Por Karlyng Silva Leal

En el marco de la cuenta pública anual realizada por el Ministerio Público en el Biobío, la fiscal regional Marcela Cartagena apuntó con especial énfasis al balance del trabajo realizado en materia de violencia rural y el avance en materia de vulneración a los DD.HH. tras el denominado estallido social. También se calificó el caso del menor Tomás Bravo como el de mayor complejidad que se haya enfrentado en la Región, así como la necesidad de cambiar protocolos para disminuir los márgenes de error en casos similares.

Innovación crítica fue el concepto que la fiscal regional indicó como una posible mejora para aumentar los resultados en cuanto a investigación por hechos de violencia en la Macrozona Sur que con fuerza ha afectado a la Provincia de Arauco. Al respecto, indicó que, si bien de forma porcentual estos acontecimientos no han aumentado, efectivamente se han registrado hechos mucho más violentos, lo cual complejiza las investigaciones con una serie de factores que inciden en la materia.

"Insistir en hacer siempre lo mismo, efectivamente ya es un asunto al que todos, fiscales y policías en general debemos renunciar. Innovación crítica, ese es el cambio de paradigma, lo que hacía falta, nosotros creemos que ahí está el punto. Hace menos de un año que se inició este cambio de mirada, que también lleva a las policías en este cambio, nosotros creemos que luego y pronto habrá resultados que nos empezarán a demostrar que este giro era necesario y es el que nos va a conducir por un camino de mejores resultados", explicó la persecutora.

INVESTIGACIONES

Por su parte, Jorge Abbott, Fiscal Nacional presente en la instancia, sostuvo que las causas de violencia rural han sido enfrentadas como un todo tal como un fenómeno e indicó que la materia que les compete, es decir, la investigación de delitos, ha implicado la designación de un coordinador para la Macrozona, el ex fiscal regional de La Araucanía, Cristian Paredes. Esto ha permitido la reactivación de una mesa de trabajo que reúne a los fiscales de regionales del Biobío, La Araucanía, Los Ríos y Los Lagos, para realizar iniciativas de investigaciones interregionales al respecto.

Además, la fiscal sostuvo que el fenómeno ha sido cambiante y evoluciona constantemente, lo que dificulta estar preparado para enfrentarlo, sin embargo, recordó: "Somos un organismo que reacciona ante la comisión de un delito. No busquen en nosotros a quienes deben prevenir la comisión de ese delito, porque ni legal ni constitucionalmente somos los llamados a hacerlo".

En cuanto al estado de excepción constitucional que rige para las provincias de Arauco y Biobío, la fiscal indicó el Ministerio Público continúa con las mismas facultades y en cuanto a su efectividad sostuvo que "la proyección del tiempo nos permitirá decir si ayudó en algo, estamos muy encima, muy en la contingencia. Se trataba de que no ocurrieran hechos y por otro lado ocurrió un hecho tan grave que costó la vida a un muchacho entonces desde ese punto de vista pronunciarse me parece muy rápido".

TRABAJO ANUAL

Son 288 los casos en investigación respecto a vulneraciones a los Derechos Humanos que la Fiscalía desarrolla en la región del Biobío tras el denominado estallido social, para lo cual además se designó al persecutor Nelson Vigueras Camaño asumió la dedicación exclusiva a estas causas, con lo que durante el 2021 además se agregaron abogados, gestores y analistas a este trabajo, de tal forma que 14 causas fueron formalizadas con una mayor cantidad de imputados en cada una de ellas.

Por otra parte, durante el 2021 a la Fiscalía Regional ingresaron 106.163 mil causas, un 4% menos que el año anterior, y donde el 63% estuvo concentrado en la provincia de Concepción, siendo además el promedio de causas por fiscal y su equipo de 1.769. Además, se terminaron 119.716 causas, un 23,1% más que en el periodo anterior, se realizaron 68.206 audiencias en la región, se realizaron 238 juicios orales un 86% más que en 2020, se formalizó a 10.323 imputados y los jueces dictaron 0.651 prisiones preventivas y otras medidas cautelares.

Algunos de los delitos que presentaron las mayores disminuciones en comparación al año anterior fueron los de tortura y malos tratos (-53%) y robos (-29%), este último con una tendencia a la baja durante los últimos años, destacándose los robos por sorpresa y robos con intimidación y violencia, que disminuyeron un 31% y 28% respectivamente.

Como una de las investigaciones de mayor complejidad y que ha desafiado como ninguna otra al Ministerio Público en la Región, así calificó la Fiscal Regional Marcela Cartagena el caso en indagación del menor de 3 años Tomás Bravo, quien tras desaparecer el 17 de febrero en Caripilún, Arauco, fue encontrado fallecido el 26 del mismo mes tras una intensa búsqueda. "Hubo malas combinaciones, y esos factores juntos hicieron y produjeron que nos enfrentemos a una indagatoria más difícil. Difícil, no imposible", agregó.

A casi un año de ocurrido el hecho, la persecutora indicó que las principales complejidades radican en factores como en ellos hechos que determinaron la muerte del niño, la forma en que se desarrolló su búsqueda y las acciones y decisiones realizadas por las instituciones involucradas al momento del hallazgo del cuerpo. Ante este escenario, Cartagena aseguró que durante este primer semestre del 2022 integrarán un informe completo con propuestas y medidas que la misma Fiscalía tomará respecto a la actuación en este caso.

"Lo que nosotros como institución tengamos que arreglar, vamos a meter la mano firme y vamos a buscar soluciones. En cuanto a otras instituciones evidentemente nosotros les propondremos en base a las circunstancias que creemos que ellos pudieron haber conducido mejor, como podrían mejorar, pero no les podemos imponer esa mejora, sino que sencillamente se la vamos a proponer a todos los que operamos alrededor de este sistema para que nunca más esto nos vuelva a pasar", afirmó.

Actualmente, son 20 los tomos que acumula la investigación respecto a antecedentes del caso, en el que se han realizado una serie de diligencias de distinta índole, siendo 6 pericias las que en este momento se encuentran en desarrollo, dentro y fuera de Chile, en sedes policiales, servicios públicos y universidades, cuyos detalles solo están en conocimiento de los intervinientes de la causa.

Como un fenómeno será indagada la seguidilla de homicidios frustrados y consumados que se han registrado en diferentes puntos de la región del Biobío durante los últimos cinco días. El Sistema de Análisis Criminal y Focos Investigativos (Sacfi) sería el método que la Fiscalía Regional pretende utilizar en la lógica de que los delitos han sido perpetrados con el uso de armas de fuego.

Así lo indicó la fiscal regional, Marcela Cartagena, indicó que estos hechos, que comparten la característica de que sujetos a bordo de vehículos realizaron los disparos, no serán investigados como casos particulares, sino que como un fenómeno. "El tema de armas en el país y en nuestras ciudades ha aumentado y está muy latente. Ya hay Focos (investigativos) y nada impide que haya otros", agregó.

En tanto, el Fiscal Nacional, Jorge Abbott sostuvo que el aumento en la tasa de homicidios ha sido una preocupación, principalmente por la ocupación de armas de fuego para cometer este tipo de delito y que, indicó, pueden estar relacionadas con algunas organizaciones que se han instalado en el país de las que no se tenía registro, por ejemplo, en materia de drogas desde el extranjero.

"Se nos presenta un desafío como Estado, que es hacer un catastro de las armas que hoy existen en Chile. No ha habido hace mucho tiempo una revisión de todas las armas que se encuentran por ejemplo inscritas. Hoy no sabemos quién posee esas armas, es necesario también regular la comercialización de municiones que hoy tiene una baja regularización y fiscalización", apuntó.

Por otra parte, indicó que es necesario reforzar el Servicio Nacional de Aduanas y la importación de elementos que permiten la construcción de armas, como lo son los insumos para impresoras 3D.

También indicó que es importante tener un registro de las armas policiales y de las Fuerzas Armadas. "No son armas que estén sujetas a una inscripción única, a la cual el Ministerio Público pueda tener acceso y creo que eso es algo necesario de establecer como una forma de control de todas las armas que existen en el país con el objetivo de dar trazabilidad a los proyectiles que podemos encontrar eventualmente en un sitio del suceso y buscar que tipo de arma es y quienes las poseen", finalizó.