Por Karlyng Silva Leal

Por un nuevo periodo de 15 días fue aprobada la extensión del estado de excepción constitucional para cuatro provincias de la Macrozona Sur, medida decretada por el Presidente Sebastián Piñera que se extenderá en definitiva por 75 días desde su inicio, el 13 de octubre de este año. En este sentido, los diputados de la Región del Biobío han mantenido sus posturas frente al tema, las que también se proyectan ante la posibilidad de establecer esta medida excepcional durante un periodo incluso superior a los 30 días.

El Senado respaldó ayer por 16 votos a favor, 12 en contra y una abstención la medida. Es la tercera vez que el estado de emergencia es prorrogado por el Gobierno con acuerdo del Congreso, lo que respalda que se mantenga la presencia de las Fuerzas Armadas por posibles hechos de violencia rural en las provincias de Biobío y Arauco, en la Región del Biobío, y en las de Malleco y Cautín en La Araucanía.

Al respecto, desde el oficialismo se mostraron a favor de crear una reforma para extender el periodo de vigencia, mientras que desde la oposición se fundamenta que la presencia militar no solucionaría los problemas de fondo.

El ministro de Defensa, Baldo Prokurica, indicó ayer en su intervención en el Senado que hasta el día 6 de diciembre en la región del Biobío, a cargo de la Jefatura de la Defensa Nacional, se habían realizado desde el inicio del estado de excepción 525 patrullajes terrestres, 84 marítimos, 94 aéreos, 178 operativos militares y 525 patrullajes mixtos, mientras que en materia de atentados se registraron 13 y la detención de 191 personas.

DIFERENCIAS

La Diputada Francesca Muñoz (RN) ha votado durante las últimas tres instancias a favor de la medida e indicó que su fundamento se basa en que el estado de excepción en ambas regiones ha ayudado a disminuir los actos de violencia en la zona y su afectación tanto a civiles, organizaciones, infraestructura y la propiedad privada. "Esto se reafirma con la consulta ciudadana llevada a cabo hace poco en la Araucanía, donde más del 80% está de acuerdo con la extensión de la medida y que ha aportado a traer algo más de seguridad a las personas", agregó.

Por su parte, el diputado Enrique van Rysselberghe (UDI) sostuvo que "esta medida no sólo ha resultado eficaz mitigando en forma importante los actos de terrorismo en la Macrozona Sur, sino que también ha disminuido los atentados y ha logrado que las propias organizaciones criminales hayan declarado en la clandestinidad, como buenos cobardes que son, que han iniciado una fase de repliegue".

No obstante, desde la oposición se apunta a la medida como una forma errónea que no soluciona los problemas de fondo del territorio. La diputada Joanna Pérez (DC), quien se ha abstenido en las votaciones, indicó que no está de acuerdo con transmitir a la zona "una sensación falsa de seguridad, aquí no solo se necesita restablecer el Estado de derecho y el Gobierno trabaja de forma no integral, porque solamente ve un espacio que es militarizar la zona, pero no instalando ninguna estrategia como solicité en la comisión de Gobierno hace más de 2 o 3 años".

En la misma línea, el diputado Félix González (PEV) indicó que se trataría de una medida equivocada que no resuelve uno de los principales problemas en cuanto a inteligencia y criticó los resultados en cuanto a detenciones apuntando a que no se puede ver como un indicador de éxito en cuanto no tienen directa relación con los hechos de violencia que ocurren en la zona. Además, ante los hechos que continúan en investigación sobre la muerte de una persona y otras que terminaron heridas, González sostuvo que la presencia militar genera "un riesgo latente" y que además expone a los infantes de Marina a situaciones límite.

Al respecto, el diputado Gastón Saavedra (PS), apuntó que los problemas en cuanto a inteligencia para determinar a los responsables del porte de armas de guerra en la zona no se están haciendo de forma eficiente. "Hay una parte que nos falta por enfrentar -inteligencia- y la otra es abrir definitivamente el capítulo de diálogo, por la paz en el reencuentro con nuestros pueblos originarios, pero al mismo tiempo por el progreso y bienestar de ellos", agregó.

POSIBLE REFORMA DE PLAZO

Tras la votación favorable de la Cámara de Diputados sobre el estado de excepción, el Ministro del Interior, Rodrigo Delgado, manifestó que el Gobierno estaría a favor de una eventual reforma para aumentar el plazo de las prórrogas de 15 a al menos 30 días. Mientras que los diputados González y Pérez se mostraron en contra de una discusión de estas características, los parlamentarios oficialistas se manifestaron a favor.

Van Rysselberghe indicó que "No sólo estoy de acuerdo en que este estado de emergencia se debe establecer por 45 o 60 días, sino que también le entregaría esa facultad al Congreso para que con quórum importante de aprobación se le pueda exigir al Presidente de la República que decrete estado de emergencia en cualquier lugar del país que sea necesario".

Y por su parte, la diputada Muñoz indicó que "la reforma constitucional para que se prorrogue hasta por 30 días el estado de excepción, de forma transitoria y excepcional para la Macrozona Sur permitirá mayor planificación y coordinación de las Fuerzas Armadas y Carabineros".

525 patrullajes mixtos se han realizado en la zona desde el inicio del estado de excepción, según datos del Ministerio de Defensa.

13 de octubre se inició la medida en las cuatro provincias y tuvo una primera extensión por parte del Ejecutivo.

A través de una acción de amparo, la Defensoría Penal Pública logró la reprogramación de la audiencia de preparación de juicio oral por los destrozos realizados a la Universidad de Concepción durante incidentes en febrero y marzo de 2020.

De esta forma la Corte de Apelaciones penquista determinó que la instancia para todos los imputados se realizará este 21 de diciembre y descartando la primera fecha fijada por el Tribunal de Garantía de Concepción para el 8 de junio de 2022.

El defensor penal juvenil Felipe Martínez presentó una acción de amparo en favor de los cuatro menores de edad que representa en la causa, argumentando que el plazo establecido para la audiencia vulnera los principios, derechos y garantías que establece la Ley para los menores imputados, lo cual fue acogido por el tribunal.

En este sentido, el fallo de la corte estableció que la fecha inicialmente fijada vulnera las garantías establecidas en la Constitución, tratados internacionales vigentes y que "afecta al derecho de la libertad personal y seguridad individual de los amparados, tratándose de adolescentes que se han visto privados parcialmente de su libertad personal y ahora sometidos a una cautelar de menor intensidad. por lo que el excesivo plazo importa una afectación de sus derechos que deviene en una ilegalidad que debe ser corregida".

NORMATIVAS

El defensor se mostró conforme con la decisión de la Corte pues indicó que se tomaron todos los argumentos de la defensa "fundamentalmente que no por un tema administrativo se pueden pasar a llevar las normas y derechos que prevalecen en este caso tratándose de menores de edad de acuerdo con la normativa internacional y particularmente de la Ley de Responsabilidad Penal Adolescente. Así que estamos muy conformes con la resolución que reprogramó la audiencia para 15 días más".

La causa penal tiene relación con una serie de hechos delictivos que ocurrieron en Concepción entre el 7 de febrero y el 6 de marzo de 2020, tras los cuales la Universidad de Concepción presentó una querella contra quienes resultaran responsables. En septiembre del año pasado, tras varios meses de investigación de la Fiscalía, fueron detenido los cuatro menores amparados en el recurso presentado por la Defensoría, además de otras ocho personas, mayores de edad, todos quienes fueron imputados por delitos como daños a monumentos nacionales, robo con fuerza, incendio y desórdenes.

La audiencia se realizará dentro de 15 días para todos los imputados, que son cuatro menores de edad y ocho personas adultas.

Por su responsabilidad en un total de 20 delitos, cometidos principalmente entre junio de 2020 y mediados de 2021, fueron formalizados cuatro miembros de una banda delictual que estafaba mediante compras fraudulentas de diversos artículos en el Gran Concepción.

La investigación de la Unidad de Análisis Criminal de la Fiscalía Regional del Biobío, y la Brigada de Delitos Económicos (Bridec), de la PDI de Concepción, detectó que varias personas habían sido contactadas por sujetos que ofrecían comprarles sus especies, afirmando, en varios de los casos, que buscaban un regalo para un supuesto hijo.

El fiscal Víctor Castro explicó que los imputados actuaban concertadamente para montar un modus operandi que incluía la búsqueda de víctimas en portales de comercio electrónico y redes sociales, con un especial énfasis en ventas de teléfonos celulares de alta gama u otros artículos tecnológicos, como consolas de juego y notebooks. Cuando se encontraban para revisar el producto, le decían a la víctima que se depositaría de inmediato el dinero, lo que se hacía con cheques robados o la técnica del "sobre vacío", enviando luego un comprobante del depósito.

En todos los casos, tras ver el comprobante, los afectados entregaron las especies a los imputados, para luego constatar que el depósito era fraudulento.

La Fiscalía señaló que la investigación desarrollada junto a la BRIDEC ha permitido establecer, la participación de los imputados, quienes tienen entre 18 y 25 años de edad, en un total de 12 delitos, perpetrados en las comunas de Concepción, Chiguayante y Hualpén, entre otros puntos de la zona, llegando a obtener especies por un valor cercano a los $10 millones.