Por Nicolás Álvarez Arrau

La crisis sanitaria global y el camino político que atraviesa Chile desde octubre de 2019 han tenido un efecto importante en la economía. Parte de las repercusiones más notables se palpan, por ejemplo, en la inflación, en el encarecimiento de materiales de construcción o en el bajo interés de algunos grupos por invertir.

En este contexto, la Corporación de Bienes de Capital (CBC) expuso hace unos días su Reporte de Mano de Obra, informe con datos hasta el tercer trimestre de 2021. A través de este trabajo, el organismo busca exponer la evolución de la demanda de empleo frente a las iniciativas de inversión registradas para el lapso 2021-2025. De acuerdo al modelo de empleo desarrollado por la CBC, se estima que la mayor cantidad de mano de obra directa requerida por el actual portafolio nacional para la etapa de construcción ocurrió en julio 2021, con 150.817 personas provenientes de 816 faenas.

En el caso del Biobío, el mes peak se constató en marzo, con 14.183 trabajadores para un total de 49 proyectos, es decir, cuatro meses después hubo más planes en construcción simultánea (59), pero por su tipología requirieron menos colaboradores (12.408). Entre las faenas más destacadas asoman MAPA (US$ 2.230 millones), el barrio Brisa del Sol sector oriente (US$473 millones) o la normalización de la tercera etapa y final del Hospital Las Higueras (US$ 165 millones).

"Para la Región del Biobío se visualizan nuevas entradas de iniciativas y, a su vez, cambios de cronogramas, por lo que el máximo de 2022 podría variar, comparado con el informe previo. Ante ello es probable que la diferencia detectada entre 2022 y 2021 sea menor en cuanto al requerimiento de mano de obra asociado a la construcción de proyectos de inversión, aunque posiblemente sin superar el peak conseguido el año anterior", explicó el gerente de la CBC, Orlando Castillo.

GREMIOS LOCALES

El gerente general de la Cámara de la Producción y del Comercio (CPC) Biobío, Ronald Ruf, enfatizó que los planes informados por la CBC son aquellos que a la fecha tienen calendario definido y, por ende, dan una certeza importante sobre su ejecución. "Bajo esa perspectiva, y pensando que hablamos de la mano de obra que pudiera ser contratada en inversión para los próximos cinco años, este es un tema preocupante, porque está cayendo la inversión", lamentó.

Según el representante gremial, se trata de un asunto que causa alarma, sobre todo para el gobierno entrante. Agregó que hoy no existen grandes estrategias en la zona para revertir el escenario y que lo que se requiere con urgencia son políticas públicas que incentiven a los inversionistas en Biobío.

"Uno de los sectores que más personas requiere es la construcción, pero con el aumento de las tasas de interés y las restricciones del sistema bancario tendremos, obviamente, una baja en los planes de construcción debido al desincentivo (…) Es el gobierno quien debe definir políticas que vayan por la inversión", planteó.

Desde este último sector, no obstante, dijeron que con los cerca de 60 mil ocupados locales contabilizados para el área ya se observan niveles superiores a los del período prepandemia, panorama que estaría influenciado por el plan de reactivación económica del Ejecutivo y MAPA.

"El pronto término de las obras asociadas a ambas medidas contribuiría a generar mayor disponibilidad de trabajadores para otras ramas de la construcción, como la edificación de viviendas, que en esta fase ha enfrentado una escasez de mano de obra", precisó Helen Martin, presidenta de la Cámara Chilena de la Construcción (CChC) Concepción.

Respecto a las proyecciones, Martin sostuvo que la explicación de ocupación en el corto y mediano plazo estará apalancada a una potencial recuperación del mercado de la vivienda privada, "el cual, sin embargo, se condiciona a la mejora en las condiciones de acceso al crédito hipotecario". Añadió que otro fundamento positivo podría provenir de un cambio en la política habitacional del Ministerio de Vivienda y Urbanismo, "que en los próximos años debería priorizar la edificación masiva de viviendas de interés social orientadas a paliar el déficit habitacional".

Al contrario, produce temor la inminente eliminación de la exención tributaria Crédito Especial Empresas Constructoras para financiar la Pensión Garantizada Universal, acción que de acuerdo al gremio "puede poner en jaque la esperada reactivación para el sector vivienda".

Recientemente se realizó un segundo taller de ciberseguridad para el ámbito marítimo, instancia que concitó el interés de la autoridad marítima de Panamá, Directemar, representantes de navieras, miembros de la Embajada de Chile en la nación centroamericana y gente de mar panameña.

La jornada online se desarrolló en el marco de las fortalezas que tiene el transporte asociada al rubro, el correcto funcionamiento de su logística y los sistemas computacionales que permiten su administración, sobre todo en atención a los posibles fallos de operación que pueden afectar la seguridad del área. El encuentro fue liderado por Raúl Ceballos, docente del Instituto Profesional Virginio Gómez (IPVG) y profesor de Ciberseguridad ante la Comisión Centroamericana de Transporte Marítimo (Cocatram).

"En diciembre se realizó un primer taller en que se abordaron los contextos de la ciberseguridad en el sector marítimo portuario internacional y regional, pudiendo dejar en velo las deficiencias actuales en esta materia", destacó el profesional.

Según Vanessa Ríos, oficial de Protección Portuaria en la autoridad marítima de Panamá, la oportunidad les permitió analizar temáticas comunes. "Compartimos conocimiento en temas de afectaciones al sector, complementado con el código PBIP, norma ISO 27000 y cómo los ataques cibernéticos nos pueden afectar en el día a día", dijo.

Ceballos, en tanto, agregó que ambos países cuentan con un incipiente marco normativo y pocas políticas públicas sobre ciberseguridad, especialmente en dicha actividad. "Debemos ir adaptándonos de manera continua a las nuevas necesidades", enfatizó.

Con preocupación reaccionaron desde la Sociedad Agrícola Biobío (Socabio) ante las críticas que un grupo de regantes y canalistas de la Provincia de Biobío hizo en contra de la Junta de Vigilancia del Río Laja, entidad concretada a fines de diciembre con el objeto de "aportar a la gobernanza de las aguas a nivel territorial", según dijeron sus impulsores.

Durante la semana pasada usuarios reunidos en la Agrupación de Regantes Parte Baja y Canalistas de la Ribera Norte aseguraron, por ejemplo, que los estatutos propuestos "vulneran los derechos de la mayoría de los canales de riego, en beneficio de una sola organización que actúa de forma hegemónica en la operación de la cuenca". A eso añadieron la necesidad de llevar adelante "un proceso inclusivo que congregue a usuarios y organismos de la cuenca, independiente de su tamaño o de los derechos que estos pudiesen representar".

LLAMADO GREMIAL

Frente a dicha molestia, José Miguel Stegmeier, presidente de Socabio, dijo que más que responder de forma directa a estas personas, lo que existe es inquietud, en el sentido de que la Junta pueda prosperar. "Estamos haciendo un llamado como gremio para que todos se puedan integrar y dar su opinión, de tal forma de tener la participación que corresponde, pero dentro de la Junta", sostuvo.

El líder gremial reconoció que en estas circunstancias es normal que haya gente que tenga opiniones disidentes u opositoras, aunque recalcó que la instancia está prevista y resuelta en la ley, "que exige determinados quórums para conformar las mayorías que puedan adoptar acuerdos válidos (…) Siempre existirá el ánimo de escuchar a las minorías y atender sus planteamientos, en la medida de que no afecten los derechos de la inmensa mayoría que quiere avanzar".

La Junta de Vigilancia del Río Laja reúne a 14 actores de la zona, entre privados y públicos.