Por Karlyng Silva Leal
Hasta la jornada de ayer, 6 de los 22 detenidos por los incidentes ocurridos en el Estadio Ester Roa Rebolledo fueron formalizados como responsables de diferentes delitos registrados durante la Final de la Supercopa 2022, disputada entre Colo Colo y la Universidad Católica en domingo. Debido a los daños y afectación de lo sucedido, la Municipalidad de Concepción y la Delegación Presidencial Regional presentaron querellas, además de indicar que las condiciones para la realización de un evento similar a futuro deberán ser revisadas y de ser necesario cambiadas.
El delegado presidencial regional, Patricio Kuhn, aclaró que ante la ocurrencia de un evento privado como la final deportiva realizada por la Asociación Nacional de Futbol Profesional (ANFP), la labor policial solo opera en los perímetros del estadio, siendo los responsables al interior del recinto la seguridad privada contratada por la organización. En este contexto Carabineros ingresó a controlar la situación cuando el sistema de seguridad había sido superado por las circunstancias.
"Carabineros ingresó, se encontró en las galerías de acceso con una riña, tuvieron que primero trabajar en eso, ahí fue donde resultó una persona herida, posteriormente se agruparon para poder formar esta línea que finalmente permitió separar a estos barristas, que no eran muchos, pero si eran muy agresivos, estaban actuando de muy mala manera", explicó Kuhn sobre el periodo de cercano a la media hora que tomó controlar la situación.
La riña ocurrida al interior del recinto generó daños importantes en la infraestructura del estadio, mientras que más tarde el conflicto también se trasladó al exterior del recinto. Por otra parte, pese a lo establecido en los protocolos de seguridad, los hinchas utilizaron una gran cantidad de bengalas y tronadoras a lo largo del partido.
Sin embargo, la situación más delicada al interior del estadio fue el enfrentamiento que obligó al público que se encontraba en el sector Andes Inferior, incluyendo menores de edad, a evacuar el lugar ya que provocó temor. Una parte del público que salió del estadio producto de esta situación pensando en que el partido se había suspendido, pero no pudieron volver a ingresar una vez que el evento se reanudó.
DAÑOS Y QUERELLAS
El alcalde de Concepción, Álvaro Ortiz, sostuvo el municipio tiene un periodo de 48 horas desde que se terminó el partido para entregar los detalles de los daños ocasionados, pero que de forma preliminar hasta ayer se avaluarían en $8 millones 600 mil, valor que supera a la boleta de garantía dejada por el organizador del evento que corresponde a 100 UTM, es decir, casi $5 millones y medio.
Respecto al impacto de lo ocurrido, Ortiz indicó que "más allá de lo material que tendremos que recuperar, son las imágenes de esos niños corriendo por los asientos por el temor de que les explotara un fuego artificial de las bengalas que lanzaba, cómo se agarraban a palos, cómo se tiraban piedras, porque lo que debió ser un espectáculo familiar, lamentablemente por un grupo de delincuentes se transformó en otra cosa".
En esta línea, el alcalde indicó que el municipio presentará una querella respecto a los responsables, entregando todos los antecedentes disponibles como las grabaciones del mismo estadio, testigos y todo otro medio de prueba necesario. Además, planteó que eventos similares podrían continuar, pero que tendrán que "analizar este tipo de peticiones, quizás tendremos que cambiar condiciones en el contrato, pero todo eso está sujeto a evaluación", agregó.
Por su parte, Kuhn indicó que se dispusieron los drones de la delegación que contienen imágenes claras respecto a lo ocurrido. "Las querellas que ya establecimos incorporarán estos elementos de prueba que permitirán seguramente un mayor éxito en las gestiones que tenga que hacer el Ministerio Público respecto de estas personas (responsables)", agregó.
Además, confirmó que se realizará una revisión completa junto a la ANFP de las normas de seguridad, las medidas adoptadas en este caso, ya que fueron vulneradas e insuficientes para evitar un problema con consecuencias materiales, pero también a los usuarios, situación que espera no vuelva a repetirse.