado de derecho en esta parte del territorio. Esta debe ser prioridad del próximo gobierno".