Por Mauricio Ávila C.

Fue una semana intensa en la Convención Constitucional. La renovación de la mesa acaparó la atención de la opinión pública y su desarrollo -nueve votaciones en dos días casi corridos- para que saliera humo blanco generó críticas y aplausos para quienes argumentaban que era una demostración de lo difícil que será ponerse de acuerdo o de la virtud que implica ver en vivo y en directo cómo se llega a acuerdos. Un caso de covid-19 y varios contactos estrechos agregaron incertidumbre mientras asumía la nueva mesa de María Elisa Quinteros y Gaspar Domínguez.

El devenir del proceso constituyente es seguido por la ciudadanía, pero también en especial por el mundo académico, que ve tantas singularidades en una instancia que cada día entrega lecciones o motivos de análisis. Jaime Arancibia, docente de la Facultad de Derecho de la Universidad de los Andes, investigador de POLIS, el Observatorio Constitucional de la misma casa de estudios, y doctor en Derecho de la Universidad de Cambridge, hace un repaso de estos primeros seis meses de Convención con Elisa Loncon y Jaime Bassa a la cabeza y proyecta lo que se viene.

-¿Cómo califica el trabajo de la Convención Constitucional en estos primeros seis meses?

-Hasta ahora la Convención ha cumplido de forma aceptable con las tareas y el programa trazado por el Reglamento: organización de comisiones, debates temáticos, audiencias ciudadanas y transparencia ante la sociedad.

-En ese contexto, ¿qué evaluación hace de la gestión de la mesa encabezada por Elisa Loncon y Jaime Bassa?

-Lo principal es que cumplieron bien con la difícil tarea de instalar y poner en marcha un órgano colegiado del que no había precedentes en Chile, con todo lo que ello implica, en un ambiente de tensión política y pandemia. Un bemol es que algunas de sus declaraciones y omisiones se alejaron del rol de representar y velar por el interés de todos los miembros de la corporación. El espíritu republicano demanda que las altas autoridades no incurran en prácticas partisanas estando en cargos directivos.

LO BUENO Y LO MALO

-¿Cuáles son a su juicio los hitos (negativos y positivos) del trabajo convencional hasta ahora?

-Lo positivo es que han oído a muchas personas y representantes del mundo social, de distintas partes del país. Destaco también el haber logrado un clima de trabajo conjunto pese a las diferencias de vida y pensamiento de cada uno. Observo, además, un alto grado de transparencia acerca del contenido de las reuniones y de las propuestas preliminares. A nivel temático, han aparecido propuestas modernas como las garantías de acceso a medios digitales, una mayor preocupación por el cuidado del medio ambiente, la sostenibilidad energética y el aseguramiento de derechos sociales.

En cambio, no me parece bien el afán de varios de reescribir o refundar la Constitución entera. Como dijo el Presidente Boric en su discurso de triunfo: "… sé que la historia no parte con nosotros… nuestro proyecto es de una larga tradición histórica". Ese es el espíritu que debería impregnar a la Convención y no el de cambiar la redacción de todo. Desde luego porque la madurez institucional de un país depende de su grado de respeto a normas centenarias, como insistieron Aylwin, Lagos y Bachelet. Con excepción de la Carta de 1980, la historia constitucional chilena ha sido de reformas y no de refundaciones. Es preciso retomar esa costumbre, propia de países desarrollados. Tenemos la oportunidad histórica de tener una Constitución representativa de todas las generaciones de chilenos.

Una buena reforma mejora lo malo, pero mantiene lo bueno. Además, es prácticamente imposible reemplazar 200 años de evolución constitucional en nueve meses y que quede bien. Varias de las normas fundamentales de la actual Constitución han madurado durante siglos. Algunos textos nuevos o de reemplazo que he revisado incluso están mal redactados. Eso puede generar problemas serios de inseguridad o confusión jurídica.

Observo también una tendencia a la profusión de normas. Hay varias propuestas de preceptos que no tienen relevancia constitucional y que son propios de una ley. Es preciso insistir en la sobriedad y elegancia constitucional: menos es más. Piense usted que la OECD ha hecho estudios empíricos que demuestran que mientras más artículos tiene una Constitución, más pobre y corrupto es el país.

Pienso también que falta participación ciudadana en el tramo final de la discusión. No basta con oír a la gente antes de redactar los artículos. También es necesario conocer su opinión acerca de la propuesta de articulado antes del plebiscito, para poder corregirlas. Esto se hace, por ejemplo, mediante plataformas que permitan exhibir los textos y recibir comentarios, como ocurre en otros países. Pensemos en los papers (blanco y verde) o en la labor del Public Bill Committee en Inglaterra. Lamentablemente, eso no está previsto en el proceso actual.

-Las dificultades para elegir nueva mesa, ¿son un buen o un mal indicio?

-En mi opinión no es bueno ni malo. Es lo que puede ocurrir en un cuerpo compuesto por una gran cantidad de personas con múltiples intereses particulares. Además, estando tan regulado el trabajo de la Convención, tanto en la Constitución como en el Reglamento, la integración de la mesa directiva es relevante pero no es lo más importante. Lo crucial ahora es que puedan hacer la tarea encomendada por el pueblo de Chile: hacer una buena propuesta de Constitución. Sin perjuicio de eso, sí es un mal indicio para aquellos que están pensando en un régimen parlamentario de gobierno. ¿Estaríamos dispuestos a entregarle la función ejecutiva, con la agilidad y eficacia que ella exige, a una asamblea que tarda tanto en escoger a sus directivos?

-¿Cuál debiera ser el sello de la nueva mesa?

-Debería ser un sello altamente ejecutivo y ecuánime, para sacar adelante la propuesta de Constitución con un respeto estricto a las normas de procedimiento, quórum de aprobación, plazos e intereses comunes de los integrantes del órgano. Esto puede resultar más difícil que en los primeros seis meses, dado que ahora entrarán de lleno en la discusión de temas de fondo y pueden producirse muchos más roces.

NUEVO GOBIERNO

-¿Qué tanto puede influir en el trabajo constituyente la asunción de un nuevo gobierno encabezado por Gabriel Boric?

-Creo que cualquier Gobierno puede ejercer una influencia decisiva en la discusión constitucional, sobre todo considerando su poder comunicacional durante la campaña previa al plesbiscito de salida. Pienso que el rol del gobierno es garantizar la independencia del órgano constituyente y dar garantías de objetividad del proceso eleccionario. Sobre todo en el caso del Presidente, que no es sólo jefe de gobierno, sino jefe de Estado. De influir, ojalá que sea para lograr consensos amplios. Me quedo nuevamente con dos frases del presidente electo: "Los avances, para ser sólidos, requieren ser fruto de acuerdos amplios" y "cuidemos entre todos este proceso para tener una Carta Magna que sea de encuentro y no de división".

Fíjese que Alfonso Guerra, convencional socialista que lideró la redacción de la Constitución española, que fue aprobada nada menos que por un 90% de los convencionales, parlamentarios y pueblo español en 1978, explicó hace poco que la razón de su alta aprobación y duración por más de 40 años es que fue un "acta de paz", un "armisticio", firmado por toda la historia de siglos de españoles enfrentados". Para eso fue necesario un consenso que significó renuncias o cesiones de todos los sectores. Guerra destaca: "… que los partidos políticos después de dos siglos de enfrentamiento por una vez decidieran hacer una Constitución entre todos y que renunciaran a parte de su ideario me parece que fue algo extraordinario".

Un caso similar ocurrió con la Tercera República francesa, en que bandos irreconciliables de monárquicos parlamentaristas y republicanos presidencialistas terminaron transando en una república parlamentaria que dio estabilidad a Francia por décadas a partir de 1870.

Ese es el ánimo que quisiera yo para Chile y su gobierno, pues solo así podremos vivir en paz. ¿Queremos ser un ejemplo de acuerdo en lo fundamental o sumarnos a la larga lista de países latinoamericanos que suman decenas de constituciones producto de la alternancia de mayorías circunstanciales?

-¿Qué opina de las normas que han ingresado los ciudadanos?

-Pienso que ha habido de todo. Unas buenas e interesantes y otras que obedecen más bien a intereses de grupo o a asuntos propios de una ley más que de un texto constitucional. Lo bueno es que ha habido oportunidad para poner temas sobre la mesa que interesan a un porcentaje de chilenos con validación digital ágil.

-¿Puede ser un arma de doble filo el que los ciudadanos puedan ingresar alguna norma con muchísimo apoyo y que forzara a su inclusión a pesar de, por ejemplo, vulnerar algún tratado: pena de muerte, por ejemplo?

-La democracia representativa significa que los que deciden finalmente son los convencionales, más allá del apoyo popular que pueda tener una iniciativa, sobre todo porque esta debe ser ponderada con intereses generales que no siempre son considerados por quienes las promueven. Piense en el Brexit, que pese a tener apoyo plebiscitario, sólo pudo tener validez una vez que fue ratificado por el Parlamento inglés. Hasta ahora, sin embargo, las iniciativas sólo han alcanzado el mínimo de apoyo requerido para ser discutidas. Con todo, la Convención no podría infringir tratados internacionales vigentes ratificados por Chile.

-¿Considera necesario que la nueva Constitución cambie el sistema político en Chile? Se ha hablado de parlamentarismo, presidencialismo atenuado, pero usted era de los que dudan que la Carta Magna sea muy distinta a la actual.

-Creo que el régimen presidencial con un Congreso bicameral está en el ADN del pueblo de Chile. Tanto es así, que si se optara por un régimen parlamentario o de presidencialismo atenuado, no me extrañaría, como dijo Balmaceda en su testamento político, que más temprano que tarde la decadencia política dé paso a un presidencialismo renovado. Las crisis políticas del Chile republicano se han debido al funcionamiento irregular del Congreso y de los partidos políticos más que del Poder Ejecutivo. Es ahí donde deben incorporarse reformas para evitar que los vicios terminen por anular la acción de gobierno tanto legislativa como ejecutiva.

Al respecto, sugiero la elección por voto obligatorio, un sistema electoral que favorezca coaliciones estables, preselección democrática de candidatos de partido, límites a la reelección y al financiamiento electoral, aumento del quorum para presentar acusaciones constitucionales, mecanismos de pareo, suspensión o subrogancia en períodos de reelección, y declaración de intereses detallada y actualizada. Sugiero también elevar la edad de los senadores a aquella en que las derrotas personales han dejado lecciones de vida suficientes, y se percibe mejor la finitud de la vida, fuente de sabiduría y equilibrio.

GRANDES TEMAS

-¿Cuáles son los otros grandes temas que resta por discutir de cara al texto final?

-Dado que recién comienza la discusión de verdad, resta por discutir todos los grandes temas. Esto podría dar pie para futuras conversaciones con ustedes. Si me apura un poco, pienso que los temas más candentes que se avizoran son los de derecho a la vida, libertad religiosa, libertad de enseñanza, propiedad, Poder Judicial, Tribunal Constitucional y libre competencia entre empresas estatales y privadas. Pienso que cada uno de estos temas da para un análisis aparte.

Tampoco desaprovecharía la oportunidad para incoporar principios que están a la vanguardia del derecho constitucional, como la confianza legítima, la proporcionalidad ante las cargas públicas y la concursabilidad de los bienes públicos.

-¿Cuál es su expectativa pensando en el plebiscito de salida?

-Mi expectativa es que el plebiscito pueda estar precedido de una buena campaña informativa y espacios de discusión para conocer los pro y contra de la propuesta constitucional, de modo que la ciudadanía pueda votar informada. Lo ideal, por razones de legitimidad, es que el resultado de apruebo o rechazo cuente con una mayoría amplia. De no ser así, la Constitución actual -en caso de rechazo- o la nueva -en caso de aprobación- será fuente de divisiones que auguran inestabilidad o nuevas negociaciones políticas.