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Esperar un par de meses más no importa, dice Macarena González. Después de vivir casi ocho años en el campamento Villa San Francisco en Concepción, estar en una vivienda de transición mientras terminan de construir su hogar, cerca del Outlet en San Pedro de la Paz, ya es un avance.

Cuenta que, de cierta forma, ella y sus vecinos tuvieron la suerte de estar cerca del río Andalién. Y cree que fue suerte, porque el terreno donde se instalaron está considerado en un proyecto para intervenir el cauce, así que sí o sí tenían que irse de allí. Eso le permitió a su toma ingresar al programa de campamentos y estar en el listado que el Ministerio de Vivienda consideró para cierre.

Según el último catastro, del año 2019, en Biobío había 131 campamentos. Había, porque con el programa de cierre, desde 2018 a la fecha ya han logrado terminar con 44 de ellos.

En la repartición pública saben que hay más asentamientos irregulares. De acuerdo a lo informado por los municipios, actualmente hay 69, en los que viven más de 3 mil 500 familias.

Sin embargo, hacen una diferencia, pues solo una parte de ellos logra ingresar al programa especial del ministerio, que les permite a esas familias acceder a obras de mejora y a intervenciones que consideran la radicación, es decir, mantenerse donde están pero en mejores condiciones, o la relocalización, que con subsidios especiales permite a las familias comprar viviendas nuevas o usadas.

La meta del actual gobierno es entregar la administración con 59 campamentos menos. No obstante, esa cifra no alcanza a ser la mitad del catastro de la cartera. Y a estos 72 restantes hay que sumarle los 69 asentamientos informados por los municipios.

Isidora Lazcano, directora regional Techo Región del Biobío y Ñuble, plantea que la solución no pasa solo por terminar con los actuales campamentos: "La solución hoy pasa por evitar que surjan otros y para eso tenemos que trabajar por el acceso a una vivienda digna".

El seremi de Vivienda, Sebastián Abudoj, reconoce que la rapidez con la que están cerrando asentamientos no va a la par de la generación de nuevas tomas, que se aceleró con la pandemia. Afirma que su repartición ha tomado medidas, pero al igual que la directora de Techo, cree que es necesario hacer ajustes en las políticas habitacionales.

Cierres

En promedio, un campamento demora ocho años en cerrarse.

El seremi Abudoj comenta que lo más complejo de este trabajo es definir si la estrategia será relocalización o radicación.

"Las principales consideraciones son técnicas y sociales. Técnicas respecto al terreno, si se pueden desarrollar obras de urbanización considerando costos y tiempos, también si las familias tienen intención de permanecer de manera mayoritaria y eso está vinculado a si realizan sus actividades cerca del campamento", indica.

En la actual administración, informa, han cerrado 44 asentamientos, lo que ha beneficiado a poco más de 2 mil familias. En 33 se aplicó la estrategia de relocalización y el resto permanece en el lugar donde estaban instalados, pero con mejores condiciones, lo que incluye obras de saneamiento y estructurales de las viviendas.

Este año consideran otros 15 campamentos, de los cuales cinco ya tienen su cierre administrativo, es decir, ya tienen lista su solución. Se trata de Samaritanos de Tomé, Cruce Norte de Arauco, Villa Louta de Coronel, Roble Huacho de Lota y El Guindo de Talcahuano. Entre todos suman 122 hogares.

Los otros 10 están en proceso y, según el seremi, aunque faltan solo dos semanas para que termine 2021, lograrán cumplir con la meta.

"El objetivo es aportar con el cierre de 59 campamentos durante el gobierno y haber ayudado a 2 mil 500 familias", reafirma Abudoj.

En ese listado está el de Macarena González, quien además de ser madre de un adolescente, una niña y un niño, es presidenta de Villa San Francisco. También lidera el campamento Isla Andalién, que está en fase final. Entre ambos, cuenta González, hay 53 familias que ahora podrán vivir en casas confortables y que cumplen con todas las normativas. En los terrenos quedan menos de 10 hogares en espera.

"A fines de marzo nos dijeron que debíamos tener el ahorro, que son como 10 UF y ahí nos postularon a subsidio. La mayoría de las familias se van a San Pedro de la Paz, otros se quedan en la villa porque compraron viviendas usadas en el sector, y otros se van a Penco, donde están las viviendas de integración", relata.

La dirigenta explica que ahora está arrendando y aunque no es su propiedad, está en mejores condiciones que las del campamento, a donde llegó por problemas con los familiares donde vivía de allegada. Como no tenía dinero, le fue imposible acceder a otra alternativa.

"En el campamento la mayoría de las personas eran trabajadoras, así que no era tan malo, pero cerca había delincuencia, venta de drogas, así que ahora, aunque arriendo, me siento más tranquila y no tanto por mí, sino por mis hijos", expone González.

Insuficiente

De acuerdo al catastro de Vivienda, Coronel es la comuna que tiene mayor número de campamentos y familias: 7 y 725, respectivamente.

El alcalde Boris Chamorro reconoce que han existido beneficios y trabajo con los campamentos. Sin embargo, advierte que "aún son procesos muy lentos los de la adjudicación de subsidios y la posterior solución habitacional, en El Pilón, el Pueblito y diversos otros campamentos aún siguen esperando".

Asegura que todavía no se produce el cierre definitivo en su comuna, pues hay gestiones pendientes para la entrega de subsidios. De todas formas, comenta, "el actual subsidio como solución habitacional es aún insuficiente debido a que el valor de la vivienda ha aumentado en forma gigantesca, lo cual dificulta aún más el acceso a la vivienda".

Añade que no existe ninguna política habitacional permanente de ayuda social para tomas y campamentos, lo cual ha llevado a que los municipios asuman esa responsabilidad.

La directora regional de Techo plantea que el desafío es gigante porque el número de familias que llega a tomas está creciendo. "Lo que vemos es que el campamento hoy es algo visible y que está muy relacionado con las miles de familias que viven en la exclusión habitacional en la ciudad. Si no trabajamos el problema de quienes viven de allegados o viven hacinados, que son más de 500 mil familias, jamás vamos a poder terminar con los campamentos, porque la familia que vive de allegada, hacinada o pagando un arriendo abusivo es la que llega a vivir a campamento. Sin trabajar esto jamás vamos a terminar con los campamentos", remarca Lazcano.

Abudoj comparte el diagnóstico de Techo y afirma que "se requiere que la postulación a los subsidios sea más flexible, es decir, que haya un apoyo más universal pero proporcional a la necesidad de la familia, que la respuesta del Estado frente a situaciones coyunturales sea más rápida, como lo hicimos con el subsidio de arriendo especial covid".

Suma que de todas formas se han implementado algunas mejoras, como el trabajo focalizado con asentamientos ubicados en zonas de riesgo, el plan de habitabilidad primaria para mejorar las condiciones mientras se concreta la solución definitiva y la intervención de Fosis, que apunta al fortalecimiento de la vida en comunidad y a la identificación de apoyos que se puedan prestar. Estos dos últimos empezaron a aplicarse este año.

Los pendientes

El seremi Abudoj dice que permanentemente se está actualizando el catastro de campamentos. Los municipios postulan a los asentamientos que cumplen con ciertas características y luego se hace un diagnóstico, el que determina si ingresa o no.

El alcalde Chamorro expone que ese proceso ya está en marcha en su comuna. "Una vez que termine el proceso esperamos que se realice la declaración de campamento a quienes califiquen con el perfil para poder avanzar en la solución habitacional de esas familias, no obstante, es necesario reiterar que el monto del subsidio especialmente en este momento sigue siendo insuficiente", complementa.

Quienes también quieren ingresar al listado son los vecinos de El Renuevo, ubicado en San Pedro de la Paz. Evelyn Cheuquelén, presidenta del comité de vivienda que crearon parte de las 116 familias instaladas en Caleta Alto del Rey, expone que el municipio presentó los antecedentes al Ministerio de Vivienda. También han tenido contacto con Serviu y la Seremi de Vivienda, así que esperan avanzar en una solución.

Por lo pronto han hecho mejoras en el terreno, aunque el acceso a servicios básicos es complejo porque ya no tienen conexión al agua potable y quienes han hecho punteras obtienen líquido contaminado.

En marzo de 2021 cumplirán tres años en el terreno tomado. Y, aunque no exigen una solución inmediata, quiere que la espera sea menor a los ocho años promedio que, como reconoce el seremi de Vivienda, le toma a una familia de campamentos abandonar esa condición.