Por Agencias

La mayoría conservadora en el Tribunal Supremo de Estados Unidos, equivalente a nuestra Corte Suprema en Chile, demostró ayer que se inclina a favor de imponer nuevos límites al derecho al aborto en el país, pero no aclaró si llegará al punto de derogar el precedente que legalizó esa práctica en 1973, como pidió ayer el estado de Misisipi.

La Suprema escuchó argumentos en un caso que no decidirá hasta 2022 -máximo a principios de julio- y que gira en torno a una ley de Misisipi que prohibiría el aborto a partir de las 15 semanas en ese estado, donde solo queda una clínica que ofrece ese servicio.

La bancada conservadora de la Corte, formada por seis de los nueve jueces de la Suprema, dio señales de que planea respaldar la legislación del estado, lo que implicaría modificar los parámetros en los que es legal acceder al aborto en Estados Unidos.

¿LÍMITE A LAS 15 SEMANAS?

El juez que preside la corte, John Roberts, opinó que reducir el límite en el que el aborto es legal en Estados Unidos a las 15 semanas de gestación que propone Misisipi "no es una diferencia muy drástica" respecto a la situación actual.

Desde que la Suprema legalizó el aborto en 1973 con su decisión "Roe versus Wade", esa práctica se ha permitido en Estados Unidos hasta el momento de "viabilidad" del feto fuera del vientre materno, un límite que ahora está en torno a las 23 o 24 semanas de embarazo.

El debate en la audiencia giró en torno a dos posibilidades: la de eliminar ese estándar de "viabilidad" y establecer otro límite para el derecho a abortar, y la de derogar directamente la decisión de 1973, lo que permitiría que cada estado prohíba o permita a su antojo la interrupción voluntaria del embarazo.

El estado de Misisipi pidió abiertamente durante la audiencia de ayer que los magistrados opten por esa segunda opción, y les suplicó que también anulen otra decisión de 1992, conocida como "Planned Parenthood versus Casey" y que reforzó el precedente de 1973.

"(Esas decisiones) no tienen cabida en nuestra historia o nuestras tradiciones. Han dañado el proceso democrático. Envenenan la ley", opinó el procurador general de Misisipi, Scott Stewart.

EFECTOS "GRAVES"

Acabar con esos precedentes es, desde hace una década, la meta de varios estados conservadores que han aprobado cientos de restricciones al aborto contrarias a los parámetros de 1973 con el objetivo explícito de que la Suprema aceptara pronunciarse sobre alguna y derogara "Roe versus Wade".

Si se anula del todo ese precedente, se espera que alrededor de la mitad de los estados del país tomen medidas para vetar el aborto.

Eso implicaría que aproximadamente la mitad de las mujeres en edad reproductiva de Estados Unidos, unos 36 millones, se quedarían sin acceso a ese servicio en el territorio donde viven, según cálculos de Planned Parenthood, la mayor red de clínicas de salud reproductiva del país.

RESPUESTA DEL GOBIERNO

"Los efectos en el mundo real de derogar 'Roe' y 'Casey' serían graves e inmediatos", advirtió durante la audiencia la procuradora general de Estados Unidos, Elizabeth Prelogar, que habló en nombre del Gobierno del presidente Joe Biden.

Prelogar pidió respetar el precedente marcado por la propia Suprema y opinó que esa corte "nunca ha revocado un derecho tan fundamental" para los estadounidenses como es la libertad de abortar, argumento de los magistrados progresistas (ver recuadro).

La única clínica que aún practica abortos en Misisipi estuvo representada en la audiencia por Julie Rikelman, una abogada del Centro de Derechos Reproductivos (CRR), quien advirtió que eliminar la garantía de poder abortar a nivel nacional "supondrá un retroceso para las mujeres".

LAS OPCIONES

Uno de los jueces más conservadores de la Corte, Samuel Alito, opinó que "las únicas opciones reales" que tiene la Suprema son mantener en pie la decisión de 1973 o derogarla, idea que contradice la postura del presidente de la corte, John Roberts.

Ese magistrado expresó su inclinación por encontrar un punto medio y aplicar a nivel nacional el límite para abortar de 15 semanas de gestación que propuso Misisipi, pero no está claro si logrará convencer al resto de los jueces conservadores de que apoyen esa idea.

LO QUE ESTÁ EN JUEGO PARA JUEZA PROGRESISTA

Los tres jueces progresistas del tribunal advirtieron que, históricamente, la Suprema no ha derogado sus propios precedentes salvo en situaciones excepcionales, y siempre basándose en principios legales, no políticos. La jueza Sonia Sotomayor recordó que Misisipi decidió pedir el final de "Roe versus Wade" por el simple hecho de que "hay nuevos magistrados" en la Suprema, porque el año pasado se amplió a seis la mayoría conservadora de la Corte. "¿Sobrevivirá esta institución al hedor que esto crea en la percepción del público, de que la Constitución y su lectura son simplemente actos políticos?", planteó Sotomayor, quien pidió atenerse a lo que se decidió hace medio siglo.

El primer caso de la variante ómicron en su territorio confirmó ayer Estados Unidos, contagio que fue detectado en California.

La información la entregó desde la Casa Blanca el principal epidemiólogo del Gobierno estadounidense, Anthony Fauci: "Sabíamos que era cuestión de tiempo que el primer caso de ómicron fuera detectado en EE.UU.".

La autoridad sanitaria explicó en una conferencia de prensa que se trata de un individuo que regresó al país el 22 de noviembre procedente de Sudáfrica, quien dio positivo de covid-19 el día 29.

"El individuo estaba totalmente vacunado y ha experimentado síntomas leves, que están mejorando", dijo Fauci, quien añadió que presumiblemente el paciente no había recibido aún la dosis de refuerzo.

El médico informó que la persona está haciendo su cuarentena en casa y que todos sus contactos estrechos habían sido notificados, exhibiendo un resultado negativo en el test de covid. La secuenciación genómica del caso fue llevada a cabo por la Universidad de California, en San Francisco.

Ante la expansión de ómicron, el Gobierno de Joe Biden, planea promulgar reglas más estrictas, tanto para todos los viajeros que lleguen al país como para los ciudadanos que regresen, exigiendo a todos los que ingresen un test un día antes de abordar su vuelo, independientemente de su estado de vacunación o país de salida.

TRES EN BRASIL

En tanto, el martes se detectaron los dos primeros casos positivos de la nueva variante ómicron en Brasil, que además representan los primeros afectados con la cepa multimutante en América Latina.

Se trata de un hombre de 41 años y una mujer de 37; misioneros brasileños residentes en Sudáfrica que estaban de visita en su país. La pareja había llegado a Sao Paulo el 23 de noviembre y dio positivo dos días después.

Ayer se confirmó en la ciudad paulista un tercer caso, que corresponde a un joven de 29 años procedente de Etiopía.

Asimismo, la irrupción de la nueva variante ha provocado la cancelación de las fiestas públicas de Año Nuevo en más de una decena de capitales regionales de Brasil. Incluso en los últimos días alcaldes de al menos 12 de las 27 capitales del país, entre ellas Salvador y Fortaleza, anunciaron la cancelación de los eventos y conciertos que tenían programados para recibir 2022.

No obstante, las ciudades de Río de Janeiro y Sao Paulo, hasta ayer, mantenían la idea de celebrar la Nochevieja.

DE PERÚ A JAPÓN

Por su parte, un viajero peruano que había pasado previamente por Brasil, fue detectado ayer al arribar a Japón.

Según informó el director del Centro Nacional de Epidemiología del Ministerio de Salud de Perú, César Munayco, hasta anoche no se había logrado determinar si el paciente se contagió en Perú o en Brasil, por lo que se estaba intentando identificar a los contactos que tuvo en los días previos.

El paciente, que se encuentra aislado en unas instalaciones médicas niponas, es el segundo caso de la variante ómicron pesquisada en Japón, tras identificar previamente a un turista de Namibia, en África.

Finalmente, la Organización Mundial de la Salud (OMS) intentó ayer tranquilizar al mundo frente al surgimiento de ómicron, y recordó que la variante delta aún representa más del 99 % de casos de covid-19 en todo el orbe, por lo que "no hay que alarmarse"con ómicron ni relajarse frente a delta".

OMS: RESPALDO UNÁNIME PARA QUE NEGOCIE TRATADO

La OMS aprobó ayer la creación de un instrumento legal internacional, que se negociará en 2022, para preparar al mundo frente a futuras pandemias. La convención o acuerdo resultante, deberá contener buenas estrategias de preparación y respuesta de la comunidad internacional ante nuevas emergencias sanitarias globales, tras los errores cometidos en esta pandemia. Según el calendario consensuado por los 194 Estados miembros, debería quedar listo para aprobarse en 2024.

Un juez procesó ayer al expresidente argentino Mauricio Macri (2015-2019) en una causa por presunto espionaje ilegal a los familiares de la tripulación del submarino ARA "San Juan", hundido en 2017.

Martín Bava, juez federal de la localidad bonaerense de Dolores, además de procesar sin prisión preventiva al exmandatario, ordenó un embargo sobre sus bienes por unos 943.000 dólares y le prohibió salir del país y ausentarse de su domicilio por más de diez días.

En un fallo de 171 páginas, el juez resolvió procesar a Macri por encontrarlo en primera instancia "penalmente responsable del delito de realización de acciones de inteligencia prohibidas en carácter de autor, en virtud de haber posibilitado la producción de tareas de inteligencia ilegal, generado las condiciones para que se pudieran llevar a cabo, almacenado y utilizado datos sobre personas" por el solo hecho de sus acciones privadas, sus opiniones y por la actividad lícitas que desarrollaban.

También le procesó "en virtud de haber pretendido influir en la situación institucional y política del país", en concurso "con el delito de abuso de autoridad de funcionario público en carácter de autor".

La prohibición de salir del país se hará efectiva una vez que Macri, que viajó a Chile, regrese a Argentina.

El presunto espionaje, realizado entre diciembre de 2017 y finales de 2018, habría apuntado, según la investigación judicial, a obtener datos personales e información de los familiares y allegados de los 44 tripulantes del ARA "San Juan", el submarino de la Armada argentina desaparecido en noviembre de 2017 y hallado hundido un año después.

"Esas acciones buscaban influir en la situación política e institucional del país, puntualmente respecto a los reclamos que realizaban los mismos por el hundimiento del referido submarino y la consecuente muerte de sus familiares, como así también apuntaban a conocer sus actividades, los lugares donde se reunían, sus datos personales y los de su entorno", señala el auto de procesamiento.

Según el juez, "todas estas tareas de inteligencia ilegal no contaron con autorización judicial alguna ni fueron justificadas por órdenes de servicio fundadas en razones de seguridad interior o defensa nacional", sino "con el único objeto de influir en la opinión pública y en el normal desenvolvimiento de las actividades de la agenda política de ese año.