Por Karlyng Silva Leal

Dar mayor transparencia a las acciones de las Fuerzas Armadas en apoyo a las policías y conocer directamente la violencia que afecta al territorio. Estos son los objetivos que desde la coordinación regional de la Macrozona Sur apuntan como fundamento para la solicitud ingresada por el Ministerio de Defensa al Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH) en cuanto a la participación de observadores en el estado de excepción que rige para las provincias de Biobío, Arauco, Malleco y Cautín.

A través de un oficio el ministro de Defensa, Baldo Prokurica, en representación del Gobierno, solicitó al director del INDH, Sergio Mico, la colaboración de personal del organismo para observar los operativos que Carabineros y la PDI realizan con apoyo de las Fuerzas Armadas en el marco del estado de emergencia que rige desde el 13 de octubre en dos regiones del país.

Sobre esto, el coordinador regional de la Macrozona Sur, Roberto Coloma, indicó que, pese a que esta solicitud se entregó el jueves, hasta la jornada de ayer no se había recibido ningún tipo de respuesta oficial o manifestación al respecto, pero que esperan que sea una respuesta positiva.

Durante la jornada de ayer se consultó con el INDH sobre el oficio ingresado por el Ministerio de Defensa, a lo que se respondió que la medida está siendo estudiada por la corporación autónoma y que aún no existe una respuesta a la solicitud.

Además, Coloma aseguró que esta petición "tiene que ver con incorporar la mayor transparencia posible al desarrollo de las acciones que se ejecutan por las policías como por las FF.AA. bajo estado de excepción (...), y me parece conveniente que el INDH, por el contexto en que se desarrollan estas cosas, conozca la realidad que viven miles de familias que habitan la Provincia de Arauco y la Macrozona Sur, y entender la necesidad de este despliegue en la zona".

En vista de que el gobierno solicitará una nueva prórroga de la medida presidencial, esta colaboración, comentó Coloma, deberá ejecutarse en los plazos determinados por la vigencia del estado de excepción. Respecto a esto, el contralmirante Jorge Parga, jefe de la Defensa del Biobío y Arauco, aseguró que esta solicitud de extensión es una discusión y decisión política que las FF.AA. acatarán.

Resultados

Según cifras facilitadas por la coordinación regional, desde el 3 al 17 de noviembre en las cuatro provincias bajo estado de excepción se han realizado 900 operativos militares, mixtos y patrullajes, 12.132 controles, de los cuales 4.553 fueron a personas y 7.579 a vehículos, además de 38 detenciones, aumentando a 97 esta cifra durante la vigencia del estado de excepción.

Según los datos de la Macrozona, la primera semana de vigencia del estado de excepción (del 13 de octubre al 2 de noviembre) los hechos de violencia disminuyeron un 65% en relación a lo registrado antes de que se aplicara la medida. Es decir, pasaron de 6,8 a 2,4 hechos por día.

No obstante, si se toma todo el periodo de estado de excepción, la media es de 3,4 hechos diarios. Esto muestra que la mayor reducción se dio durante los primeros días de aplicación de la medida constitucional.

Al respecto, el contralmirante Jorge Parga sostuvo que "la sola presencia de las FF.AA. en apoyo a Carabineros y PDI no implica que no habrá violencia, lo que sí implica es que se ha logrado disminuir bastante la violencia, el nivel de agresividad y eso ha mejorado la calidad de vida de los ciudadanos que viven en las provincias de Biobío y Arauco".

Durante los últimos 11 días en las cuatro provincias se han incautado 49 armas de diferente tipo, así como 360 kilos de diferentes drogas y 440 plantas de cannabis, aumentando las cifras anuales de incautaciones tanto de Carabineros como de la PDI a 716 armas, 1.264 kilos de drogas y 10.685 plantas de marihuana.

INVESTIGAN SINIESTRO EN CAÑETE

Durante la madrugada de ayer dos viviendas fueron consumidas por el fuego en el sector Rinconada de la comuna de Cañete que dejó a una familia damnificada. Según detalló el delegado provincial, Mauricio Alarcón, Carabineros fue hasta el lugar determinado donde no se encontraban personas lesionadas, tampoco se encontraron panfletos que pudiesen atribuir el incendio a un hecho intencional o alusivas a alguna causa en particular.

"Es una investigación que está en pleno desarrollo. El fiscal de turno instruyó que las diligencias fueran realizadas por personal de Labocar, independiente de existir alguna intencionalidad tras ello, ya que testigos señalaron haber escuchado disparos. Manifestamos nuestra condena total y absoluto rechazo a este tipo de acciones violentas", sostuvo el delegado.

900 operativos militares mixtos y patrullajes se han realizado del 3 al 17 de noviembre en las cuatro provincias.

Las autoridades han destacado también la incautación de armas, municiones y drogas durante los operativos en el territorio.

Durante cuatro días la Comisión de Reducción de Condenas de la región del Biobío revisó un total de 458 solicitudes ingresadas por personas privadas de libertad y que actualmente se encuentran recluidas en centros penitenciarios.

El Ministro de la Corte de Apelaciones de Concepción, Gonzalo Rojas, y el seremi de justicia y Derechos Humanos, Sergio Vallejos, encabezan la comisión que se basa en la ley 19.856 que reconoce el derecho de los condenados a acceder a un sistema de reinserción social, en base a su buena conducta y comportamiento sobresaliente y que indiquen que pueden desarrollarse en el medio libre, de tal manera que los internos buscan reducir el tiempo de sus condenas.

En tanto el ministro Rojas indicó que el trabajo de la comisión consistió en considerar y reconocer los progresos de los internos que objetivamente avanzan en su reinserción social, de esta forma "cumpliendo las exigencias legales con los criterios que exige también la autoridad administrativa, sean efectivamente dignos de acceder al beneficio de reducción de condena".

Al respecto, Vallejos comentó que todos los internos tienen derecho a solicitar el beneficio pero que no todos lo podrán obtener. "La ley es estricta respecto a restringir el beneficio a determinados casos, como por ejemplo a aquellos que han sido condenados a presidio perpetuo o si la condena fue dictada considerando reincidencia o habitualidad criminal", detalló.

Además, la comisión evaluadora está integrada por un ministro del tribunal de alzada, tres jueces de letras competentes en materia criminal o miembros de un tribunal oral en lo penal, un abogado nombrado el Ministerio de Justicia y DD.HH.; así como dos peritos, un psicólogo y un asistente social nombrados por el Ministerio de Justicia.

Detectives de la Brigada Investigadora de Robos Concepción detuvo en San Pedro de la Paz a un sujeto que mantenía una orden de aprehensión por el delito de robo con intimidación ocurrido en agosto pasado en la comuna de Hualpén. Sin embargo, al realizar la detención se constató además que mantenía un cultivo "indoor" de cannabis y elementos asociados a su comercialización.

El inspector Joel Chaparro de la Biro penquista explicó que "una vez individualizado el imputado se gestionaron órdenes de detención y de entrada y registró. Al ingresar al domicilio ubicado en el sector Candelaria de San Pedro de la Paz, nos encontramos con una habitación utilizada como indoor, el cual contenía 42 plantas de marihuana de diversos tamaños, por lo que al individuo también se le detuvo por infracción flagrante a la Ley 20.000".

Según detalló el detective, en el inmueble también se encontraba la pareja del sujeto, quien estaba en otra habitación donde también se halló droga dosificada, por lo que también se le detuvo por infracción flagrante a la ley de drogas. De esta forma incautó en el procedimiento 24 gramos de marihuana a granel, elementos de dosificación, equipos alógenos, entre otros elementos de interés criminalístico.

La detención del sujeto se logró tras un trabajo investigativo conjunto del Ministerio Público y la PDI respecto a un robo ocurrido hace tres meses, en el que a la víctima se le sustrajeron diversas especies. El imputado fue puesto a disposición del Juzgado de Garantía de Talcahuano para su control de detención.