Por Agencias

El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, anunció ayer en la tarde que su Gobierno comprará 500 millones de pruebas rápidas de covid-19, reforzará el personal en los hospitales y ampliará los sitios de vacunación como parte de la estrategia para contener el impacto de la variante ómicron.

En un discurso al país a días de la Navidad, Biden dijo reconocer "lo cansados, preocupados y frustrados" que están sus compatriotas, pero aclaró que la situación del país no es la misma de marzo de 2020, cuando la pandemia golpeó con fuerza a Estados Unidos.

"Estamos preparados", dijo el gobernante, quien resaltó que a diferencia de entonces "más de 200 millones de estadounidenses están completamente vacunados".

"En marzo de 2020 nadie estaba vacunado", acotó Biden, quien insistió en su llamado a quienes aún no han completado su inmunización a que lo hagan y a aquellos que difunden "mentiras" y "desinformación" a que se "detengan ahora"

NUEVAS MEDIDAS

En concreto, Biden basó su discurso en las medidas que pondrá en marcha a partir de ahora para reforzar el plan de combate a la nueva variante que anunció semanas atrás.

La estrategia será reforzada con una serie de acciones para aumentar el apoyo a hospitales, elevar la disponibilidad de test gratuitos y ampliar los lugares para la vacunación.

Biden indicó que instruyó al secretario de Defensa, Lloyd Austin, para que prepare a 1.000 miembros en servicio, entre ellos médicos militares, enfermeras y paramédicos, que serán desplegados, de ser necesario, durante los meses de enero y febrero.

También se dispondrá de inmediato de personal médico federal para apoyar a los estados. De entrada, seis equipos de respuesta de emergencia conformados por más de 100 profesionales clínicos y paramédicos se desplazarán a los estados de Michigan, Indiana, Wisconsin, Arizona, New Hampshire y Vermont.

Además, el presidente solicitará que la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias (FEMA) destine personal para un centro de coordinación de respuesta nacional y que equipos de expertos de esa entidad evalúen las necesidades hospitalarias.

Biden confirmó que el Gobierno federal comprará 500 millones test de covid-19 para ser practicados en casa, que empezarán a entregarse a partir de enero.

La compra de 500 millones de test es, según explicó la portavoz de la Casa Blanca, Jen Psaki, la más elevada hasta el momento.

US$100 POR TERCERA DOSIS

Ante el alza de contagios, con más de 87.000 en la última jornada, Por otra parte, Biden defendió que los tribunales hayan restablecido la norma de "vacunación o testeo" que impuso para las empresas del país con más de 100 empleados, y admitió que estas medidas, aunque impopulares, salvan vidas.

En paralelo, el alcalde de Nueva York, Bill de Blasio, anunció que "cualquier persona que reciba un refuerzo (de la vacuna de covid-19), recibirá 100 dólares" como incentivo y precisó que esta oferta se mantendrá hasta el 31 de diciembre, agregando que la ciudad está dispuesta a gastar el dinero que sea necesario, porque la vacunación "es prioridad".

europa se restringe

La variante ómicron también se abre paso por Europa y preocupa a los gobiernos que ya comienzan a aplicar nuevas restricciones.

Suecia anunció que el ocio nocturno, especialmente discotecas y clubes, se cerrará, misma medida que comunicó ayer el nuevo Gobierno alemán, que además sumó que los grandes acontecimientos, como partidos de fútbol, conciertos o eventos culturales, serán sin público.

Respecto al resto del mundo, Montreal en Canadá, declaró estado de emergencia ante el rápido aumento de los casos de covid-19 por la variante ómicron (Quebec registró ayer un récord de 5.043 nuevos casos), mientras que Israel confirmó su primera muerta a causa de la nueva mutación.

CATALUÑA PLANTEA TOQUE DE QUEDA POR LA VARIANTE

La comunidad autónoma de Cataluña se podría convertir en la primera región española en retomar serias medidas para frenar la expansión de la variante ómicron de covid-19, dado que según el jefe de salud regional, Josep Argimon, "las infecciones aumentaron 100% durante la última semana". Las autoridades de salud solicitaron a los tribunales aprobar una serie de restricciones, como el toque de queda, el cierre del ocio nocturno y limitar los aforos en restaurantes, tiendas, gimnasios y teatros. De aprobarse, entraría en vigor el viernes y afectaría a la capital de la región, la turística Barcelona.

1.000 miembros en servicio de las Fuerzas Armadas de EE.UU. serían desplegados entre enero y febrero.

200 millones de estadounidenses están completamente vacunados contra covid-19, según Biden.

Una reputación empresarial que se mantiene baja y una ciudadanía cada vez más exigente, son los principales hallazgos del Estudio de Reputación Corporativa 2021, realizado por Ipsos e INE Consultores.

Según el sondeo, que encuestó a más de cinco mil personas, el puntaje promedio que obtienen las 100 empresas evaluadas es de 602, sin registrar variación respecto de la medición realizada el año pasado.

La cifra se mantiene muy lejos de los más de 700 puntos que marcaba el indicador en la primera mitad de la década del 2000, antes del escándalo de La Polar y la crisis de las cadenas de farmacias, hitos que iniciaron la caída de la curva.

El peor momento reputacional se sitúa en 2019, con el estallido social, donde el promedio llegó a 575.

"La ciudadanía se ha vuelto más crítica que hace tres o cuatro años, sobre todo con las empresas líderes de cada sector a quienes les exigen mayor compromiso con los grandes problemas que nos afectan como sociedad", comentó Miguel Pinto, subgerente del área de estudios públicos y reputación corporativa en Ipsos.

De acuerdo al estudio, las empresas mejor evaluadas son Colún, Samsung y Google, mientras que las AFP Modelo, Capital y Provida obtienen el peor puntaje.

De los 25 sectores en que se agrupan las compañías analizadas, los tres mejor posicionados son Tecnología, Alimentos y Tiendas para el hogar y construcción. Por el contrario, los peor evaluados son las Compañías de seguros, Isapres y AFP.

Según Diego Fuentes, CEO de INC Consultores, "la reputación corporativa en el mundo se encuentra en una zona de riesgo y Chile no es la excepción, con una peligrosa brecha respecto a la percepción que tienen los grupos de interés de las grandes utilidades que tienen las empresas versus lo que le retornan a la sociedad".

La Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) condenó ayer a Chile por la llamada "deuda histórica" contra los profesores, al no cumplir con la debida diligencia en el pago de una asignación especial de 846 docentes de las Municipalidades de Chañaral, Chanco, Pelluhue, Parral, Vallenar y Cauquenes.

La sentencia indica que el Estado es responsable de la violación de los derechos a las garantías judiciales, protección judicial y a la propiedad de los docentes, así como del deber reforzado de garantizar la debida diligencia en el acceso a la justicia de las personas mayores: "Las víctimas son todas personas mayores de 60 años y un quinto de ellas falleció esperando por más de 25 años la ejecución de estos fallo".

Según el texto, "los procesos de ejecución de las sentencias dictadas en firme en favor de los 846 profesores y profesoras que condenaban a las municipalidades al pago de una asignación especial, resultaron irregulares e ineficaces".

El caso se remonta al régimen militar, cuando la administración de la educación pública fue traspasada desde el nivel central a las municipalidades del país. Este cambio implicó que el personal docente quedaba sometido al Código del Trabajo y se regiría por las normas aplicables al sector privado.

De este modo se creó una asignación especial no imponible para el personal docente dependiente del ministerio de Educación a contar del 1 de enero de 1981. No obstante, los profesores que fueron transferidos del Estado a las municipalidades no recibieron esta asignación, dando así origen a la denominada "deuda histórica".

A partir de 1990 los profesores pudieron iniciar demandas judiciales para el pago de esta asignación y en el marco de 13 procesos contra los mencionados municipios se dictaron sentencias a firme.

El abogado litigante Ciro Colombara destacó que "por primera vez un Estado es condenado por un tribunal internacional de derechos humanos por haber violado el derecho de propiedad, las garantías judiciales y acceso a la justicia".

Agregó que la "sentencia unánime obliga a pagar, en el plazo de tres años, más de cuatro millones de dólares por concepto de daño moral y cerca de 84 millones de dólares por daños materiales o directos".