Mauricio Daza Carrasco luce con orgullo en la solapa una bandera de Magallanes. Este abogado (48) llegó a la Convención Constitucional representando al distrito 28 por Regionalismo Ciudadano Independiente y al interior del organismo que está redactando la nueva Constitución se incorporó al colectivo Independientes por una Nueva Constitución, donde se está preparando una propuesta de descentralización que comenzará a ser socializada esta semana en algunas regiones.

Daza, junto a Tammy Pustilnick, también elegida como independiente en el Biobío, y Helmuth Martínez (ex Lista del Pueblo), de La Araucanía, han avanzado en un concepto que esperan incorporar a la nueva Carta Fundamental: Estado regional, una estructura administrativa a medio camino entre un estado federal y el centralismo reinante hoy en Chile.

-¿Qué es un Estado regional?

-Queremos avanzar en darle mayor autonomía a los gobiernos regionales con la posibilidad de que puedan diseñar e implementar políticas públicas que tengan una conexión concreta con la realidad de las comunidades en y sus territorios en todo el país. Para estos efectos, proponemos que en el contexto de un estado unitario podamos mirar modelos que han funcionado en el ámbito internacional para lograr esos objetivos. Esto a nuestro juicio puede concretarse a partir de idea del estado regional, el cual consiste en una forma de gobierno en que básicamente lo que hace es entregarles amplias facultades administrativas y políticas a las autoridades electas de carácter regional y además entregarles una seguridad financiera para que efectivamente esas políticas que se diseñen e implementen en cada una de las regiones cuenten con ese respaldo.

-Sin presupuesto no hay descentralización.

-Absolutamente, y por lo tanto tenemos que entregar mayores atribuciones, pero además esa seguridad financiera. Ahora, esto también involucra mayores niveles de participación y control ciudadano sobre las autoridades, porque una de las cosas que uno observa es que cuando se entregan atribuciones importantes a autoridades locales y regionales, sobre todo en aquellas que son más extremas o aisladas, pueden producirse fenómenos de caudillismo que finalmente generan una situación de problemas en cuanto a los estándares democráticos con los cuales tiene que funcionar la gestión del Estado. Lo que estamos proponiendo es que sean las unidades territoriales las que puedan definir su vocación de futuro a través de procesos que sean participativos y que aquello defina un marco dentro del cual la autoridad regional y comunal diseñe estas políticas públicas. Siempre coloco un ejemplo de la región que represento, que es la de Magallanes y Antártica Chilena. Si tengo la provincia de Última Esperanza le vamos a preguntar a la comunidad cómo proyectan su futuro, cuál es la visión que tienen de su desarrollo. Probablemente esta comunidad en concreto diría turismo y conservación. Lo que va a definir entonces ese marco es que las políticas que se vayan diseñando sean concordantes con esa determinación. Esta es una idea que se ha concretado en Italia, España, Portugal, que tienen modelos de estado regional. Lo importante es que tenemos que adaptarlo a nuestra realidad, a la situación económica y social de todas nuestras regiones.

-¿Y por qué no un estado federal?

-El problema del federalismo es que involucraría que tuviéramos que generar poderes legislativos y judicial en cada una de nuestras regiones, lo que implica un gasto importante. Pero también tiene que ver con la situación desequilibrada que se da en nuestro país en cuanto a las actividades económicas. Todos sabemos que en Chile gran parte de esos recursos vienen de la minería que está concentrada en el norte grande. Entonces tenemos que generar mecanismos a partir de los cuales podamos nivelar la situación de nuestras regiones. Si establecemos ahora un estado federal vamos a consolidar y profundizar esta situación en desmedro que de algunas regiones.

-Se ha hablado de autonomía administrativa, política y fiscal. ¿Cómo se expresa?

-En el fondo lo político y administrativo se vincula con la posibilidad de diseñar políticas públicas, eso es clave desde el punto de vista político. Diseñar por ejemplo en materias que han sido relevantes como la salud. Una de las cosas que más se ha criticado respecto de la reacción del gobierno centralizado de las medidas contra el covid es que no se relacionaban con cuál era la realidad que se veía de los territorios. Es muy distinto aplicar medidas de protección en Puerto Natales que en Arica o Alto Hospicio. La idea es que la política en este ámbito, en salud, educación, se pueda definir a partir de la autoridad regional. Lo administrativo tiene que ver con la posibilidad de implementar esas políticas. Esto se vincula con la labor que ahora tienen las seremis, que responden al gobierno central. Con este cambio tendrían que responder más bien al gobierno regional. Respecto de la autonomía fiscal, es la posibilidad de que dentro de un determinado marco presupuestario, que tiene que fijarse a partir de criterios que vayan más allá de la ley anual de presupuesto, para dar una seguridad en la proyección de estas materias a las regiones, exista la posibilidad de definir en qué se gasta. Ahora, hay ciertas cosas que estamos discutiendo porque en estos modelos comparados, por ejemplo, se permite que los gobiernos regionales decidan ciertas cargas tributarias que se apliquen en el territorio que administran y eso habrá que definirlo. A mí me parece que en principio establecer las normas vinculadas con la fijación de impuestos, ya sea regionales o locales, debe ser a partir de una ley nacional, porque si no puede generar una disparidad muy grande y también abusos.

-Las regiones mineras siempre han reclamado que los impuestos debieran quedarse en su zona. Pero esto podría generar más inequidad.

-Es un tema complicado, sobre todo para las regiones que recaudan gran parte de los recursos que recibe el Estado. Este es un reclamo de siempre y en cierta medida con algo de razón de aquellas zonas en que tienen actividades mineras. Sin embargo, hay que matizarlo. Efectivamente, creo que una parte relevante de los recursos que se generan en una región debieran quedarse ahí y ser administrados en la misma. Pero hay que buscar un equilibrio porque hay algunas zonas que están más rezagadas. No es lo mismo la situación que vive por ejemplo Aysén o Antofagasta o Santiago, entonces tenemos que buscar un desarrollo que sea más armónico. Pero acá también hay algo importante y que se vincula con uno de los reclamos más sentidos de las regiones y que se ha resumido en las zonas de sacrificio. Los proyectos que se instalan en nuestras regiones y que muchas veces generan un pasivo social muy relevante, han sido definidos sin la participación local. Esto es muy importante, porque los que se quedan con estos pasivos medioambientales y sociales son precisamente las comunidades que están desplegadas en esos territorios. Bajo este modelo eso ya no podría concretarse. Ahora, nosotros paralelamente, y también vinculándolo con lo que estamos conversando, estamos proponiendo la creación de un órgano autónomo de rango constitucional que reemplace al Servicio de Evaluación Ambiental y la Superintendencia de Medio Ambiente, que en el fondo las agrupe pero que permita una evaluación y fiscalización ambiental de proyectos que sea autónoma y que no dependa de una autoridad elegida por el gobierno de turno; pero que por sobre todo se dé en un marco de participación efectiva de las comunidades y vuelvo a uno de los pilares de esta idea, donde son las comunidades las que deciden la vocación de futuro.

Porque esto también se expresa en lo que se ha denominado el manejo integrado de cuencas y el ordenamiento territorial, que precisamente permite que las comunidades puedan definir este marco dentro del cual se van a poder desarrollar actividades en un territorio y esto se va a conocer de una manera anticipada a que determinados proyectos ingresen a evaluación ambiental. Para ponerlo de alguna forma, si en la provincia de Última Esperanza se ha definido una vocación hacia la conservación y el turismo, el titular de un determinado proyecto va a saber a priori que en ese lugar no se va a poder llevar a cabo. Eso va a generar algo positivo, porque seguramente la conflictividad ambiental va a bajar. Las personas que quieran van a tener claro en qué lugares los pueden desarrollar y en cuáles no y eso también es una definición que va a estar dada en un marco que va a estar definido de manera participativa por la ciudadanía.

-¿Está dentro de las propuestas tener territorios con autonomía para los pueblos originarios?

-Sí, está dentro de este ámbito. Sin embargo, esto es bien importante, porque existen límites respecto de esta "autonomía" que podría dársele a una unidad territorial relacionada con un pueblo originario. Esto se vincula con que deben ser parte del Estado de Chile. No pueden dar pie a ningún reclamo de secesión de un determinado territorio y además deben estar sometidos a las leyes generales de la República. Así que podrían establecerse mecanismos o ciertas zonas como lo que se da en España, hay experiencia en Nueva Zelanda, incluso en Estados Unidos, donde se les puede entregar ciertos niveles de potestades en cuanto a la administración política o más bien a la gestión política y administrativa de un área del territorio, pero sin que se concreten estos temores que siempre se dan cuando uno habla de estas materias. Lo primero que surge es el temor de decir "oye, acá estamos empezando a abrir las puertas para que exista una división del país, para que exista un ánimo de secesión de algunos grupos, especialmente de los pueblos originarios". La idea establecer este marco, pero sin abrir las puertas para aquello.

-¿Más o menos regiones?

-La verdad es que una materia que le estamos dejando a la ley, porque involucra muchos factores que no vamos a poder abordar en siete meses que es lo que nos queda para hacer esta propuesta y muchas veces las constituciones no entran en esa materia. También por razones prácticas, porque la idea es darle un espacio al legislador bajo reglas que sean menos estrictas para el debate y aprobación de disposiciones sobre la división político-administrativa del país que aquellas que se establecerían o definirían para una reforma constitucional. Nuestra Constitución debe ser más bien breve, pero clara de cuál será la estructura a partir de la cual se va a organizar el Estado.

-¿Hay transversalidad en su propuesta dentro de la Convención?

-Si no descentralizamos en esta Constitución, vamos a tener 40 años más de lo mismo. No hay ninguna excusa para que no lo hagamos ahora y, por lo tanto, la responsabilidad es muy grande, sobre todo para los que representamos a las regiones. El problema es que el centralismo no solamente es una visión de una forma en la que se ejerce el poder por el Estado, sino que es una cultura. Es muy difícil hacer entender a muchos convencionales acerca de estas iniciativas que les entregan mucho poder a las autoridades locales y regionales. Pero diría que en general la primera aproximación es que los que representamos a las regiones somos la inmensa mayoría de la Convención y esto debiese tener un apoyo. El problema es que muchas veces hay que recordar que el centralismo es un fenómeno que se da respecto a la manera en que se gestiona el poder en Chile y que está muy vinculado a grupos económicos que están muy concentrados y que están instalados en los grandes centros urbanos. Entonces, hay que remecer un poco las conciencias, generar apertura de mente e ir más allá de lo meramente formativo y enfrentar esta cultura del centralismo que está muy arraigada en el país.