Morosidad en el pago de servicios básicos
Hace unos días ha expirado la ley 21.249, que prohibía a las compañías de servicios básicos suspender el suministro a sus clientes por el no pago de las cuentas. La iniciativa se comenzó a aplicar en agosto de 2020, durante el período más crítico de la pandemia de coronavirus, pero con el tiempo se extendió, debido a las dificultades económicas que afectaron a muchas familias, que perdieron sus empleos y sus ingresos, debido al cierre de fuentes laborales.
Tanto el Gobierno como las compañías de servicios básicos se han comprometido a aplicar una medida transitoria y se espera que durante el presente mes se tramite un proyecto de ley para subsanar de manera definitiva el problema creado por el no pago de las cuentas por parte de los usuarios. El ministro de Energía y de Minería, Juan Carlos Jobet, ha anunciado hace algunos días que el Ejecutivo logró pactar un acuerdo con las empresas de agua y electricidad para evitar interrupciones, salvo a usuarios de muy altos consumos. Ha señalado que de manera excepcional se dispondrán medidas a favor de los usuarios de los servicios sanitarios, electricidad y gas de red, como es la continuidad del suministro y la suscripción de planes de pago para quienes no puedan cumplir con sus cuentas debido a la pandemia de covid 19.
Hay un tema de fondo que es el endeudamiento que se ha ido provocando por las postergaciones o por la cesantía, la falta de trabajo y la falta de ingreso de los ciudadanos. Esta deuda se ha ido acumulando en el tiempo, por lo que podría transformarse en algunos casos en compromisos casi impagables.
A mediados de 2020, el Gobierno llegó a un acuerdo con las empresas distribuidoras, para no interrumpir el suministro en los casos de morosidad. La iniciativa no representaba una condonación, ya que luego debería repartirse lo postergado en doce meses, lo cual significaría un aumento en las cuentas futuras de los usuarios. Inicialmente, la medida estaría vigente mientras durara el estado de excepción, pero en los aplazamiento se acordó prorrogarla hasta diciembre recién pasado.
No obstantes, los alcaldes de algunos municipios han planteado que esta fórmula ha generado un alto endeudamiento de los hogares, ya que las cuentas no se han condonado sino que se han prorrogado, lo que significa que al terminar la vigencia de la medida, esas familias podrían tener serias dificultades para cumplir sus compromisos.
El presidente de la Asociación de Municipios Libres, Mauro Tamayo, y el presidente de la Corporación de Consumidores y Usuarios, Hernán Calderón, señalaron en una carta enviada el año pasado al Gobierno que han aumentado los hogares morosos y también los montos, lo que se sumaba a la incertidumbre una vez que terminara su validez, el 31 de diciembre de 2021. Citando cifras de la Superintendencia de Electricidad y Combustibles, manifestaron que sólo en el sector eléctrico había 720.840 hogares con cuentas impagas, de los cuales el 28% correspondían a clientes que cayeron en morosidad después del inicio de la pandemia. Además, sólo 196 mil había suscrito entonces un convenio con su distribuidora.
De acuerdo a información proporcionada por las principales empresas de rubros de agua y electricidad, en la Región del Biobío hay más de 100 mil personas o viviendas que se encuentran en situación de morosidad. Essbio ha señalado que solo 6.454 familias se han adherido a los beneficios del plan y que alrededor de 37.000 registran más de cuatro saldos impagos. La deuda total de este tramo suma $13.060 millones, subiendo $6.318 millones desde febrero de 2020. CGE tiene en la zona 45.244 hogares cuya deuda superaba los 45 días a contar de su fecha de pago, según datos al 30 de noviembre.
Este es un tema que debe resolverse pronto y en forma definitiva, porque se cumplirán dos años de la pandemia y la deuda se acumula peligrosamente para los hogares.
De acuerdo a información proporcionada por las principales empresas de rubros de agua y electricidad, en la Región del Biobío hay más de 100 mil personas o viviendas que se encuentran en situación de morosidad con sus cuentas de servicios básicos.