Por Nicolás Álvarez Arrau

Uno de los efectos más preocupantes que trajo consigo la pandemia y su posterior crisis económica fue la agudización de la brecha de género en materia laboral. Los últimos datos del Instituto Nacional de Estadísticas (INE) -correspondientes al trimestre móvil septiembre-noviembre 2021- muestran, por ejemplo, que del total de la fuerza de trabajo regional cerca del 60% equivale a hombres.

La Encuesta Nacional de Demanda Laboral (Enadel) 2021, cuyos resultados fueron presentados recientemente, expusieron, en tanto, problemas mucho más serios en dos áreas específicas: la industria manufacturera y el transporte. Según el informe dado a conocer por el Observatorio Laboral Sence Biobío, allí la diferencia se acrecienta, pues esos sectores están compuestos en 84% y 88% por hombres, respectivamente.

Al respecto, el director del Observatorio, Luis Méndez, reconoció que los datos son inquietantes y que es urgente adoptar medidas, como una mesa de trabajo regional asociada al tema, a fin de ver entre los distintos actores públicos y privados cómo resolver el problema. "Se puede ayudar con subsidios o a través del Sence, porque siempre es posible mejorar (…) Los datos son bien lapidarios, por lo que es clave que haya políticas públicas que sean muy proactivas", puntualizó.

ROL DE LOS PRIVADOS

Más allá de la responsabilidad que tiene el Estado, la académica e investigadora CETI de la Universidad del Bío-Bío, Magaly Mella, hizo un llamado a las firmas y cuestionó su responsabilidad social.

"El estado de bienestar implica que no solo es el Estado el que tiene la responsabilidad de ocuparse de las problemáticas de la sociedad en su conjunto, sino que además pueden ser las compañías y la sociedad civil. Las empresas podrían reaccionar de manera proactiva y apuntar a disminuir las brechas que tiene la población, haciendo adecuaciones en el área de capacitación para nivelar a sus trabajadores y trabajadoras, o crear incentivos para la contratación de mujeres, migrantes y jóvenes", subrayó la experta.

Desde el Gobierno Regional, el jefe de la División de Fomento e Industria, Iván Valenzuela, comentó que a la fecha cuentan con una unidad de género, iniciativa que está arraigada en la División de Desarrollo Social. Esta instancia, precisó, tiene por objeto poner en conversación asuntos que son relevantes para lograr igualdad, inclusión y ciertas condiciones, de tal forma de terminar con estas diferencias que hay entre el sector masculino y femenino.

"Existe un estudio de la Subsecretaría de Economía de 2016 que indica que por cada 100 mil mujeres que ingresan a la fuerza laboral el PIB se incrementa en promedio 0,65 puntos porcentuales. Para aumentar la participación laboral femenina se debe establecer una política que ayude a elaborar dicha participación por medio de la socialización del costo de cuidados de dependientes sin distinción de género y reducir los costos de la mujer para participar en el mercado laboral, permitiendo, entre otras cosas, una mayor adaptabilidad laboral y promover un cambio cultural", manifestó Valenzuela.

MÁS RESULTADOS

Otros de los resultados del estudio exponen que la mayoría de las empresas tiene dificultades para llenar algunas de las vacantes que generaron durante los últimos 12 meses, sobre todo en proyectos de inversión (77%) y empresas de la industria manufacturera (69%).

Las dificultades más importantes de contratación que reportan se relacionan a la falta de postulantes, que es señalado por el 30% de las compañías manufactureras y por el 24% de las firmas ligadas a transporte y almacenamiento. En el caso de proyectos de inversión, la escasez de postulantes llega al 95%.

Otro de los inconvenientes tiene que ver con que los candidatos no poseen las competencias técnicas necesarias.

El alcance del estudio en Biobío llegó a 1.798 empresas y 70.611 trabajadores.

CERTIFICAN A TRABAJADORES

Un total de 52 trabajadores de seis empresas de la Comunidad Logística (Comlog) de Talcahuano ya están acreditados como operadores de grúa horquilla, gracias al programa Certificación de Competencias Laborales del Sence.

La alianza público-privada surgió tras un convenio suscrito por ambas entidades, además de ChileValora y la Asociación de Industrias Metalúrgicas y Metalmecánicas (Asimet).

Cada uno de los trabajadores de Blumar, Ulog, Marval, Talcahuano Terminal Portuario S.A., Contopsa y Sitrans, que participaron del proceso iniciado en agosto de 2021, recibirá un diploma y una credencial donde se les acredita como experto en el oficio y su inscripción en el registro nacional respectivo.

"Uno de nuestros objetivos estratégicos es producir valor en la comunidad contribuyendo a la formación de personas de la ciudad puerto. Eso tiene que ver con validar las competencias laborales de quienes ya están en la industria, como también con desarrollar nuevos talentos", dijo Guacolda Vargas, presidenta de la Comlog.

Un total de 18 mil kilos de redes de pesca recuperó Orizon en 2021 para reciclarlas y convertirlas en skates, lentes, sillas, gorros u otros productos que pueden ser creados con la reconversión de estos residuos, mediante limpieza y descontaminación oceánica.

A través de este proceso se busca dar nueva vida útil a las redes de pesca, convirtiéndola en materia prima para la fabricación de productos en el marco de la economía circular. Así, la firma ha logrado ahorrar más de 7,1 millones de litros de agua y 342 barriles de petróleo crudo y evitar la emisión de 43.340 kilos de CO2.

El proyecto ha sido ejecutado gracias a una alianza de Orizon con la empresa Bureo, que se encarga del reciclaje de este elemento. "Esta iniciativa forma parte de la estrategia de sostenibilidad que nos propusimos en Orizon (…) Estamos convencidos de que el futuro de la alimentación depende del uso responsable de los recursos y de una preocupación constante que se exprese en iniciativas concretas. El reciclaje de este material es un proyecto que genera un impacto positivo directo y por eso estamos muy contentos con su avance", explicó Cristián Larraín, gerente comercial y sostenibilidad de Orizon.

EL PROCESO

Orizon asumió la tarea de separar y acopiar las redes de pesca de nylon en desuso, compilarlas en sus bodegas y luego donarlas a Bureo. De esta manera, la empresa pasa a formar parte del programa Net Positiva que apoya proyectos sociales y ambientales en Coronel, una de las comunas donde opera la pesquera.

"Nuestro compromiso es seguir avanzando por este camino para que el jurel, con todas las propiedades saludables que contiene, se convierta en protagonista de la nutrición de futuras generaciones y, así, seguir aportando a los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la ONU", planteó Larraín.

Una de las conclusiones a las que se llegó en el encuentro sobre economía circular que organizó la Fundación Eurochile y el Gobierno Regional fue la necesidad de complementar el desarrollo económico con una mirada sustentable que permita enfrentar el cambio climático. El seminario híbrido tuvo por nombre "Una Industria Sustentable y Circular para la Región del Biobío".

En la instancia participaron autoridades y expertos regionales e internacionales que abordaron los avances europeos en materia de crecimiento industrial sustentable y las alternativas que existen en Chile para su fomento, específicamente en el tratamiento de residuos, donde la participación activa de todos los agentes involucrados asoma como una tarea clave.

CAMBIO POSITIVO

"Con integración y unión, con una visión moderna del progreso y el uso extensivo e intensivo de las herramientas científicas y tecnológicas podremos lidiar con el enorme y complejo desafío que tenemos por delante. La sustentabilidad integral, económica, social y política es una condición necesaria, y la economía circular un instrumento formidable para que empresas rediseñen y adapten sus modelos productivos y de servicios", sostuvo Vicente Caruz, presidente de Eurochile.

En la misma línea, el gobernador regional Rodrigo Díaz agregó que "desde la Gobernación hemos tomado decisiones que buscan maximizar los espacios de colaboración entre todos los agentes que intervenimos en los procesos, con una mirada en los objetivos de desarrollo sostenible a los que nos ha convocado Naciones Unidas".

En tanto, Alejandra Stehr, investigadora del Centro EULA de la Universidad de Concepción, recalcó la necesidad de bajar a nivel regional las políticas nacionales impuestas en materia de economía circular y desarrollo sustentable, "a fin de generar una hoja de ruta con metas y actividades específicas, de manera colaborativa y participativa entre todos los sectores". Eso, apuntó, permitirá que el Gobierno Regional cuente con un insumo para asignar recursos y cumplir objetivos.